La seguridad de nuestros datos fiscales está en cuestión.
Según informa OKDIARIO, un grupo de hackers asegura haber robado datos de hasta 47 millones de españoles y amenaza con publicarlos si no se atienden sus exigencias. El objetivo del ataque sería la Agencia Tributaria, una de las bases de datos más sensibles del Estado, con información fiscal y personal de millones de contribuyentes.
Los atacantes afirman disponer de datos altamente sensibles. Si esta información se difundiera, el riesgo sería enorme: fraude, suplantación de identidad y extorsión a gran escala. Más allá del incidente concreto, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión clave: la vulnerabilidad de los sistemas informáticos públicos, incluso en organismos esenciales para la recaudación y la seguridad jurídica. Cuando el Estado concentra masivamente datos personales, cualquier brecha deja de ser un problema técnico para convertirse en un asunto de seguridad nacional.
A esto se suma el silencio o la falta de explicaciones claras, que solo agrava la preocupación ciudadana. Cuando se gestionan los datos de todos, la transparencia no es opcional. La conclusión es incómoda.
El Estado exige cada vez más información al ciudadano, pero no siempre garantiza que esté realmente protegida.
