El abogado del yerno del Rey no descarta que su cliente tenga que embargar sus propiedades
La Fiscalía Anticorrupción, en el escrito que este miércoles ha presentado ante el juez instructor del caso Nóos para solicitar una fianza civil de casi 8,2 millones de euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y sus sociedades, apunta a «una conciencia irrefutable de las desviaciones de poder» en la actuación de las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana única y exclusivamente para beneficiar al Instituto Nóos.
Así lo pone de manifiesto el fiscal Pedro Horrach en un pormenorizado escrito de 175 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que subraya, respecto a las actuaciones investigadas, que «el ejercicio arbitrario del poder es un elemento decisivo de la actuación prevaricadora», y asevera que los convenios de colaboración suscritos entre ambas Comunidades y Nóos son «fruto de una actividad delictiva predeterminada» así como, incide, de decisiones adoptadas mediante «un ejercicio abusivo de poder».
Todo ello, afirma el fiscal, con la única finalidad de «beneficiar a una determinada entidad», en alusión a Nóos, «al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública». Unas consideraciones tras las cuales el escrito incluye un extenso desglose de todas las facturas emitidas en torno a la contratación de los distintos eventos por los que cobró el Instituto.
DECISIONES ARBITRARIAS E INJUSTAS
Tal y como precisa Horrach, los representantes de las Administraciones, en el caso de Baleares bajo el último mandato de Jaume Matas y en el de la Comunidad Valenciana con Francisco Camps como presidente, tomaron decisiones administrativas «arbitrarias e injustas», adoptadas «al margen de cualquier expediente administrativo», puesto que la apertura del preceptivo expediente «hubiera impedido u obstaculizado la consecución de la ilícita finalidad de beneficiar» a Nóos.
De esta forma, los responsables políticos pactaron de forma verbal con los representantes de Nóos la celebración de los congresos denominados Illes Balears Forum y Valencia Summit, que el Instituto comenzó a organizar y desarrollar, según el fiscal, «con anterioridad a la formalización de los propios convenios de colaboración».
En este contexto, el representante de la acusación pública asevera que
La inexistencia de los correspondientes expedientes administrativos tuvo como consecuencia directa la vulneración reiterada y flagrante de numerosas exigencias legales que debían imperativamente respetarse y que se obviaron para conseguir los ilícitos objetivos predeterminados.
Es más, el fiscal alude a la utilización «fraudulenta y deliberada» de la figura del convenio «para eludir la aplicación de la Ley de contratos del sector público», puesto que en el caso de las contrataciones investigadas «no podía legalmente utilizarse dicha figura», sino que el hecho de que Nóos participase en la organización de unos congresos y una serie de actividades colaterales a cambio de una contraprestación económica conlleva a que el objeto del acuerdo sea un contrato.
ACUERDOS «VESTIDOS»
La acusación apunta así al hecho de que las partes implicadas en los diversos acuerdos de voluntades «vistieran» los mismos «como un convenio de colaboración», que, tal y como establece la Ley, se trata de una figura que queda limitada a colaboraciones institucionales con objetivos compartidos, en las que los intereses de las partes son públicos y no se manifiesta en una contraposición de intereses, como la prestación de un servicio a cambio de una contraprestación económica.
Una consideración que el fiscal contrapone a la tesis expuesta por las defensas durante la instrucción de la causa, en la que alegan que la idea de la celebración de los congresos sobre Turismo y Deporte (las dos ediciones del Illes Balears Forum) y de los congresos sobre Ciudades y Eventos Deportivos (Valencia Summit) partía de Nóos, lo que, a juicio de los abogados, determinaba que sólo esta entidad podía ejecutar estos proyectos.
«Se olvidan de la existencia del procedimiento negociado sin publicidad», recalca el fiscal respecto a otra de las figuras de contratación a la que de forma legal podían haber acudido los imputados, haciendo hincapié además en que el Instituto «no tenía derecho exclusivo alguno respecto al Illes Balears Forum y al Valencia Summit».
DESGLOSE DE LA FIANZA
En concreto, la fianza solicitada por la Fiscalía resulta de la suma de los 1,2 millones de euros que costó el primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1,044 millones de cada una de las tres ediciones del Valencia Summit; los 380.000 del convenio entre Nóos, la Generalitat Valenciana y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana por unos Juegos Europeos que finalmente nunca llegaron a celebrarse.
Asimismo, la cifra incluye los 116.566 euros correspondientes a las prestaciones del Ibatur para la promoción del equipo ciclista Illes Balears Banesto; los 54.520 para el seguimiento de la repercusión de este equipo; los 174.000 de tres facturas para la oficina del proyecto del Illes Balears y 2,1 millones de multa (un tercio de la cantidad global, tal y como establece la Ley).
EMBARGO DE BIENES
El representante del ministerio público, según ha indicado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solicita también a Castro que ordene el embargo de los bienes de los imputados hasta alcanzar los citados 8,18 millones de euros.
Tras recibir la petición de fianza de la fiscalía, el juez José Castro ha dictado una providencia en la que da 20 días al duque de Palma y a su exsocio para que sus abogados presenten alegaciones.
Una vez estudiados el informe de la Fiscalía Anticorrupción, la petición de Manos Limpias y las alegaciones de las partes, el juez instructor decidirá si corresponde la imposición de fianza a Urdangarin y Torres y, en tal caso, si acepta la cantidad propuesta u otra inferior.
LA INFANTA CRISTINA AFECTADA
El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, considera «exagerada» la fianza que pide el fiscal de 8.189.448 euros a pagar conjuntamente con su exsocio, Diego Torres, y las empresas administradas por ambos a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados.
Entre estas empresas está la sociedad patrimonial Aizoon, propiedad de Urdangarin y de la Infanta Cristina. Desde esta entidad se desviaron también presuntamente los fondos del Instituto con facturas falsas.
En declaraciones a los medios este miércoles no ha descartado que Urdangarin tenga que embargar sus propiedades para hacer frente a la fianza por responsabilidad civil.
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