Operación policial desmantela fraude con certificados sefardíes

Cae una banda que facilitaba la nacionalidad española con certificados sefardíes falsos: 8.000 euros por cabeza

Una banda facilitaba la nacionalidad española a extranjeros mediante certificados sefardíes falsos cobrando hasta 8.000 euros por trámite

Hacker, estafas
Hacker, estafas. PD

A estafar que llega el verano.

En las últimas horas, agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal que ofrecía la nacionalidad española a extranjeros por un precio que podía alcanzar los 8.000 euros.

El método: la falsificación de certificados de origen sefardí, un documento clave en uno de los caminos legales para obtener la ciudadanía española.

La investigación, centrada en varias provincias españolas, ha destapado un entramado sofisticado que explotaba los resquicios del proceso legal creado para reparar injusticias históricas y que, en los últimos años, se había convertido en una vía rápida y codiciada para lograr el pasaporte español.

El funcionamiento de la trama: cómo se vendía la nacionalidad

La banda ofrecía sus servicios principalmente a ciudadanos latinoamericanos e israelíes sin ascendencia sefardí acreditada. A través de intermediarios y canales digitales, captaban a interesados prometiendo “soluciones seguras” para conseguir la nacionalidad española en pocos meses. El paquete incluía la obtención fraudulenta de certificados emitidos por supuestas comunidades judías reconocidas, documentos de genealogía falsificados y hasta asesoramiento jurídico para superar los trámites administrativos ante el Ministerio de Justicia.

El coste del servicio variaba según la urgencia y el perfil del cliente, pero rara vez bajaba de 5.000 euros y llegaba a superar los 8.000 euros cuando era necesario “agilizar” expedientes o proporcionar identidades completamente inventadas.

Según fuentes policiales, el grupo había creado una red internacional con ramificaciones en varios países europeos y latinoamericanos. Parte del dinero obtenido era blanqueado a través de empresas pantalla y transferencias internacionales para dificultar su rastreo.

Los métodos legales para conseguir la nacionalidad española

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa las diferentes vías legales para obtener la nacionalidad española, un objetivo ansiado por miles de personas cada año. España reconoce varios caminos:

  • Nacionalidad por residencia: Es el más habitual. Requiere entre 1 y 10 años de residencia legal continuada, según el país de origen y circunstancias personales. Para la mayoría son 10 años, pero ciudadanos iberoamericanos y sefardíes solo necesitan dos.
  • Nacionalidad por descendencia: Para hijos o nietos de españoles, especialmente tras la Ley de Memoria Democrática que amplió derechos a descendientes.
  • Por matrimonio: Solo un año de residencia si el solicitante está casado con un español.
  • Por carta de naturaleza: Una vía excepcional concedida discrecionalmente por el Gobierno a personas con méritos especiales.
  • Por opción: Dirigida a personas bajo patria potestad o hijos menores nacidos fuera.

En todos los casos se exige acreditar buena conducta cívica, integración social y aprobar exámenes específicos (DELE A2 y CCSE).

La ley específica para descendientes sefardíes –que inspiró este fraude– permitía hasta hace poco solicitar la nacionalidad demostrando vínculo con los judíos expulsados en 1492, aportando documentos genealógicos y aval comunitario.

Impacto social: oportunidades legítimas y riesgos del fraude

España concedió más de 242.000 nacionalidades en 2023, reflejo del atractivo que supone vivir en el país y disfrutar del pasaporte europeo. Sin embargo, estos datos también evidencian cómo la demanda genera oportunidades para mafias especializadas en sortear controles mediante documentación falsa.

Este tipo de fraudes no solo perjudica al sistema sino también a solicitantes legítimos, cuyos expedientes se ven ralentizados o sometidos a mayores escrutinios. Además, las víctimas muchas veces desconocen que están incurriendo en un delito grave con consecuencias penales y administrativas.

La operación policial ha sido recibida como un aviso sobre la importancia de acudir solo a vías legales y desconfiar de “atajos” ofrecidos por intermediarios sin garantías.

Perfil del cabecilla: discreción y contactos internacionales

Aunque las autoridades han mantenido bajo reserva los nombres clave mientras avanzan las diligencias judiciales, se sabe que el supuesto líder es un ciudadano hispano-israelí con experiencia previa en asesoría migratoria. Su perfil destaca por su habilidad para tejer contactos entre notarios corruptos, genealogistas ficticios y representantes comunitarios dispuestos a firmar certificados sin comprobar la veracidad documental.

Varias anécdotas revelan su sofisticación: utilizaba reuniones en hoteles céntricos para pactar entregas documentales; empleaba criptomonedas para parte de los pagos; incluso llegó a ofrecer cursos exprés sobre historia sefardí a clientes para prepararles ante posibles entrevistas oficiales.

Curiosidades del caso

  • La investigación se inició tras detectar un repunte inusual en solicitudes basadas en supuesta ascendencia sefardí procedentes de ciertos países.
  • En algunos casos se falsificaban árboles genealógicos completos utilizando bases de datos públicas e información encontrada en redes sociales.
  • Varios clientes llegaron a recibir pasaportes españoles antes de que se detectara el fraude; estos documentos ahora están bajo revisión.
  • El principal “certificador” operaba desde una pequeña oficina improvisada en su domicilio particular, donde almacenaba cientos de expedientes digitales.

Recomendaciones ante fraudes migratorios

Los expertos insisten: todo proceso debe realizarse personalmente o con ayuda profesional acreditada. Los trámites pueden ser largos pero existen alternativas reales –residencia prolongada, matrimonio legal o vinculación familiar directa– que permiten acceder a la nacionalidad española sin recurrir a vías ilícitas.

Las autoridades mantienen abierto el canal de denuncias anónimas ante sospechas de corrupción o falsedad documental en procesos migratorios. La reciente operación servirá como recordatorio para reforzar controles y proteger tanto al Estado como al colectivo migrante legítimo.

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