Por Carlos de Bustamante
(Cuadro resumen del impacto en Castilla y León del modelo propuesto por Cataluña)
Me ha parecido muy interesante el artículo que hace unos días publicaba David Alonso en El Día de Valladolid, concretamente el pasado 3 de noviembre, que recogía el Impacto en Castilla y León del modelo de financiación propuesto por Cataluña.
“Dos informes -señalaba el articulista- del IvieLAB advierten de que el sistema de ‘concierto solidario’ propuesto para Cataluña reduciría los recursos de la Comunidad entre 600 y 800 millones al año, y acabaría pagando más al Estado.
A Castilla y León le sigue sonando mal cualquier música que suene relacionada con la financiación autonómica. El caduco modelo –va ya hacia los 12 años de desfase– ya ha sido objeto de innumerables críticas desde la Comunidad por su negativo impacto al no tener en cuenta el coste real de prestar los servicios públicos, pero es que las nuevas propuestas pintan peor. Castilla y León sería una de las comunidades autónomas más perjudicadas si el modelo de financiación que plantea Cataluña se generalizara para todo el país. Y los números no hacen sino empeorar este enunciado: entre 600 y 800 millones de euros dejaría de ingresar Castilla y León cada año si se extendiera a todas las comunidades el sistema de ‘concierto solidario’ generalizado como el acordado entre PSOE y ERC en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. Cifra que supondría que la Comunidad dejase de percibir entre un 6,5 y un 8% de los recursos derivados del sistema de financiación autonómica; un modelo que ya de por sí lastra a Castilla y León bajo el prisma del reparto basado en el ‘habitante ajustado’.
Así lo reflejan dos informes publicados recientemente por IvieLAB, que calculan el impacto de un hipotético sistema de ‘concierto solidario’ generalizado, en el que cada autonomía recauda sus impuestos y entrega al Estado una cuota por los servicios comunes. Esta merma de entre 600 y 800 millones en los recursos que recibiría Castilla y León, según los investigadores, pondría en riesgo la prestación de servicios básicos en una comunidad que ya arrastra problemas financieros vinculados al coste de los servicios públicos por el envejecimiento, la despoblación y la dispersión territorial. De hecho, Castilla y León sería la segunda comunidad más perjudicada por el modelo acordado entre PSOE y ERC, solo superado por Canarias, cuyos ingresos se hundirían entre 1.500 y 1.800 millones de euros.
Castilla y León gestiona actualmente unos 9.200 millones de euros a través del sistema de financiación vigente (datos de 2023). Con el modelo catalán, su aportación al Estado –el llamado cupo– pasaría de los 5.058 millones actuales que remite al Gobierno central a entre 6.019 y 6.606 millones, dependiendo del criterio utilizado para calcularlo. Es decir, pagaría más y recibiría menos. Porque aunque el modelo de ‘cupo solidario’ incluye transferencias de solidaridad –entre 437 y 870 millones– para corregir desigualdades, similares a los actuales fondos como el de Garantía, el de Suficiencia y el de Cooperación, esas ayudas no compensarían el incremento del cupo.
Tres variables
Los dos informes del IvieLAB analizan tres posibles criterios para calcular el nuevo ‘cupo solidario’ de las autonomías. El primero, el relativo a la capacidad fiscal total, es el que más perjudica a Castilla y León, y le supondría una pérdida neta de 779 millones. El segundo, el de ‘igual presión fiscal’, apenas mejora las cosas: 791 millones menos. Solo el tercero, cuya variable central es ‘igual esfuerzo fiscal’, es más sensible al nivel de renta y al esfuerzo de los contribuyentes, y reduce el golpe a 682 millones, aunque sigue dejando a la Comunidad en negativo. Y es que, como viene reivindicando la Junta de Castilla y León y las propias Cortes autonómicas con sucesivas mociones y PNL, a pesar de que Castilla y León recibe actualmente más fondos de los que aporta y es receptora neta, lo cierto es que las cuentas siguen sin salir.
Por ello, desde la Comunidad se insiste en que el nuevo modelo de financiación que se negocie tras 12 años con uno caduco, tenga en cuenta las particularidades autonómicas: cada kilómetro de carretera, escuela o centro de salud cuesta más por habitante en Castilla y León que en una región densamente poblada. Pero aun suponiendo que se pacten mecanismos de transición, el choque para Castilla y León no es menor. Con el modelo propuesto, la financiación por habitante ajustado caería un 7%, según el IvieLAB, lo que obligaría a la Junta a recortar gasto o asumir más déficit para mantener los mismos servicios. Y es que los autores del informe alertan de que un sistema de concierto sin correcciones «agravaría las desigualdades territoriales».
