Juan Ángel Torres Castro: «¡Con las cosas de comer no s ejuega!»

La actividad política ha ido degradándose incesantemente desde los comienzos de nuestra actual democracia, asistimos a escándalos de corrupción económica, del clientelismo, del amiguismo, por consanguinidad y por afinidad, por pasar de leyes y de sentencias, de falta de vocación de hacer por los demás, y ello a cambio de asegurarse un trabajo e incluso de adquirir poder, desde incluso la juventud.

Lo que comenzó hace cuarenta años con ánimo romántico, ha pasado a un ánimo materialista con el consiguiente desinterés por los demás en beneficio personal.

En un principio, se creaban partidos políticos y se afiliaban profesionales cualificados, empresarios, funcionarios de altos niveles ganados en oposiciones. Trabajadores, pero todos con inquietudes sociales.

Ahora las personas cualificadas huyen de la política como de la peste, ahora en un porcentaje elevado se afilian desde la juventud, sin curriculum, sin haber trabajado en casi nada. Estudiando, se presentan a delegados de curso en las facultades, etc de ahí a la afiliación en las juventudes de los partidos políticos desde donde a base de medrar en numerosas ocasiones van progresando a concejales, a puestos relevantes que los partidos reservan a juventudes. Van subiendo sin haber gestionado nada en su vida, sin experiencia ni actividades en la vida civil. Otros ingresan directamente como asesores, etc.

Esa juventud, esos otros amigos de políticos, esos afiliados a los partidos políticos, familiares de políticos que sin oposición alguna son introducidos como asesores o personal laboral en la función pública, y acaban siendo el nexo causal de lo que está pasando -pocos profesionales quieren entrar ahora en política– , que por sus malas gestiones, no paran de aparecer cada día nuevos problemas, muchos creados por ellos y otros que tampoco saben atajarlos de raíz

A continuación vamos a analizar brevemente los problemas que se están creando por los políticos de las administraciones públicas a los funcionarios entre diversas administraciones por actividades descentralizadas o desconcentradas. Y lo curioso es que no se dan cuentan, y si ven los problemas los agravan, no los solucionan.

1.- El problema catalán y su deriva al conflicto de por las diferencias de retribuciones económicas de los mossos con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los políticos deberían saber que con las cosas de comer hay que tener más cuidado.

Sorprendió a toda España la información de cómo se estaba tratando en Cataluña a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Presionados en las pensiones en las que estaban alojados, echándolos por las amenazas de los separatistas, malviviendo en barcos atracados allí. Y cuando han vuelto, con algunos de los que hemos hablado nos dicen que ha sido una pesadilla como han comido y mal vivido. Y el Ministro de Interior qué, pues nada ahí sigue, le han tomado el pelo y parece que en España, en su Gobierno no existen responsabilidades políticas, y mira que el ridículo ha sido monumental, pero así va esto.

Increible pero cierto, mientras un porcentaje muy elevado de los mossos ha potenciado y saboteado las elecciones de 1 O, incumplido las órdenes judiciales, destruido documentación de la Generalidad, investigado a Policías y Guardias Civiles, para informar a la Consejería …

Resulta que los mossos cobran 34.361,80 euros y un Policía Nacional 24.512,70, o sea, los mossos con el mismo rango perciben casi un treinta por ciento más de sueldo, casi 10.000€ anuales más que un policía nacional. Pero lo más curioso es que el trabajo de los segundos es de superior ámbito territorial y funcional. Y que ha hecho el Gobierno ante esa situación? Nada. Los gobiernos de España han permitido estos agravios y para resolverlo se han tenido que tirar Policía y Guardia Civil a la calle para en manifestaciones conjuntas reivindicar los mismos derechos económicos. Se han sentado con el Ministerio y lo van a conseguir, pero en tres años, o sea otros tres años de agravios.

