"Colgados de la teta generosa del Estado son muchos los que han convertido la política, bien en un negocio que les forre el hígado, bien en una forma de vivir sin dar golpe"
La pieza, una de su ‘canelas finas’ aparece en la zona editorial de ‘El Mundo’ y no tiene desperdicio.
Titula su columna Luis Maria Anson, miembro de la Real Academia Española, con una frase reveladora: «Aguirre imparte una lección política ante el perplejo Rajoy».
Y fiel a ese arranque, Anson se dedica durante bastantes párrafos a detallar esa lección.
Por su enorme interés para todos, nos limitados a reproducir lo esencial del texto del viejo maestro de periodistas:
«Pocas personas tienen ideas tan claras en la política española como Esperanza Aguirre. Las antenas que esconde tras la gentil cabellera detectaron hace ya mucho tiempo el cabreo popular contra los abusos de la clase política».
A los españoles se les sangra a impuestos para pagar las desmesuras de una clase política y de una casta sindical singularmente voraces.
Nada nuevo bajo el sol, aunque los abusos de políticos y sindicalistas hayan alcanzado ahora cotas de muy escasos precedentes.
Durante la II República Española, un poeta independiente autor de estos versos –«Voy a cantarte un fandanguillo que te va a dejar sentao; me revienta ese morao que le han puesto al amarillo debajo del encarno»– escribió también para glosar la aparición de un nuevo partido:
«Democracia cristiana, bonito mote, nuevo grupo que intenta chupar del bote».
Colgados de la teta generosa del Estado son muchos los que han convertido la política, bien en un negocio que les forre el hígado, bien en una forma de vivir sin dar golpe.
Esperanza Aguirre ha propuesto eliminar a la mitad de los diputados de la Asamblea madrileña, lo que significa que los contribuyentes estamos pagando al menos el doble de lo que es necesario.
Según Gonzalo Suárez, padecemos 200.000 cargos políticos muchos de los cuales se regodean en la vagancia. Algunos expertos elevan la cifra a cerca de 500.000, incluidos 65.000 liberados sindicales.
«En un ayuntamiento europeo de 500.000 habitantes -se lee en el reportaje de Suárez- hay dos o tres personas cuyo cargo depende de que un partido gane las elecciones. En España, en cambio, son cientos».
Esperanza Aguirre ha dado, seguro que sin pretenderlo, una soberana lección a Mariano Rajoy. ¿Hay que hacer una política de austeridad? Empecemos por barrer la casa. Sobran 100.000 cargos públicos.
Se trata de gentes que deberían dedicarse a trabajar y producir en lugar de a vegetar. Además, a lo largo de los últimos treinta años, políticos y sindicalistas han colocado, generalmente a dedo, en las cuatro Administraciones -la central, la autonómica, la provincial y la municipal- a más de 2.000.000 de funcionarios o empleados públicos innecesarios.
En 1977, pagábamos en España a 700.000 funcionarios; ahora, a 3.200.000. En su voracidad incontenible, la clase política y la casta sindical han creado 4.000 empresas públicas, casi todas deficitarias, en las que han enchufado con suculentos sueldos e incontables prebendas a sus parientes, amiguetes y paniaguados.
Y qué decir de las asociaciones, fundaciones, instituciones y otras camelancias que viven de las subvenciones públicas. Un escándalo, en fin, un escándalo mayúsculo que provoca general indignación.
Los políticos y los sindicalistas se pasan airosamente por el arco de triunfo la irritación popular.
Víctor Lapuente, profesor del Instituto de Calidad del Gobierno de la Universidad sueca de Gotemburgo escribe:
«Antes que nada, habría que averiguar el tamaño del botín que se reparten los partidos».
No será fácil conocer las cifras reales de ese botín ni embridar a los partidos políticos y a los sindicatos, aunque personas como Esperanza Aguirre hayan tenido la valentía de denunciar el escándalo.
Si se quiere dar credibilidad a una política económicamente austera, si se quiere democratizar profundamente la vida española, el Congreso de los Diputados tendría que aprobar una ley que dijera:
«Los partidos políticos y las centrales sindicales no podrán gastar un euro más de lo que ingresan por las cuotas de sus afiliados».
Ahora el 90% de lo que derrochan procede de subvenciones directas o indirectas de las cuatro Administraciones públicas.
La verdad pura y dura es que partidos políticos y sindicatos se han convertido en un negocio.
Han puesto su interés particular por encima del interés general y carecen de límites en el despilfarro del dinero público, en la desfachatez para el derroche, en el cinismo para dilapidar los recursos de la nación.
