Por Carlos de Bustamante
(Aula de un centro educativo de Castilla y León)
Había leído la noticia pero no decía que los hechos habían ocurrido en un instituto de Castilla y León, así que al ver esta circunstancia en el artículo de Alicia Calvo en Diario de Valladolid, de El Mundo, me ha parecido que nos afecta especialmente a los castellano leoneses, a todos, porque la autoridad educativa no quiere decir dónde ha ocurrido, o sea que mis nietos también podrían estar afectados. Hay que ver. Vamos a verlo en detalle.
“El polémico -titulaba El Mundo hace unos días- cuestionario de una tutora de instituto a alumnos de 13 años: «¿No crees que es una moda ser heterosexual?», El Procurador del Común insta a Educación a «tomar medidas» ante la encuesta de una profesora de tercero de la ESO de CyL”
La pregunta que formuló la profesora en una encuesta era: «¿Cómo sabes que te gustan las personas de distinto sexo si nunca has probado con alguien de su mismo sexo?». «¿No crees que es una moda ser heterosexual?». Estas son sólo algunas de las insólitas preguntas que una tutora efectuó a menores de 13 y 14 años en clase. La escandalosa encuesta sobre la identidad sexual realizada en un instituto de Castilla y León indigna a los padres de un curso de tercero de la ESO y llega al Procurador del Común.
Efectivamente, una profesora de un centro de secundaria de la Comunidad preguntó en tutoría a sus alumnos si no creen que «ser heterosexual es una moda». Esta no sería la única sorprendente pregunta de una serie de interrogantes dirigidos a cuestionar la heterosexualidad que ha levantado ampollas en ese instituto. La docente invita además a que los escolares se planteen su heterosexualidad de un modo, como poco, excéntrico y controvertido: «¿Cómo sabes que te gustan las personas de distinto sexo si nunca has probado con alguien del mismo sexo?».
Así que el pasado 18 de agosto el Procurador del Común recibió una queja de un grupo de padres en la que relataban unos hechos sucedidos meses atrás, en el curso pasado, y el día 28 emitió una resolución ante este caso.
El autor de la queja, según lo refleja esta institución, en su escrito exponía: “Un tutora de alumnos de 13 y 14 años «les exigió responder a una serie de preguntas en un cuestionario que se iba a realizar de forma anónima, pero finalmente se obligó a los alumnos a identificar cada uno con su nombre».
El expediente revela que el cuestionario incluía otras preguntas en la misma línea, como «¿Cuándo te diste cuenta de que eras heterosexual?, ¿Estás seguro que no es una fase?, ¿Qué opinan tus padres de que seas heterosexual?, ¿Quién de tu entorno te hace sentir así?, ¿Por qué los heterosexuales hablan tanto de sus parejas?» Para rematar con otra pregunta que ahonda en la misma cuestión, la heterosexualidad, aunque dándole otra vuelta de tuerca más: «¿Te sientes atraído por cualquier persona del sexo opuesto?»
Ante los hechos relatados y tras las indagaciones oportunas, el Procurador del Común alude al artículo 18.1 de la Constitución Española que «consagra como derecho fundamental el derecho a la intimidad personal que […] salvaguarda una esfera de propia reserva personal, frente a intromisiones ilegítimas provenientes de terceros».
Con esa base y apelando también a jurisprudencia del Tribunal Constitucional, señala que en este caso se encuentra «con alumnos menores de edad, sin que conste que estos conocieran las características de la encuesta que se les pidió que cumplimentaran, ni el objeto y alcance de la misma, actuando en el ámbito de su relación de alumno con la que era su profesora, lo que habría podido limitar su libertad».
El Común aprecia que «tampoco se evidencia que los alumnos hayan dado un consentimiento expreso para revelar aspectos privados relativos a su identidad sexual y que la cumplimentación de la encuesta propiamente tuviera un fin educativo, al menos dentro del plan de acción tutorial previsto para el curso en cuestión».
Con estas bases, concluye que «puede suponer una intromisión ante un derecho irrenunciable, inalienable e imprescriptible, tal y como establece la Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».
El Defensor recuerda que es la Consejería de Educación quien debe tomar las medidas oportunas y velar por los derechos de los estudiantes. «Es la Administración, fundamentalmente a través de la Inspección educativa, a la que corresponde asegurar la garantía de los derechos de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje; debe comprobar los hechos y, en concreto, comprobar el contenido de las encuestas, si están identificados los alumnos que las realizaron, dónde están depositadas y quién está en poder de dichas encuestas, si las mismas fueron objeto de cualquier tipo de difusión y, en su caso, por quién, y determinar si pudiera haber existido la comisión de cualquier infracción que debiera ser objeto de sanción, ello tras la tramitación del correspondiente expediente», señala.
«Medidas necesarias»
El Procurador del Común exige que se devuelvan los cuestionarios a quienes los rellenaron e insta a Educación «a adoptar todas las medidas necesarias para comprobar los hechos, así como su alcance, garantizar que no se va a producir la difusión de las encuestas y que estas serán devueltas a quienes las realizaron sin perjuicio de las acciones que les pudieran corresponder en el caso de que hubieran visto afectados sus derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».
También le pide que, «en su caso, depure cuantas responsabilidades de tipo disciplinario pudieran derivarse de los mismos».
Sin respuesta del instituto
La resolución recoge que los alumnos «acudieron a la dirección del centro para mostrar su malestar tras completar los cuestionarios y que alguna o algunas familias habían tratado de recuperar los mismos, para lo cual habían acudido a la Inspección educativa y al propio centro».
Sin embargo, según el relato de quien presenta la queja, sus peticiones no fueron atendidas y ni siquiera les aclararon quién estaba en posesión de las encuestas: se encontraron «sin obtener respuesta a dicha pretensión, denunciándose que se desconocía quién custodiaba las encuestas y con qué fin».
Ante el malestar generado y la intervención de la entidad que encabeza Tomás Quintana, la Consejería informa que «la tutora del grupo de alumnos que realizó el cuestionario actualmente se encuentra de baja laboral, cubriéndose su plaza de forma temporal».
En una visita del inspector del centro, «la directora puso de manifiesto la existencia de un posible conflicto surgido a raíz de una encuesta realizada por dicha tutora».
Asegura también que desde el equipo directivo y el departamento de Orientación «se desconocía la propuesta y la realización de la encuesta», y cuando se reunieron con la docente ella se justificó arguyendo que «su intención al realizar la encuesta no era más que hacer reflexionar a los alumnos sobre el respeto hacia otras identidades sexuales».
El informe también revela que Educación tenía conocimiento del polémico cuestionario puesto que «se señala que, en el mes de junio de 2025, la madre de una de las alumnas se puso en contacto tanto con la dirección del centro como con la Inspección, manifestando su disconformidad sobre una encuesta en donde se hicieron preguntas a alumnos de 3º curso de ESO sobre su identificación o determinación sexual, sin que se hayan producido más solicitudes de aclaraciones u otras peticiones por parte de las familias».
El Defensor del Pueblo y también Comisionado de la Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, declina revelar ni siquiera la provincia en la que sucedieron los hechos, pese a extender así la sospecha sobre todos los institutos de la Comunidad.
