Hay números que últimamente están de moda (el 155, por ejemplo), otros que nunca pasan de moda (el 69), hay alguno que particularmente a mí me hace muy feliz en este momento (el 2) y (para que no decaiga) hay números que representan probablemente el epicentro del auténtico problema que subyace tras la situación catalana: el artículo 157.1 de la Constitución española. Me estoy refiriendo, claramente, al actual sistema de Financiación autonómica (el sistema en su conjunto, se entiende).
Pues bien, intentaré desgranar mi argumento sucintamente y desde una óptica puramente legal, aviso.
A estas alturas ya nadie duda del genuino atropello legal incurrido por las instituciones catalanas (Parlament y Govern) que, para más inri, no cumplen ya siquiera ni con sus propias normas «partidistas» (la propia Ley de Transitoriedad ha sido incumplida deliberadamente por Puchi y cía).
Por otro lado, desde el Gobierno central español (con complicidad cierta de las Cortes Generales) se adopta una actitud hipócrita, puesto que si bien peticiona (con razón) para Cataluña el retorno real a la legalidad, por otro lado incumple sistemáticamente el Derecho de la Unión Europea (en materia tributaria, sobre todo) sin establecer conscientemente los mecanismo legales de reparación de dicho daño/violación que sufre el ciudadano en su ya de por sí menguado bolsillo.
El problema real (que no único) a mi modo de ver, es el sistema establecido de reparto de la tarta de ingresos para con todos los entes territoriales (como ya he desgranado desde este mismo Tocadiscos en alguna ocasión anterior). Efectivamente, no hay una participación real de las CCAA en la financiación, fomentando el sistema un cierto despotismo estatal así como la propia irresponsabilidad de los entes autonómicos en general, cuando no, en particular, se validan excepciones fiscales locales clamorosamente no solidarias (Concierto vasco y Convenio navarro).
Este argumento hace tangible que el sistema NO PUEDE TENER PRIVILEGIADOS A UNOS POCOS Y MINUSVALORADOS A OTROS. Cierto que pueden (y deben) existir especialidades por mor de diferentes motivos (Canarias, Ceuta, Melilla, determinados sectores estratégicos etc…) pero sin alterar la naturaleza del sistema. Sin perversión.
Se deberían a futuro explorar caminos asociativos federales puros en materia financiera, no sé si puede ser una solución «real» al problema actual, pero desde luego el foco del mismo parece que empezó por ahí.
A cuidarse, meus.
PGV.
