Para entender hasta dónde llega la cara dura del vanidoso y megalómano personaje, hay que acudir al Radioaviso –del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– a Salvamento Marítimo de Lanzarote, emitido a las 18:03 el pasado 4 de agosto, en el que textualmente, se lee:
[…] «Exclusión temporal a la navegación marítima en la isla de Lanzarote hasta el 31 de agosto de 2025 por motivos de seguridad en el espacio marítimo delimitado por el trazado de las líneas A,B,C y D y la costa de Lanzarote».
España se enfrenta a una cínica paradoja insultante. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se envuelve en la bandera de un falso progresismo, en lecciones de democracia y en discursos huecos sobre libertades…, la realidad demuestra un rancio autoritarismo, de corte casi absolutista y que nada tiene que envidiar a las viejas y odiosas prácticas del franquismo que tanto dice repudiar. El último episodio de esta incoherencia ha estallado en Lanzarote, con el ya comentado radioaviso desde el Ministerio de Transportes para, así poder, garantizar la tranquilidad vacacional y el reposo del presidente y todo su clan familiar — amigos incluidos– de «bobilis bobilis» y a costa del erario público , o sea, a nuestra costa en la residencia oficial de La Mareta. ¡Al menos, Aznar y Rajoy se pagaban las vacaciones de verano de sus propios bolsillos, cosa que a toda esta democrática chusma política parece habérsele olvidado!!
En la práctica, esto significa que se impone un veto sobre aguas de uso público, afectando a los navegantes deportivos, a los pescadores profesionales y aficionados, a los operadores turísticos y a cualquier ciudadano que goza del legitimo derecho a disfrutar del mar. Una restricción que se presenta como “medida de seguridad”, pero que– en realidad– se traduce en privilegio puro y duro: el jefe del Ejecutivo coloca su descanso por encima de los derechos de millones de ciudadanos.
La ironía histórica es cruel. El propio Sánchez y sus ministros suelen recordar en mítines y entrevistas los famosos veranos interminables de Francisco Franco en Meirás, San Sebastián o A Coruña. Lo pintan como el dictador encerrado en sus residencias y blindado frente al pueblo llano. Sin embargo — conviene recordar un hecho incómodo para el actual relato progresista– ya que en sus 36 años de veraneos oficiales, Franco jamás prohibió la navegación libre en las zonas próximas a sus lugares de descanso. Ni un solo radioaviso vetó a pescadores gallegos o a regatistas vascos. Ni una orden impidió que los barcos turísticos o de recreo siguieran su curso habitual. Se podrá acusar al franquismo de lo que se quiera —y quiza razones no les falten— pero nunca de haber cerrado el mar al pueblo para proteger la siesta de un jefe de gobierno a quien tachan de «dictador».
Sánchez –el megalómano y autoproclamado demócrata– va mucho más allá. Mientras ondea al viento la bandera de la democracia y modernidad, aplica severas normas de blindaje y seguridad que rayan en lo despótico. Resulta inaudito –que en pleno siglo XXI– un Gobierno que presume de transparente, dialogante, modernista y democrático actúe con una soberbia y despotismo tan medievales. La playa, el mar y la navegación –todo bienes comunes y parte esencial de la vida económica y cultural de Canarias– quedan secuestrados por el capricho de un presidente que ha convertido La Mareta en una fortaleza medieval de uso personal y familiar.
La medida genera además un daño económico evidente. Lanzarote –depende del turismo como motor principal– y el mes de agosto es vital para la supervivencia de empresas y familias. Al limitar la navegación en una isla, se restringen todas las excursiones marítimas, deportes acuáticos, rutas pesqueras y experiencias submarinas que los visitantes buscan. Todo, por la obsesión de blindar el veraneo presidencial. Un ejemplo más de cómo este Gobierno predica justicia social mientras pisotea al pequeño trabajador y a su actividad empresarial.
El contraste con otros líderes europeos es francamente abrumador. Presidentes y primeros ministros de países democráticos disfrutan de vacaciones con medidas de seguridad discretas, sin paralizar territorios enteros. Emmanuel Macron veranea en la Costa Azul sin prohibir el tránsito marítimo. Olaf Scholz descansa en el norte de Alemania sin vetar a los navegantes del Báltico. Incluso en Estados Unidos –donde la seguridad presidencial es más extrema– las restricciones son limitadas y temporales. Solo en España un dirigente –tan «progresista» y «democratico» como él– se cree con derecho a imponer un bloqueo de semanas enteras a ese mar, que es de todos.
El episodio refleja, además el creciente abismo entre el Gobierno y los ciudadanos. Mientras –a la población se le piden sacrificios, se le imponen impuestos asfixiantes y se le exige comprensión ante cada crisis–el presidente se permite blindar su retiro estival como si fuese un monarca absolutista del siglo XVIII. La contradicción es tan ridículamente grotesca que convierte la retórica progresista en una cínica farsa. La autodenominada –“coalición de progreso”– demuestra ser, en la práctica,solo un régimen de privilegios donde las élites se protegen a sí mismas y el pueblo paga la factura.
La prohibición de circulación marítima en Lanzarote no es solo un problema de seguridad sobreactuada; es una metáfora de lo que ocurre en España, en un país en el que se cierran espacios públicos, se restringen derechos y se limitan libertades bajo el pretexto de un supuesto bien mayor. El mismo argumento con el que Franco justificó algunas de sus medidas. La diferencia es que, hoy, quienes las imponen –lo hacen bien envueltos en banderas arcoíris, bien en discursos feministas b bien en vivas proclamas ecologistas. Han cambiado el envoltorio, pero el contenido esencial es muchisimo peor.
Quizá lo más grave de todo este affaire sea la gran indiferencia institucional. Ni un solo de los 23 ministerios ha cuestionado la medida, ni una sola voz del Congreso ha alzado la mano para denunciar el abuso e, incluso, la oposición –calla o balbucea– incapaz de traducir en denuncia política lo que la ciudadanía ha percibido como un grave atropello político. Si nadie pone freno a estos excesos, se consolidará un precedente peligrosísimo: todos los espacios públicos podrán cerrarse durante semanas, cada vez que un político decida vacar o descansar en sitios exclusivos y privilegiados
Franco nunca prohibió navegar frente a sus residencias…pero Sánchez sí lo hace. Esa es la gran diferencia e incómoda comparación que desnuda al Gobierno. El “progresismo” de salón queda reducido a un disfraz que cubre un descarado y dieciochesco autoritarismo. Y mientras tanto, los ciudadanos, –que deberían ser los genuinos soberanos en una verdedera democracia– quedan varados en el puerto, contemplando impotentes cómo el mar —su mar— se convierte en el coto privado de vacaciones de un presidente que se auto proclama democrático de «izquierdas». Sánchez ha terminado por privatizar hasta el mar : el símbolo más brutal de cómo,0 el poder –en vez de servir a los ciudadanos– los encierra, los margina y los desprecia.
