Al final, el sufrido contribuyente español va a perderlo todo, incluido el dinero público que los maleantes socialistas se gastaron en putas y cocaína.
El Supremo tiene sobre la mesa varios recursos de la Junta de Andalucía para exigir que los intrusos en los polémicos ERE devuelvan el dinero cobrado indebidamente, pero una sentencia del alto tribunal revela las dificultades para hacerlo: no se puede reclamar el dinero al falso prejubilado, hay que actuar contra la aseguradora.
La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso del Supremo el pasado julio, coincide con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en que la administración «no está habilitada para reclamar a los beneficiarios finales» de las ayudas el reintegro de las cantidades que percibieron indebidamente, sino que debe dirigirse a la aseguradora de turno.
Se abordaba en concreto un caso en Minas de Riotinto, un hombre al que la Junta reclamaba cerca de 275.500 euros.
La Dirección General de Trabajo andaluza había otorgado una subvención de carácter extraordinario para suscribir con la aseguradora Vitalicio (absorbida actualmente por Generali Seguros) una póliza destinada a cubrir las prejubilaciones acordadas en un ERE en esa empresa.
Pero cuando se aprobó el citado ERE, el hombre no estaba entre los trabajadores afectados porque, de hecho, ya no trabajaba en la empresa.
Sin embargo, fue incluido en la lista de perceptores de las ayudas y cobró. Cuando la Consejería le reclamó el dinero recurrió a los tribunales y, por el momento, ha tenido éxito.
El Supremo, como el TSJ andaluz, determinó que la administración solo puede reclamar a la aseguradora una reducción de la prima por la cobertura indebida de una persona, pero estimó en parte el recurso de la Junta y devolvió el caso a la justicia andaluza para que diera entrada en la causa a la aseguradora titular de la póliza, que no había sido parte inicialmente.
Varios casos similares están pendientes de sentencia en la misma Sala de lo Contencioso del Supremo, que ha admitido a trámite más recursos presentados por la Junta de Andalucía para intentar que los intrusos devuelvan el dinero.
Deben resolverse, por ejemplo, dos casos de falsos prejubilados en la empresa Hitemasa —uno cobró irregularmente 96.000 euros y otro, más de 113.000 euros— o el caso de un intruso en el ERE de Primayor, que recibió indebidamente 151.000 euros.
El caso de los intrusos en las prejubilaciones se investiga en varias piezas de la macrocausa de los ERE, cuya primera sentencia ha sido dictada este martes por la Audiencia Provincial de Sevilla.
El expresidente de la Junta José Antonio Griñán fue condenado a 6 años de prisión por malversación y a 15 de inhabilitación absoluta por prevaricación, mientras que el también expresidente andaluz Manuel Chaves fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.
Según esa sentencia, desde 2001 la Consejería de Empleo distribuyó recursos del programa «administración de relaciones laborales» prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, por lo que se perdió todo control sobre la pertenencia a la empresa de las personas beneficiarias incluidas en las pólizas de rentas sufragadas con fondos públicos.
