Adía de hoy, siete imputados, que son sacerdotes, continúan sin haber recibido, oficialmente, ninguna sanción canónica y, al menos sobre el papel, continúan ejerciendo como sacerdotes a todos los efectos
(Jesús Bastante).- Corrupción de menores, agresión y abusos sexuales. Esta es la petición que hace, en su escrito de diligencias, Jorge Aguilera, el abogado de «Daniel», la víctima de abusos sexuales a menores de Granada, respecto a los doce imputados por el Juzgado de Instrucción número cuatro de la ciudad andaluza, diez de ellos sacerdotes.
La acusación, que ha contado con el apoyo expreso del Papa Francisco, va mucho más allá del auto del juez Moreno, e insta al Juzgado a dictar «auto de incoación de sumario«, sin prejuicio de dictar posteriormente el auto de procesamiento, «cuando las diligencias que se hallan pendientes de practicar se hallen incorporadas al procedimiento», al tratarse de delitos sumamente graves y que no han prescrito.
El de Jorge Aguilera fue el último escrito en presentarse hoy, después de que ayer PRODENI solicitara la imputación de los doce investigados, a los que también acusa de un delito de asociación ilícita, y se suma a las dos diligencias, de la defensa y el fiscal, entregadas esta mañana en el Juzgado. El abogado de «los Romanones», Javier Muriel, considera que los posibles delitos han prescrito, mientras que el fiscal, Francisco Hernández, constata que los doce acusados cometieron delito, aunque, por el momento -y a la espera de nuevas diligencias y de los resultados de algunos informes pendientes, que podrían hacer cambiar su opinión-, sólo habría de imputarse a Román M., el principal encausado y cabecilla del grupo.
En el escrito de la acusación, el más amplio de los cuatro presentados, insta al Juez a que se acuse «a todos los imputados», por «un delito de corrupción de menores», en virtud del artículo 189 del Código Penal. En dos formas: a Román M. Sergio Q., Francisco José C. y Manuel M. «por su participación activa y directa en los hechos de naturaleza exhibicionista y pornográfica» contra Daniel entre los años 2003 a 2007; y al resto de imputados, Manuel Francisco F. R., Manuel J. J., Manuel Q. M., Juan Carlos M. M., Ángel M. M., José Jorge N. G., José Gabriel F. F. y Vicente R. R., por participar en el mismo «en su modalidad omisiva, comisión por omisión«.
Al estar castigado el delito de corrupción de menores, en su modalidad agravada, con una pena que oscila entre cuatro a ocho años, argumenta el escrito, «es innegable que no habría transcurrido el plazo de 10 años que establece la Ley y por lo tanto deberá proseguirse el procedimiento contra todos y cada uno de los imputados«.
En lo referente al padre Román, la acusación asegura que el sumario revela «indicios más que suficientes» para poderle imputar varios delitos de abusos y agresiones sexuales continuados. Los hechos, que como el propio juez apuntó en el sumario, se sucedieron por espacio de cinco años, no podrían empezar a contar para su posible prescripción hasta enero de 2008 (fecha en que el denunciante cumplía la mayoría de edad)
Los delitos imputables a los doce imputados «estarían castigados con penas que oscilan entre cuatro y diez años, y con penas que oscilan entre los cuatro y los ocho años, por lo que es evidente que no habría transcurrido el plazo legal de la prescripción, debiendo el Juzgado al que nos dirigimos continuar el procedimiento respecto de todos ellos», concluye el escrito, que incide en que al tratarse de delitos conexos, cometidos en el mismo espacio temporal, y con penas superiores a los nueve años, se insta al Juzgado a dictar ya la incoación de sumario.
Con estas diligencias, concluye la primera parte del proceso de instrucción del caso de «los Romanones». A partir de este momento, el juez deberá delimitar los pasos a dar. Fuentes judiciales apuntan que pasarán entre nueve meses y un año para poder hablar de inicio de juicio.
Entretanto, se continúa a la espera de los resultados de algunas diligencias, así como de los resultados de la investigación canónica que lleva a cabo la sección primera (asuntos internos) de la Secretaría de Estado del Vaticano, quien ha arrebatado al arzobispo de Granada la autoridad para tomar decisiones referentes al caso.
Una realidad que, curiosamente, tiene otra lectura: a día de hoy, siete imputados, que son sacerdotes, continúan sin haber recibido, oficialmente, ninguna sanción canónica y, al menos sobre el papel, continúan ejerciendo como sacerdotes a todos los efectos.