2 a).- La Función Pública como fuente de discordia económica y social. Los sueldos de los funcionarios de la AGE no pueden ir a remolque de los que implantan las autonomías. Es un nuevo problema.
Desde las Autonomías como es sabido se generan unos gastos de los que ya estamos hartos. Generan tal cantidad de déficit que han contribuido de forma significativa a llevar a España a la situación crítica a la que nos han llevado. Además, han arruinado a empresas que les sirven de proveedores a su costa y cobrando a los muchos meses, al año o a mas tiempo. En crisis quien puede soportar eso?. Gastan y gastan, En cuestiones de personal pagan un 25% más que la AGE a los empleados públicos. Y como era de esperar ya han comenzado las movilizaciones.
Pero la cosa nos lleva más lejos y será objeto de un estudio más adelante. Es que no paran de meter personal eventual, contratados, asesores, de crear Empresas Públicas, Organismos Autónomos, etc. etc. de 3.000.000 de empleados públicos, mas de 1.200.000 no son funcionarios de carrera, son laborales, no han conseguido su puesto de trabajo por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, previa publicidad, ni cumplido con el Estatuto de la Función Pública. No entiendo entonces para que lo promulgaron por la Ley 7/2007, de 12 de Octubre.

2 b).- Los funcionarios de prisiones, también dependientes del Ministerio de Interior, el del Sr. Zoido. Tienen también diferencias salariales con Cataluña y han pedido su equiparación, pero el Ministro Zoido, que ha aceptado negociación para Guardia Civil y Policía Nacional, dice que los Funcionarios de Prisiones no son equiparables, otro problema que supongo arreglará el mes que viene, porque ya hay convocadas movilizaciones de estos funcionarios en el próximo mes de Abril.

2 c).- Los Médicos también tienen diferencias económicas con los mismos trabajos, entre 1.000€ y más de 1.800€ mensuales, dependiendo de la Comunidad Autónoma en que trabajen según el CESM, Confederación Estatal de de Sindicatos Médicos, que ya se basa en el agravio a Guardia Civil y Policía Nacional para plantear sus reclamaciones. Pronto comenzarán los problemas con este colectivo y el CSIF que destaca que las diferencias en lo que paga la AGE y las autonomías oscila entre 1.000 y 21.000€ anuales en los mismos trabajos. También destaca que la Administración General del Estado paga a un funcionario 57 € diarios menos que la Generalidad de Cataluña y el País Vasco.

En los dos primeros meses de este año, la A.P. y Sanidad, han perdido 25.581 empleos. Así van las listas de espera y las defunciones hasta que son atendidos los pacientes de, según los políticos, la mejor sanidad del mundo. Y desde Septiembre hasta el mes pasado, solo la sanidad ha perdido 65.000 empleos, esto no lo cuenta ningún político.

Ya estamos hartos los españoles de la nueva carga que nos han echado los políticos encima, cual es la necesidad de contratar seguros de salud, contratos de sanidad privada que alivia a la sanidad pública y que en el caso de los jubilados los agrava fuertemente en detrimento de sus ingresos a los pensionistas. Las empresas médicas son un gran negocio y en expansión en la actualidad. Me pregunto si la sanidad pública es tan buena, de las dos o tres mejores del mundo, según los políticos, entonces ¿ como proliferan espectacularmente los negocios de la sanidad privada ?

2 d).- Los profesores de enseñanza no universitaria siendo un Cuerpo Nacional, con los mismos programas de oposición cobran de entre unas comunidades autónomas y otras una diferencia de 600 euros mensuales, o sea más de 7.000 euros anuales.
Ya se está estudiando en sedes sindicalistas plantear al Gobierno la equiparación de sueldos entre los funcionarios de la Administración General del Estado y los de las Comunidades Autónomas. Un funcionario de la AGE, cobra lo mismo si trabaja en Lérida o en Córdoba, pero no cobran igual los que hayan sido transferidos a la Autonomía de Cataluña o de Andalucía que es donde estaban prestando los mismos servicios si ha sido transferido y en vez de pagar el sueldo la AGE lo paga la autonomía, y de media al alza un 25 %.

Este dislate me recuerda a Magdalena Álvarez, que decía que «el dinero público no es de nadie». Los políticos de las Comunidades Autónomas supongo que están de acuerdo con el dicho, pues puestos a pagar a sus funcionarios y empleados públicos, estos ganan un 25 por ciento más que los de la Administración General del Estado, y eso que los de antes fueron todos transferido de esta a las Administraciones Autonómicas.
Según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cita de 1 de Agosto de 2017, habían 3.003.800 empleados públicos, de los que se estima que 2.000.000 eran funcionarios y el resto, más de 1.000.000 personal laboral y eventual. Ya trataré este punto próximamente.

