El cambio de los libros de texto, como consecuencia de la adaptación a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), enfrenta al sector editorial con asociaciones de padres, por su campaña contra la compra de nuevos materiales, y con administraciones autonómicas y el propio Ministerio de Educación, que han creado plataformas de contenidos «plagiados».
La Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Materiales de Enseñanza (ANELE) ha interpuesto un total de 14 recursos contenciosos administrativos contra el Ministerio de Educación y varias comunidades autónomas por «excederse de sus competencias» al financiar plataformas de profesores para la generar contenidos educativos, que, en algunos casos, «son plagios descarados».
En declaraciones a Europa Press el 28 de junio de 2015, el presidente de esta organización, José Moyano, explica que el departamento que dirige ahora Íñigo Méndez de Vigo liberó una partida de once millones de euros para que los docentes elaboraran contenidos curriculares «vulnerando la normativa vigente».
Asimismo, señala que el ministerio ha incurrido también en «competencia desleal», pues, según ha dicho, «no hay una necesidad de mercado ni tiene ningún sentido hacerlo en un país, como España, donde hay una potente industria editorial».
En cuanto a las administraciones educativas, como Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, entre otras, Moyano señala que hay abiertos varios contenciosos por amparar plataformas para la generación de materiales educativos, «con un grave desconocimiento de sus competencias» y en las que se lleva a cabo un «plagio descarado» de libros de texto de las editoriales.
En esta misma línea, el académico de la Real Academia Española y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado alertó sobre estas plataformas autonómicas, que «promocionan sin ninguna reserva la piratería de contenidos», durante unas jornadas celebradas la semana pasada en el Senado sobre Educación y propiedad intelectual.
«PIRATERÍA PÚBLICA»
«Hay una asombrosa piratería pública practicada por las administraciones públicas, normalmente a través de estas plataformas», denunció este académico, para añadir que con ellas, las comunidades autónomas «tratan de suplir la falta de adaptación de los libros de texto vigentes en cada comunidad a los programas impuestos por la ley general».
Muñoz Machado advirtió también sobre los intentos de varias administraciones de editar ellas mismas libros digitales «utilizando a sus propios funcionarios para facilitar, ulteriormente, de modo gratuito a los alumnos una especie de libros oficiales».
También denunció que se haya pasado de las ayudas directas a las familias para la compra de libros de texto a los sistemas de préstamo y reutilización, por parte de varias administraciones, de manera que «se produce una utilización colectiva de la obra de un autor para la que no han cedido los derechos».
CC.AA PIDEN PARAR LA LOMCE
Otra de las causas del malestar del sector editorial es el compromiso de varios de los gobiernos autonómicos surgidos tras las elecciones del pasado 24 de mayo de parar la implantación de la LOMCE o de minimizar los efectos de su aplicación, pues este escenario genera «incertidumbre» en el profesorado, que es el que elige los materiales a seguir el curso que viene.
Los editores advierten de que las recomendaciones, orientaciones, instrucciones y normativa autonómica que se adopte con finalidad de impedir el cambio de libros de texto por otros adaptados a los nuevos currículos LOMCE, o las decisiones de no autorizar el cambio de materiales, «podrían incurrir en una vulneración de la legalidad (autonomía de los centros de enseñanza y la libertad de cátedra del profesor) así como el principio de jerarquía normativa».
Desde ANELE indican que el sector editorial ya ha adaptado los libros de todos los cursos y niveles a los nuevos currículos de la nueva ley, lo que ha supuesto una inversión de alrededor de 200 millones de euros.
Por ello, pide «responsabilidad» y «cumplimiento del marco jurídico» a las administraciones educativas y a los partidos de la oposición que reclaman una paralización de la LOMCE –el curso que viene continúa su implantación en 2º y 4º de Primaria, 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato–.
Además, hay ocho comunidades autónomas que no han aprobado los decretos de desarrollo propios de ESO y Bachillerato cuando quedan tres meses para el inicio del nuevo curso, una circunstancia que, según Moyano, «complica» también la labor de las editoriales. «No podemos estar en continua campaña electoral y al albur de lo que se le ocurra a cada uno», apostilla.
LOS PADRES: «LA LOMCE NO IVALIDA LOS LIBROS»
La Confederación Estatal de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) inició en enero de 2014 una campaña contra el cambio de libros de texto por considerarlo «injustificado» e «ideológico». Así, hizo un llamamiento a las familias para que no compraran los nuevos materiales, asegurándolas que los utilizados hasta el momento eran «perfectamente válidos».
A día de hoy, CEAPA mantiene esta postura y recuerda que la nueva ley «no invalida» los libros de texto y apuesta por su reutilización. Además, tacha de «inadmisible» la «injerencia» por parte de un sector editorial, del que asegura que «únicamente persigue intereses económicos».
«La amenaza hecha pública por estos editores, que pretenden denunciar a aquéllas administraciones que limiten sus expectativas de negocio, evidencia el despropósito derivado del cambio de libros que se vive curso tras curso en nuestro sistema educativo, descatalogando materiales perfectamente válidos mediante el cambio de temas a páginas distintas, lo que acarrea el cambio del ISBN y su teórica imposibilidad legal de reutilización en cursos posteriores», advierten desde esta organización.
También recuerdan que «no existe normativa alguna» que obligue al uso de libros de texto ni a su cambio por parte de la Administración, de los docentes ni de las familias. «Esta situación está ocasionando graves perjuicios a los bancos de libros gestionados por las AMPAS dentro de la lucha por el derecho a recibir una educación gratuita reconocida en nuestra Constitución», advierten.
El presidente de ANELE contesta a CEAPA que estas empresas emplean a 36.000 personas en España y que «muchas de ellas» son padres de alumnos. «Aun entendiendo perfectamente los movimientos sociales, hay una normativa clara sobre quienes tienen la prerrogativa de tomar estas decisiones sobre los libros de texto: el equipo de coordinación pedagógica de los centros y los profesores», recuerda.
