Inspección de Trabajo propone sancionar por infracción «muy grave» a Visteon

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, ha anunciado que la Inspección de Trabajo de Cádiz ha levantado un acta de infracción en materia laboral contra los propietarios de Visteon, en la que se propone imponer a Cádiz Electrónica, filial de Visteon, una sanción por infracción calificada de «muy grave» tras el anuncio de cierre «sorpresivo» de la planta ubicada en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según ha explicado el consejero en su comparecencia en comisión parlamentaria, esta infracción, levantada el pasado 22 de julio, viene derivada tras haberse constatado que «la compañía no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la ocupación efectiva de la plantilla de la planta de El Puerto de Santa María».

Además, según explica Recio, dicha infracción se motiva por el hecho de que «no se haya recuperado la actividad productiva ordinaria que allí se realizaba con anterioridad al 23 de junio», fecha del anuncio de cierre, ante «la falta de entrada de componentes necesarios para la fabricación de productos y centralizarse en la planta de Palmela, en Portugal todas las operaciones relacionadas con proveedores y clientes».

Ello provocaba que la planta de Portugal quedaba como «única proveedora de la planta de Cádiz, por lo que se produjo realmente un cese de actividad temporal en Cádiz, prácticamente total, cercano al 80 por ciento, facilitándose ocupación efectiva sólo para un 20 por ciento de la plantilla».

Recio ha criticado que se produjera el cese de actividad en la empresa «sin haberse obtenido autorización alguna de la autoridad laboral» y ha advertido de que la Junta «recataría todas aquellas ayudas en las que no se haya cumplido la finalidad para las que se concedieron, siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo».

El consejero, quien recordó que este cierre se produjo «de forma sorpresiva», refirió todo el proceso seguido ante los problemas registrados en esta empresa que produce componentes electrónicos, que provocaría la extinción de «todos los puestos de trabajo».

Ha indicado que la empresa justificó entonces su «inviabilidad» por la «grave situación empresarial que decía atravesar», tras lo que explicó que la empresa informó al comité de empresa que había realizado un «exhaustivo análisis de los factores estratégicos del negocio en Cádiz». Agregó que las conclusiones de ese análisis fueron que la planta «se encontraba en una situación de serio declive con importantes pérdidas operativas acumuladas» y se argumentaba la pérdida de pedidos de clientes y se aludía a una «falta de competitividad» para justificar el cierre como única alternativa.

Ante este anuncio, el consejero ha asegurado que «la autoridad laboral, no ha cesado en su vigilancia ni un solo minuto en este asunto» y consideró que la dirección de la empresa «no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la ocupación efectiva de la plantilla de esta planta y había reducido la actividad ordinaria».

Recio explicó que la autoridad laboral y la Inspección de Trabajo de Cádiz» actuaron sin demora ante la posible situación de cese de actividad en la empresa sin autorización previa».

Asimismo, refirió que la Inspección realizó un visita a la empresa el 24 de junio, un día después del anuncio de cierre, y ese mismo día se efectuó un requerimiento a la empresa para que adoptase las medidas necesarias «con carácter inmediato» para facilitar la ocupación efectiva de todos los trabajadores, advirtiendo de que promoverían las actuaciones que pudieran proceder».

Ha agregado que desde el 24 de junio la Inspección realizó varias visitas a la empresa y ha mantenido reuniones con representantes de la planta y representantes sindicales, además de demandarle documentación. Apuntó que el 4 de julio la empresa comunicó al comité de empresa que «el restablecimiento de los sistemas informáticos de la planta permitía reiniciar la actividad de oficinas y las líneas de producción y requería a los empleados que se reincorporaran a sus puestos de trabajo».

Por ello, ha indicado que la Inspección de Trabajo ha levantado el pasado 22 de julio un acta de infracción en la que se propone una sanción por infracción calificada de «muy grave».

El consejero ha indicado que la representación de la empresa ha formulado alegaciones el pasado 22 de agosto en relación con este acta de infracción, y este procedimiento está pendiente de resolución.

Ha recordado que el pasado 5 de septiembre Cádiz Electrónica- Visteon ha solicitado formalmente el inicio del expediente de regulación de empleo (ERE), que está en proceso de negociación entre empresa y trabajadores.

«No ha existido ni inactividad ni dejadez de la Junta de Andalucía este gobierno ha estado vigilante y al frente de la defensa de los trabajadores de esta empresa; vamos a estar el pie del cañón», ha aseverado Recio, quien reitera que la Junta «ha estado desde el primer momento al lado de los trabajadores y garantizando el cumplimiento de la legislación vigente, para la salvaguarda de los intereses de los que más lo necesitan».

CRITICAS DEL PP E IU

La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, quien pidió «hablar de futuro» para esta factoría, ha lamentado la «continua sangría de pérdida de empleo para la provincia de Cádiz, en una lenta agonía para los trabajadores».

Ruiz Sillero, quien ha destacado el «perfecto procedimiento administrativo» seguido por la Junta en este asunto, ha demandado, no obstante, «mayor implicación de los consejeros para evitar que se cierre la empresa».

Esta rechaza que haya «falsas promesas y engaños a los trabajadores», ha recordado el incremento del número de parados en la provincia de Cádiz «en los ocho tristes años del Gobierno de Zapatero», ante lo que pide apoyo expreso por parte de la Consejería de Empleo y la de Economía, Innovación y Ciencia para que se remanguen, y si hay que buscar un inversor, se haga, y queremos que haya nuevas empresas, pero con carácter real».

«Hay 396 puestos de trabajo en juego, que son personal cualificado y especializado en alta tecnología, con trabajadores que se preocupan en ser punteros», ha recordado la diputada popular, quien ha pedido asimismo conocer «cuantas subvenciones ha recibido Visteon por parte de la Junta».

Ha recordado asimismo que «existe la experiencia fallida de Delphi y ese proceso no se debe repetir» y ha apuntado que «estamos en período preelectoral y no queremos que la Junta juegue con eso, como jugó con Delphi; lo primero y lo único son los puestos de trabajo, pero la Junta ahora está mas empeñada en tapar vergüenzas judiciales que en otra cosa».

Por su parte el diputado de IU Ignacio García ha valorado el hecho de que se haya abierto expediente por este anuncio de «cierre inapropiado», aunque indica que «eso hay que hacerlo», pero se ha preguntado «qué hace la Junta para evitar estas situaciones», toda vez que, a su juicio, «asistimos perplejos a una deslocalización masiva de multinacionales en Andalucía».

A juicio de García, «hay que hacer algo más ante la sistemática deslocalización de las empresas en la Comunidad», ante lo que ha criticado «el marco jurídico que se ha creado que permite que una multinacional sistemáticamente mienta».

García ha apuntado que la Junta «no tiene capacidad para acudir a la cúpula de la multinacional», pero critica que la Junta «sólo se limite a imponer multas, y emprender trámites administrativos»

Por ello, IU plantea que se establezcan ayudas a estas empresas «que tengan retorno garantizado a largo plazo», así como que exista «una mínima capacidad de predecir estos acontecimientos y una normativa que evite esas deslocalizaciones». «Hay que evitar que a Visteon le salga su marcha tan barato como a Delphi y hay que evitar más paro en la Bahía de Cádiz», ha aseverado.

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