Mientras, el Gobierno de España ya ha anunciado una nueva propuesta para reformar el sistema, con un borrador que plantea un cambio sustancial del modelo de financiación autonómica: en lugar de las tradicionales entregas a cuenta y liquidaciones dos años después, ofrecería a las comunidades pagos inmediatos de los impuestos compartidos –IRPF e IVA–, de modo que las autonomías reciban casi en tiempo real los ingresos.
¿Qué significa el ‘cupo’?
El cupo es la cantidad que paga una comunidad al Estado por los servicios comunes que presta el Gobierno central (defensa, relaciones exteriores, o grandes infraestructuras). Bajo el modelo actual, el cupo se calcula sobre fórmulas de recaudación y capacidad fiscal, mientras que en el modelo catalán ese pago se calcula con criterios distintos (capacidad fiscal, presión fiscal o esfuerzo fiscal) y puede variar notablemente de una comunidad a otra, cambiando quién paga más y quién queda más compensado.”
Mañueco anuncia una «batalla judicial sin precedentes» ante un acuerdo que dejaría en manos de Cataluña 55.000 millones, frente a los 8.000 que recibe la Comunidad
Como información complementaria, el artículo se remitía a varias publicaciones anteriores que habían tocado este tema. La primera ésta titulada “Mañueco anuncia una «batalla judicial sin precedentes»”.
“Las variables que rigen el actual y caducado modelo de financiación autonómica dibujaron el pasado año una diferencia en las entregas a cuenta entre Cataluña y Castilla y León cercana a los 16.000 millones de euros. Una cuantía a la que ahora podrían sumarse otros 30.000 millones más si el pacto anunciado por ERC con el PSC para investir a Salvador Illa se lleva a cabo. Al menos en los términos comunicados por los republicanos, que avanzaron la «soberanía fiscal» con una suerte de ‘Hacienda catalana’ para salir del régimen común y recaudar y gestionar desde la Generalitat la totalidad de sus impuestos: la llave de una caja con 53.500 millones de euros en 2023 y subiendo. Esto, si se compara con los 7.561 millones en entregas a cuenta que recibió Castilla y León el pasado año, multiplicaría la brecha en financiación y recursos disponibles entre ambas comunidades a 46.000 millones de euros: Casi tres veces el presupuesto de Castilla y León este año. O lo que es lo mismo, siete veces más fondos para sanidad, educación, servicios sociales, carreteras, infraestructuras…
El preacuerdo entre PSC y ERC hecho público este martes (se refiere al 30 de julio de 2024) prevé que Gobierno y Generalitat definirán el nuevo sistema de financiación «singular» para Cataluña, que supone establecer un concierto económico para esta Comunidad a cambio del apoyo a Illa. De hecho, el IRPF será el primer impuesto en el que se avance para implementar el nuevo modelo de financiación de Cataluña, cuya ejecución se asegurará a lo largo de 2026.
Es evidente que los resortes internos del modelo de financiación autonómica y la recaudación tributaria soportan un sinfín de variables, pero sirven para conocer las notables diferencias que puede generar un acuerdo contra el que Castilla y León ya se ha revuelto: «Iremos a los tribunales en una batalla judicial sin precedentes».
Ofensiva de la Junta
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasa al ataque contra un pacto para investir a Illa que tachó de «robo a Castilla y León». «Es un asalto a la caja común de España para sus pactos políticos», verbalizó el dirigente regional, que anunció que su Gobierno liderará una «batalla judicial sin precedentes» contra el acuerdo de ERC y PSC si contempla la autonomía fiscal plena en Cataluña. Una ofensiva, dijo, ante el Tribunal Constitucional, ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo «en función de quién adopte los acuerdos». Tampoco faltarán las mociones en las Cortes, ayuntamientos y diputaciones para obligar a los miembros del PSOE a posicionarse: «En Castilla y León no se les va a perdonar y vamos a obligar a todos los socialistas que tienen responsabilidades a que se pronuncien respecto a este asunto por la presentación de mociones por el asalto de Sánchez a la caja común de todos los españoles».
En la misma línea se pronunció el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que aseguró a este periódico que el pacto PSC-ERC supone «la ruptura de la igualdad entre españoles». «Es la clara visión de Sánchez de que en España hay ciudadanos de primera y de segunda», significó el también portavoz autonómico, que denunció que se trata de un acuerdo «que se ha negociado de espaldas al resto, que solo beneficia a los separatistas de Cataluña, y lo que sobre nos lo repartirán entre el resto». «Se rompe la igualdad sin transparencia», resumió Fernández Carriedo, que no oculta su «decepción» con el PSOE.
Silencio en el PSOE
Mientras, en las filas socialistas de Castilla y León guardan silencio ante este preacuerdo y ayer, solo la alcaldesa de Palencia y secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, hizo un alegato en defensa de la redistribución y solidaridad entre territorios en línea con lo expresado por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page.”
