El Real Decreto de lenguas de la LOMCE no será de aplicación en Euskadi, tras alcanzarse un acuerdo definitivo en un encuentro celebrado en Madrid entre la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, y el ministro de Educación, José Igancio Wert.
Según ha informado el Departamento vasco de Educación, el compromiso inicial que el Gobierno vasco obtuvo en la reunión del pasado 27 de marzo ha quedado plasmado en papel, después de que el Ministerio haya aceptado modificar su redacción inicial, una redacción que generaba dudas e incertidumbre sobre su aplicabilidad en Euskadi.
Tras varios encuentros en diferentes Conferencias de Educación y reuniones técnicas, esta tarde el encuentro bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco ha permitido alcanzar un acuerdo definitivo.
En la reunión, que ha tenido lugar esta tarde en la sede del Ministerio de Educación, han participado por parte del Ministerio de Educación el ministro, José Ignacio Wert, y la secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio.
La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura Cristina Uriarte, ha estado acompañada por el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, y la viceconsejera de Administración y Servicios, Olatz Garamendi.
Según el Ejecutivo vasco, la nueva redacción «deja claro que allí donde el sistema educativo prevea una oferta sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea lengua vehicular en alguna asignatura, además de en la asignatura de lengua y literatura española, no será de aplicación el citado Real Decreto». «En el sistema vasco de modelos, la existencia del modelo B, sin más, ya sería suficiente para cumplir dicho requisito», ha explicado.
El Ministerio reconoce «explícitamente, y lo hace por escrito, que el sistema de modelos vasco garantiza de forma suficiente la oferta educativa en castellano. Las consecuencias de ese hecho trasciende a los efectos que hubiera tenido el Real Decreto», ha señalado la Consejería de Educación.
«MUY POSITIVO»
El Gobierno vasco ha calificado este acuerdo de «muy positivo, en primer lugar porque la Comunidad Autónoma Vasca y su sistema educativo quedan a salvo de una de las primeras normas de desarrollo de la LOMCE».
Una ley ante la que el Gobierno vasco mantiene una «discrepancia total» con respecto a sus principios y a su articulado, cuya constitucionalidad queda «absolutamente cuestionada», motivo por el cual ha sido recurrida al Tribunal Constitucional. «Una ley que invade competencias en diferentes ámbitos, también en materia de lenguas», ha destacado.
El Ejecutivo autónomo ha valorado también que el acuerdo cerrado este viernes «es positivo porque aporta seguridad jurídica al sistema educativo vasco, dado que la redacción inicial sólo generaba incertidumbre y dudas».
En tercer lugar, ha resaltado que ahora «queda claro que el sistema educativo vasco garantiza de forma suficiente la oferta educativa en castellano».
«CRÍTICA INTERESADA»
El Gobierno vasco ha manifestado su deseo que desaparezca definitivamente la «crítica interesada de quienes han azuzado la cuestión lingüística, argumentando sin fundamento ninguno que en el sistema educativo vasco no se garantiza de forma suficiente la educación en castellano».
En este sentido, ha manifestado que «ahora es el propio Ministerio quien reconoce la postura del Gobierno vasco, y desmiente rotundamente a quienes han sostenido lo contrario».
En cuarto lugar, ha precisado que mediante este Real Decreto queda explicitado que merecerá la consideración de utilización del castellano como lengua vehicular en una proporción razonable el uso del castellano en dos asignaturas: Lengua y Literatura Española y una segunda.
En la reunión mantenida el pasado 27 de marzo entre el Ministerio y las Comunidades autónomas, la representación del Gobierno vasco defendió la necesidad de modificar la redacción, una modificación que se ha producido esta tarde. En dicho encuentro se obtuvo un compromiso inicial de reconsiderar la redacción del Real Decreto.
El Gobierno vasco ha afirmado que hubiera preferido la inclusión de una disposición adicional específica, para evitar que en caso de que el Real Decreto se aplicara en Euskadi «cosa que no va a suceder, no contraviniera el propio Concierto Económico».
En cualquier caso, mediante este acuerdo el Gobierno vasco ha destacado que logra la garantía jurídica necesaria para «impedir la aplicación del citado real Decreto en Euskadi».
