La Agencia Tributaria acometió el año pasado 46.402 actuaciones de control del fraude sobre el sector inmobiliario (un 90% más que en 2005), e inspeccionó a 6.516 contribuyentes, en su mayoría sociedades inmobiliarias, el 86% más que un año antes.
La Agencia Tributaria recaudó el año pasado 5.309,6 millones de euros por actuaciones de control del fraude fiscal, según informó en el Congreso el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.
De esta cantidad, 4.182,6 millones se recaudaron por actuaciones directas de control, mientras que los 1.126,9 millones restantes procedieron de minoración de devoluciones (contribuyentes que habían reclamado una devolución en su declaración que finalmente no les correspondía).
El número de actuaciones homogéneas llevadas a cabo por la Agencia Tributaria dentro del control selectivo ascendieron a 254.368, con un incremento del 4,8%, y se centraron especialmente, además de en el control sobre el sector inmobiliario, de las tramas de IVA y las facturas falsas, el Impuesto de Matriculación y las actuaciones en materia de blanqueo de capitales.
Más alquileres declarados
Ocaña señaló que el establecimiento de la obligación de consignar el número de referencia catastral en la declaración del IRPF del inmueble declarado como domicilio habitual, ya sea en propiedad o alquilado, ha motivado que 1,37 millones de contribuyentes hayan declarado obtener rendimientos del capital mobiliario, lo que supone un incremento del 16,7%.
Además, estos contribuyentes declararon 11.345 millones de euros por estos arrendamientos, lo que representa un incremento del 21,6% respecto a lo declarado antes de la entrada en vigor de la citada medida.
En cuanto a la inspección del blanqueo de capitales, Ocaña señaló que el número de actuaciones homogéneas crecieron un 3,9%, hasta alcanzar las 6.209, y añadió que se centraron básicamente en el desmantelamiento financiero de redes de narcotraficantes, la represión del contrabando de tabaco y estupefacientes, la represión del fraude fiscal en el ámbito aduanero y el control de las actividades que vulneran los derechos de propiedad industrial e intelectual.
