El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en la lluvia de millones con que el PSOE regó los ayuntamientos y concluye que no cumplió los objetivos propuestos
Ni se primó la creación de empleo, ni el dinero se invirtió en obra nueva, ni se dio publicidad a las adjudicaciones.
El «Plan E» con el que el Gobierno Zapatero pretendió dinamizar en 2009 y 2010 la economía y con el que se repartieron 8.000 millones de euros entre los ayuntamientos de España no sólo fue un fracaso, sino que no cumplió ni de lejos los objetivos propuestos.
Escribe Esther Palomera en ‘La Razón’ que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, puso ayer negro sobre blanco ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) las irregularidades detectadas en la fiscalización del llamado Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).
La primera: que no se primó la creación de nuevos puestos de trabajo en las obras financiadas, como era el principal objetivo del proyecto.
«La contratación de trabajadores no se utilizó como elemento decisorio para la selección de proyectos».
El fondo se distribuyó entre 8.090 entidades locales para sufragar 30.698 proyectos, con un importe máximo cada uno de 5 millones de euros y un desembolso final de 7.836,16 millones de euros.
Pero el plazo de 54 días para elaborar las propuestas de inversión establecido por el real decreto supuso una «limitación» para la «adecuada planificación», lo que unido al retraso de las actuaciones con 30 días de media, llevó a que no se garantizara que las inversiones fueran obras nuevas, necesarias para la entidad local y especialmente generadoras de empleo.
Así, en términos generales, según relató el presidente del Tribunal de Cuentas, los ayuntamientos utilizaron ese dinero para llevar a cabo proyectos que no habían podido ejecutar con anterioridad por falta de recursos, pero no hubo obra nueva, como se estableció entonces en las normas para acceder a la financiación.
En casi la mitad de los contratos se incumplió además el requisito de ejecución inmediata y en siete de cada diez proyectos el fin de las obras se retrasó más de lo previsto. El periodo medio de puesta en funcionamiento fue de 134 días por encima de la fecha inicialmente fijada.
El presidente del máximo órgano fiscalizador del Estado señaló que tampoco se primó la creación de empleo en el momento de la adjudicación de los contratos y que no se intentó lograr rebajas en los importes.
De hecho, casi la mitad de los contratos se adjudicó directamente sin publicidad, lo que popularmente se conoce como contrataciones «a dedo».
El portavoz socialista en la Comisión, Gaspar Zarrías, que fue secretario de Estado de Cooperación Territorial cuando se ejecutaba el plan, lo defendió con el argumento de que fue «una decisión política en un paisaje de contexto social y económico dramático», que sirvió para ayudar a trabajadores golpeados por la crisis, con fondos públicos destinados directamente a esas obras que decidían los Ayuntamientos, con plazos de ejecución rápidos que limitaban, por ejemplo, la publicidad de las adjudicaciones.
Las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas motivaron una agria polémica entre PP y PSOE, ya que el socialista Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial cuando se ejecutaba el plan, defendió con ardor el mismo.
Así afirmó que la puesta en marcha de este programa fue «una decisión política en un paisaje de contexto social y económico dramático» y llevada a cabo por un Gobierno que entendía «el valor de las políticas públicas como herramienta para cambiar las cosas, y no ser meros espectadores».
Y dijo esto antes de recordar que «ningún alcalde puso el grito en el cielo» ni rechazó el dinero que llegaba del Estado.
Desde el PP, su portavoz, Eloy Suárez, replicó que aquello, «más que un plan, fue una ocurrencia de 8.000 millones que ha dejado muchas cargas» y que además «forma parte de la herencia envenenada que dejó el PSOE» al actual Gobierno.
En su opinión, el hecho de que sólo el 4 por ciento de los contratados por el «Plan E» siguieran trabajando en el segundo semestre del año demuestra el «absoluto fracaso» del programa en lo relativo a la creación de empleo.
Esto, además de que provocó, según el diputado del PP, un déficit del 1,1 por ciento del PIB que hubo que financiar después con deuda pública.
