El magustrado cita a los imputados a declarar para los próximos días 1 y 2 de julio
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, a un consejero del grupo alimentario, a dos accionistas y a la compañía como persona jurídica por falsear sus cuentas anuales y utilizar información relevante.
Así consta en un auto dictado este miércoles en el que el juez Ruz cita a los imputados a declarar para los próximos días 1 y 2 de julio de 2013, se declara competente para instruir esta causa y admite parcialmente a trámite tres de las cuatro querellas presentadas contra los responsables de la empresa.
Además de Fernández de Sousa-Faro, el magistrado ha imputado al consejero Alfonso Paz-Andrade por los delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante. Este último delito también lo atribuye a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que acuerda estas diligencias a petición de la Fiscalía Anticorrupción, también rechaza en su resolución la intervención judicial de la empresa, al considerar que está siendo sometida a un proceso de administración concursal.
Pescanova amplió capital por 125 millones
El auto señala que de las querellas se desprende:
«Los administradores de Pescanova aprobaron unas cuentas anuales que no se ajustaban a la realidad y que utilizaron para dar una imagen irreal de su situación económica y patrimonial que llevó a los inversores a adquirir los paquetes de acciones de la entidad. Ni las cuentas anuales, ni los folletos informativos ni los informes financieros reflejaban la imagen fiel de Pescanova».
Ruz explica que, entre agosto de 2012 y enero de 2013, varios analistas financieros «recomendaron la inversión en esos valores atendiendo al signo positivo» de la información económica difundida por Pescanova.
Destaca en este sentido que Fernández de Sousa-Faro, el 16 de noviembre de 2012, avaló personalmente ante varios inversores las cuentas positivas de la entidad.
Dentro de este periodo de tiempo en el que se ofreció una información financiera y patrimonial irreal, Pescanova realizó entre julio y agosto de 2012 una operación de ampliación de capital mediante la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por un importe total de 124.956.741 euros.
Para realizar esta operación, la empresa remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dos documentos con el aval de Fernández de Sousa-Faro en los que se «expresaba el cumplimiento actual de todos sus compromisos financieros sin riesgo alguno de vencimiento anticipado de sus obligaciones».
Tan solo unos meses después, el 28 de febrero de 2013, Fernández de Sousa-Faro comunicó a la CNMV que existían dudas sobre la propia continuidad de la empresa y que no se iban a formular las cuentas anuales del ejercicio 2012.
Al día siguiente la empresa inició un proceso concursal para la refinanciación de su deuda bancaria.
La CNMV suspendió el 1 de marzo de 2013 la cotización de las acciones de Pescanova. Al alzarse la suspensión el día 4 de marzo, las acciones cayeron un 60%, por lo que el órgano supervisor volvió a suspender la cotización. Finalmente, el 15 de abril, Pescanova se declaró en concurso de acreedores.
Venta de acciones antes del concurso de acreedores
Ruz subraya igualmente que, según los querellantes, el presidente y varios directivos de Pescanova vendieron sus acciones de la entidad poco antes del 28 de febrero, cuando se dio a conocer al público su situación real.
Los hicieron para «evitar pérdidas en sus patrimonios personales» y siendo plenamente conscientes «de la verdadera situación económica de la entidad.
El auto señala a Fernández Sousa-Faro, al consejero de Pescanova Alfonso Paz-Andrade y a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas como las personas que vendieron sus títulos de la entidad antes de que se anunciase su complicada situación económica.
El juez indica en este sentido que el presidente de Pescanova vendió entre el 7 y el 27 de febrero 1.688.518 acciones a precio medio de 16,26 euros, lo que le supuso un ingreso de 27.459.442 euros y con lo que evitó una pérdida 15,6 millones euros.
El juez, a tenor de estas prácticas, ha imputado asimismo a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas por un delito de uso de información relevante.
Pérez-Nievas deberá declarar como imputado el 2 de julio. El magistrado ha decidido no citar por al imputado Jorge Alberto Barreras hasta que no reciba el resultado de las diligencias de investigación acordadas con respecto a este accionista.
Deloitte le sustituye como representante en filiales
Deloitte, en calidad de administrador concursal de Pescanova, ha sustituido a Manuel Fernández de Sousa como su representante en las filiales españolas en las que la multinacional pesquera ostenta el cargo de administradora única, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los administradores concursales de la firma gallega también han comunicado al organismo la revocación del poder general otorgado a Manuel Fernández de Sousa el 10 de enero de 1993.
