La sala tercera del Tribunal Supremo celebrará a partir de mañana y a lo largo de la semana las vistas definitivas acerca de las reclamaciones por daño patrimonial presentadas por los productores de energía fotovoltaica como consecuencia del recorte de primas aplicado en la etapa de Miguel Sebastián como ministro de Industria.
En concreto, los fotovoltaicos reclaman un resarcimiento por los recortes del real decreto 1565/2010 y del real decreto ley 14/2010. El segundo de ellos tuvo un impacto de 2.200 millones de euros y redujo durante tres años en un 30% las primas a la fotovoltaica mediante el recorte de horas con derecho a recibir este incentivo.
Tras el recorte, los productores presentaron 11.500 reclamaciones administrativas, que fueron desestimadas por el Consejo de Ministros y que, en un número inferior, han acabado en el Supremo.
Fuentes cercanas a los letrados fotovoltaicos explicaron a Europa Press que se desconoce el número de recursos presentados ante el Supremo debido entre otros motivos a que muchos de ellos han quedado agrupados. Solo la Asociación de Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier) ha agrupado 2.500 de ellos.
Al abordar las denuncias, el Alto Tribunal decidió suspender todos los recursos menos cinco, o cuatro en la actualidad, y dar a esta reducida muestra la calidad de procedimientos testigo, de modo que lo que decida acerca de ella servirá como referencia para resolver las demás denuncias.
Las vistas de esta semana, en las que los letrados de una y otra parte expondrán sus conclusiones, se celebrarán tres años después del inicio de un proceso que, para el sector fotovoltaico, no ha estado exento de sorpresas, entre ellas la de un informe pericial como diligencia final que solicitó el tribunal para que se evaluase el daño patrimonial de las plantas.
Otra de las sorpresas se produjo cuanto la sala pidió a los peritos que evaluasen también el impacto sobre los recortes de 2010 de la nueva reforma eléctrica aprobada por el actual ministro de Industria, José Manuel Soria.
Algunos letrados que representan a los productores fotovoltaicos dudan de la objetividad de los peritos a los que se les encargó la elaboración del informe. A uno de estos peritos, el ingeniero Victoriano Casajús, se le considera pronuclear, mientras que a otro, el auditor Angel Rubio, se le achaca no tener experiencia en el sector eléctrico.
Los informes evidencian el recorte de primas a la fotovoltaica, pero a juicio de los letrados adolecen de «objetivación de datos y que resultan bastante inconsistentes».
CIADI A LA ESPAÑOLA
Estos procedimientos por daños patrimoniales son los que más se parecen a los 27 arbitrajes que libran contra España los inversores internacionales en el Ciadi.
Estos inversores no se han sentido tan interesados por los recursos en el Supremo como los nacionales, para los que no existe la opción de denunciar ante un tribunal internacional. Los inversores foráneos tienen la vía internacional arbitral gracias a la Carta de la Energía y entienden que este es un camino más accesible.
En una reciente entrevista con Europa Press, el exministro Miguel Sebastián defendió la legalidad de las medidas adoptadas durante su mandato y aseguró que los recortes aplicados cuentan con el aval del Supremo, si bien expresó sus dudas acerca de si la reforma energética de Soria será bien acogida por los tribunales internacionales.
