Sentimos sinceramente que su experiencia con nuestra Administración no haya sido de su agrado y rogamos acepte nuestras disculpas por ello
En enero de 2009, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) terminó con 998 trabajadores de la operadora ONO en la calle.
Uno de estos ex empleados aún está esperando a que el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem), dependiente del Ministerio de Trabajo, dé curso a su solicitud y pueda comenzar a percibir su prestación por desempleo.
Se trata de un ex directivo de ONO y la segunda parte de su drama comienza en mayo de este año, cuando termina la baja por enfermedad y decide apuntarse al paro.
El 24 de mayo entregó toda la documentación necesaria en la oficina del Inem de Madrid que le correspondía y esperó.
Le advirtieron que su situación, al ser producto de un ERE, le supondría un pequeño retraso en la tramitación del cobro.
El pequeño retraso suma ya seis meses. A finales del mes de agosto, este ex empleado de ONO fue a sellar su tarjeta del paro y supo que su expediente estaba cancelado, lo que indicaba que no había sido movido por parte de la burocracia del Estado.
Decidió presentar una queja ante la oficina central del Servicio Público de Empleo en Madrid.
Como relata La Gaceta -«En la cuneta de Zapatero«-, un mes después, en septiembre de 2009, presentó la segunda. Y sigue sin cobrar.
El primer párrafo de la carta que la Dirección Provincial del Inem en Madrid le ha enviado, es de vergüenza ajena:
«Sentimos sinceramente que su experiencia con nuestra Administración no haya sido de su agrado y rogamos acepte nuestras disculpas por ello».
La frialdad del texto resulta indignante, pues se asemeja en exceso a la misiva que cualquier empresa enviaría a un cliente insatisfecho con el producto o servicio dispensado.
DEJAN TIRADA A LA GENTE
Pero continuamos leyendo, y nos topamos con la constatación de una realidad tremenda, aunque se viera venir dado el interés de Zapatero y el PSOE entero por convertir en una suerte de mantra aquello de «nosotros no dejamos a nadie tirado en la cuneta».
El grave deterioro de la economía española ha convertido el gasto social en el gran protagonista de los Presupuestos Generales del Estado.
Como reconoció la propia vicepresidenta Salgado el día que llevó al Parlamento ese Frankenstein (Jordi Sevilla dixit) que son las cuentas públicas para 2010, los subsidios, las pensiones y la dependencia se llevan «uno de cada dos euros del gasto consolidado».
NO HAY FONDOS Y NO HAY VERGÜENZA
Hasta el 31 de octubre, sólo las prestaciones por desempleo superaban los 15.700 millones de euros, frente a los 11.300 con los que contaba Pedro Solbes para el conjunto del ejercicio.
El año que viene, con la subida de impuestos que se nos echa encima, al Gobierno a lo mejor le terminan cuadrando los 30.600 millones presupuestados para pagar a los sufridos parados pero, ahora mismo, ¿nos puede garantizar alguien que el Inem tiene suficiente dinero?
CARTAS SIMILARES
¡A saber la de cartas similares a la que remitieron al ex directivo de ONO estarán recibiendo desempleados de toda España!
¿Y los de los 420 euros? El día que nos cuenten su odisea, será para echarse a temblar.
«La Dirección Provincial de este Organismo lamenta las molestias ocasionadas tanto a usted como a otros usuarios, por las circunstancias que están aconteciendo desde hace algunos meses a causa de un excesivo flujo de demandantes de nuestros servicios que han superado las previsiones que teníamos confiadas para que el servicio se mantuviese en una línea de calidad y efectividad».
CORBACHO DESAPARECIDO EN COMBATE
¿No adelantó Corbacho un incremento del número de funcionarios del Inem? ¿No habían instaurado nuevos turnos de tarde para evitar el colapso de las oficinas? Sucede que el paro golpea dos veces a los españoles.
El primer palo nos deja sin trabajo; el segundo, completamente frustrados por las colas interminables y los trámites infinitos -y absurdos, buena parte de las veces- antes de cobrar la prestación.
EL CABREO CIUDADANO
El resultado: ciudadanos en la calle cabreados y funcionarios agredidos en las Oficinas de Empleo. (No exageramos; en una de las siete que hay en Castellón llegaban hace poco a las manos).
El sector privado debería gestionar la intermediación laboral para mejorar su eficacia. Lo piden los empresarios, que no entienden por qué no se hace un mejor uso de las elevadas cotizaciones sociales que pagan por todos y cada uno de sus trabajadores.
Es un clamor en la España que se encamina irremediablemente hacia los cinco millones de parados.
