La querella sigue viva. Antonio España, superior provincial de la Compañía de Jesús en España, ha enviado una carta a Jordi y Oriol de la Mata, dos hermanos que a principios de marzo relataron que habían sufrido abusos sexuales durante su escolarización en el colegio jesuita Sant Ignasi de Sarrià de Barcelona.
En la misiva, que llega ocho meses después de la revelación de estas víctimas, el Vaticano y el sacerdote Pere Sala –el pederasta que abusó de ellos– admiten que los hermanos de la Mata dijeron la verdad.
Aquella denuncia del mes de marzo y las que aparecieron a partir de entonces dieron pie a una investigación interna que acabó tutelada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este órgano del Vaticano encargado de los abusos a menores ha resuelto que el religioso Pere Sala, de 95 años de edad actualmente, debe ser apartado de todo contacto con menores.
También se le prohíbe celebrar ningún tipo de sacramento, realizar actividades apostólicas en público o ausentarse de su comunidad sin permiso de su superior.
La carta enviada por la Compañía de Jesús a los hermanos de la Mata incluía un mensaje especialmente relevante para los dos exalumnos del Sant Ignasi: una disculpa por escrito de Sala.
Cuarenta años después de que con sus abusos arruinara la vida de Jordi y Oriol y destrozara a toda la familia de la Mata, el religioso les escribe para pedirles «perdón» por los «momentos» en que su «conducta» fue «impropia» de un «jesuita y un educador» y que afectaron «negativamente» a sus vidas.
Ni Jordi ni Oriol aceptan las disculpas del sacerdote Pere Sala, ni tampoco se dan por satisfechos con la investigación canónica o las medidas de castigo decretadas por la Compañía de Jesús de forma acordada con el Vaticano.
Si la investigación ha llegado a esa conclusión, y el propio religioso ha admitido lo ocurrido, «¿cómo puede seguir siendo sacerdote un pederasta?», se pregunta Jordi.
«Creo que los Jesuitas nos han tomado el pelo y no voy a detenerme aquí. Voy a recurrir esta resolución al arzobispado», asegura. «Yo puedo perdonar a Sala por lo que me hizo a mí, pero no a la institución ni al colegio que sabiendo lo que ocurría no hicieron nada», zanja.
Por su parte, Oriol también critica que los Jesuitas no aludan al «encubrimiento» que hizo posible los abusos de Sala y del resto de curas. «Las cartas no dicen nada», afirma. Lo único positivo que les ha traído el correo electrónico —Oriol está en México y Jordi, en Inglaterra– ha sido cierto «alivio». Por lo menos ahora, se consuelan, nadie podrá llamarlos «mentirosos».
Los abusos sexuales cometidos en el pasado por sacerdotes del colegio Sant Ignasi de Sarrià y silenciados por la Compañía de Jesús, dueña del centro, salieron a la luz en marzo del 2019.
En las semanas posteriores, y tal como intuían los dos hermanos, aparecieron nuevas víctimas: un total de siete hombres y mujeres –alumnos y alumnas en los años 70 y 80– que fueron acosados por cuatro profesores religiosos: el fallecido Lluís To (tres denuncias pero con más de una decena de acusaciones), Pere Sala (dos denuncias), Antoni Roigé (una denuncia) y Josep Antoni Garí (una denuncia).
Todas las denuncias recayeron en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y, como ha ocurrido en la inmensa mayoría de abusos perpetrados en recintos religiosos, han topado con el muro de la prescripción. Así, la mitad de esas demandas han sido archivadas porque atañen a delitos prescritos y el resto correrán la misma suerte en breve.
Los hermanos de la Mata presentaron hace un mes una querella contra los que fueron rector y jefe de estudios, dos profesores, un auxiliar y –como responsables civiles subsidiarios– contra el colegio Sant Ignasi, la Compañía de Jesús, la Fundación Jesuïtes Educación.
El escrito ya ha sido recibido por un juzgado de instrucción de Barcelona que, de momento, ha pedido a los querellantes que ratifiquen la acusación: por un delito de omisión de perseguir actos delictivos.
Mireia Balaguer, abogada particular, defiende en su escrito que, aunque los abusos sexuales sucedieran hace años y hayan prescrito, quienes sabían que ocurrieron seguían teniendo la obligación de comunicarlo a los autoridades sin importar el tiempo transcurrido. «Ese deber, el de denunciar, no se extingue», explicó la letrada.
La comisión interna que los Jesuitas pusieron en marcha a finales del 2018 para investigar su pasado ha recibido hasta la fecha 19 mensajes que señalaron a siete sacerdotes jesuitas.