2 e) El personal de la Administración de Justicia también está en el follón salarial que está promoviendo la clase política en la Función Pública. Diferencias salariales disparatadas que han dado lugar a organizarse sindicalmente para comenzar a presentar sus reivindicaciones salariales si no establecen una paridad, lo que tampoco llega y dará lugar a los problemas que se nos vienen encima.

2 f) Esta problemática económico-social ha llegado también al mundo de los juristas, donde cada comunidad autónoma paga a los abogados adscritos al turno de oficio distintos importes económicos por la labor que realizan en asesoramiento y defensa ante los tribunales de justicia a las personas más desfavorecidas económicamente. O sea que por un recurso, defensa de un juicio ordinario, o cualquier otro asunto, el mismo en cualquier comunidad, las retribuciones por los mismos asuntos que se regulan en el Código Civil, Código Pena, etc. devengan unos ingresos para el letrado, según pague la Comunidad Autónoma donde los devengue. Incluso diferente a lo que se devenga en las comunidades autónomas a las que no se les ha transferido estas cuestiones como por ejemplo la Comunidad de Madrid. Que tengan los políticos también cuidado con este colectivo formado en la legalidad, la igualdad y la no discriminación

Argumentos jurídicos por lo que los políticos no debían haber creado este problema a los funcionarios y también a la ciudadanía.- Nuestra Constitución configura la Organización Territorial del Estado en Administración Central, Administración Autonómica y Administración Local, y sus competencias pueden estar centralizadas, descentralizadas y desconcentradas, el artículo 103.1 de la Constitución Española, y el artículo 103.3 que la Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

El artículo 14 de la CE prohíbe la discriminación. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una sentencia del Juzgado nº 2 de Málaga por la que se condena a una empresa a pagar por daños 35.000 € a una trabajadora que cobraba menos que sus compañeros haciendo el mismo trabajo. Eso en la empresa privada, en la pública ya estamos viendo que es lo mismo y ahí no pasa nada, ¡que abuso!.
El artículo 149 de la CE se ocupa de las competencias centralizadas, el artículo 150 de las descentralizadas, que se recogen en los Estatutos Autonómicos y no son exclusivas de la Administración Central. Pero esta separación de normativa y funciones de competencia, no siempre se realizan con una separación definida, por lo que existe y es necesaria la existencia de una LEGISLACION BASICA a cargo del Estado, lo que provoca enfrentamientos entre Autonomías y Estado. Y en reiteradas ocasiones la intervención del Tribunal Constitucional, (Profesores Muñoz Machado y, García de Enterría.

El artículo 149.1, de la Constitución dice «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias», y las relaciona, pero nada, porque algunas las transmite en parte, con los consiguientes problemas. 149.1.1ª.- «La regulación de las condiciones Básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho y en el cumplimiento de los deberes constitucionales»

La Ley 7/2007, de 12 de Abril del Estatuto Básico del Empleo Público establece las bases del régimen estatutario, destacándose en el mismo artículo 1.3-b) igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. En el 1.3.f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. 1.3-L Cooperación entre administraciones públicas en la regulación y gestión del empleo público.

El artículo 2 de esta ley impone su ámbito de aplicación, donde incluye que se aplicará a los funcionarios de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, de las Empresas Públicas, Agencias, Organismos Autónomos, y demás entidades de dcho. Público, y de las universidades públicas.
Pese al Estatuto Básico del Empleo Público, las diferencias económicas entre el personal es tan desigual que ya han comenzado los problemas de personal en la Sanidad, en las fuerzas de Seguridad, en el Magisterio de la Educación, en los funcionarios de prisiones, en los de Justicia.

Es que los políticos no están para crear problemas, sino para resolverlos.
El rebote será de perjuicio para los ciudadanos en general cuando empiecen las huelgas de los colectivos de la Función Pública.

Y es que los políticos, por lo visto, aun no han entendido que con las cosas de comer no se juega.

Córdoba, 30 de Marzo de 2.018

Juan Ángel Torres Castro, Abogado