Es un gesto encomiable, pero millones de católicos venezolanos echan en falta que esos mismo prelados no hayan alzado nunca la voz, con un tono similar, para exigir al papa Francisco que se moje de verdad contra la canalla dictadura de Nicolas Maduro y los verdugos chavistas que ensangrientan Venezuela (‘El Puma’ despotrica contra el tirano Maduro y el ‘pringoso’ Papa Francisco).
El 4 de abril de 2019, el Obispo Joe S. Vásquez de Austin, Presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), y Sean Callahan, Director Ejecutivo de Catholic Relief Services (CRS), enviaron juntos una carta a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y al Secretario de Estado, Michael Pompeo, instando a que se asignen 18 meses de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela (¡Manda huevos!: El Papa Francisco dice que viajará a España ‘cuando haya paz’).
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El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un estatus migratorio temporal, renovable y autorizado por ley que permite a los individuos permanecer y trabajar legalmente en los EE.UU. durante un período en el que se considera inseguro que los nacionales regresen a su país de origen.
Para Venezuela no existe una designación actual de TPS. Sin embargo, afirman Mons. Vásquez y Sean Callahan, que las condiciones del país y la inestabilidad política existente han creado una situación en la que los nacionales venezolanos no pueden ser devueltos a sus hogares en condiciones de seguridad en este momento.
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal venezolana ha advertido recientemente sobre las numerosas violaciones de los derechos humanos fundamentales infligidas por la policía del país y la violación del acceso de los ciudadanos a la salud y a los medicamentos. Otras instituciones católicas también han informado sobre la aguda escasez de alimentos y la malnutrición a la que se enfrenta el país.
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Respuesta «moral, compasiva y necesaria»
Por las razones antes expuestas, insisten en la carta, «Creemos que proporcionar una designación de TPS para Venezuela es también una respuesta moral, compasiva y necesaria.
El TPS aseguraría que, unos 150.000 venezolanos que califiquen aquí en Estados Unidos, no sean devueltos a situaciones peligrosas y que pongan en peligro su vida y les daría la oportunidad de vivir con dignidad, trabajar legalmente y proveer bienestar a sus familias hasta que puedan regresar a casa con seguridad».
El Obispo Vásquez y Callahan insistieron en que: «Debemos proporcionar ayuda humanitaria a todos nuestros hermanos y hermanas venezolanos necesitados, ya sea que vivan en Estados Unidos, en otros países sudamericanos o en la propia Venezuela».
UNICEF pide proteger los derechos de los niños
La alarmante situación del pueblo venezolano preocupa también a varias organizaciones internacionales, entre ellas, UNICEF.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia denuncia que debido a la crisis migratoria en Venezuela, en 2019 se estima que más de un millón de niños y niñas -incluidos los que migran desde Venezuela, los que han regresado al país y los que viven en comunidades tanto de acogida como de tránsito- necesitarán protección y acceso a los servicios básicos en América Latina y el Caribe.
Asimismo, la organización exhorta a los gobiernos de la región a que defiendan los derechos de los menores, incluidos los migrantes y los refugiados, y garanticen su acceso a los servicios esenciales.
Urgente ayuda a las regiones afectadas
Los asociados humanitarios estiman que este año hasta 4,9 millones de personas en la región -incluyendo Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago- necesitarán ayuda debido a las condiciones económicas y políticas venezolanas que están impulsando la migración regional.
«UNICEF se siente alentado por los esfuerzos del gobierno para buscar conjuntamente soluciones regionales a los desafíos que plantea la migración en gran escala, de conformidad con las normas internacionales y las leyes nacionales, como el protocolo adoptado por el Ecuador para proteger a los menores migrantes», explica María Cristina Perceval, Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
Dificultad para regularizar a los migrantes
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Sin embargo, está claro que a medida que la crisis en este país continúa y el número de migrantes venezolanos en la región aumenta, los servicios esenciales como la protección, la atención de la salud y la educación en los países de tránsito y de acogida se verán sometidos a una presión adicional.
Por su parte, los niños y las familias migrantes se enfrentan a dificultades para regularizar su situación migratoria, lo que puede afectar al acceso a la protección social, la atención de la salud, el desarrollo en la primera infancia, la educación, los medios de subsistencia sostenibles y la protección de la infancia. Mientras tanto, la falta de políticas públicas integrales en materia de migración en los países de acogida está exponiendo a los niños a un mayor riesgo de discriminación, violencia, separación familiar, explotación y abuso.
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Discriminación y xenofobia preocupante
En este contexto, UNICEF muestra su particular preocupación por las denuncias de xenofobia, discriminación y violencia contra los niños venezolanos y sus familias en las comunidades de acogida.
Algunos migrantes -incluidos los niños no acompañados y separados de sus familias, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y la población indígena- corren un mayor riesgo, asegura el organismo de Naciones Unidas argumentando que registrar a los menores migrantes, «es el primer paso para garantizar sus derechos ya que los resultados del proceso de registro también proporcionan a los estados información valiosa para planificar y presupuestar su respuesta».
