La crisis en la cúpula de la Policía Nacional se intensifica. Después de la dimisión del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, involucrado en una supuesta agresión sexual hacia una subordinada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido apartar de sus funciones al comisario Óscar San Juan González. Este último era el asesor más cercano al máximo responsable operativo del cuerpo. San Juan ha sido mencionado en la querella presentada por la víctima como uno de los implicados en las presuntas coacciones para que la agente no denunciara lo sucedido.
El comisario, presente en la comida del 23 de abril de 2025 donde se habría producido la agresión, actuó como el «brazo ejecutor» de González para presionar a la denunciante. Según detalla la querella, San Juan se puso en contacto con la víctima en julio de 2025 a través de cinco llamadas a su teléfono personal, ofreciéndole elegir libremente su destino o puesto dentro de la Policía a cambio de su silencio. La agente rechazó esta propuesta al considerarse «una persona íntegra», según las declaraciones de su abogado, Jorge Piedrafita. Marlaska ha confirmado que ha solicitado una «información reservada» sobre San Juan y ha demandado que se le exima de cualquier responsabilidad mientras se evalúa su situación.
La querella contra González incluye un amplio repertorio de conductas que abarcan desde insultos hasta agresiones sexuales, acoso telefónico y presuntos delitos como coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos. La víctima ha presentado audios, mensajes e informes que, según su equipo legal, respaldan tanto la agresión como los intentos de silenciarla. El juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha convocado a González para declarar el próximo 17 de marzo como querellado, mientras que la agente también comparecerá ante el magistrado David Maman Benchimol para extender su denuncia.
La defensa de Marlaska frente a las acusaciones del PP
El ministro ha reiterado que no tuvo conocimiento de la denuncia hasta el martes por la tarde, cuando se hizo pública la aceptación a trámite de la querella. «No sabíamos nada hasta ayer. Si hubiéramos tenido conocimiento previo sobre una situación tan grave, habría solicitado la renuncia o procedido al cese inmediato», ha afirmado Marlaska en los pasillos del Congreso. El titular del Interior ha subrayado que el abogado de la víctima corroboró que mantuvieron en secreto los hechos hasta ese momento, lo que podría dar fuerza a su versión.
No obstante, el Partido Popular no ha dudado en intensificar sus críticas. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de «saber, encubrir y proteger» al presunto agresor. «Si han mantenido a un supuesto violador al frente de la Policía Nacional durante al menos un mes y ahora se va, solo hay una conclusión: no lo hacen por lo que hizo, sino porque se ha hecho público», escribió en redes sociales. En el hemiciclo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, expresó su rechazo diciendo que le provoca «náuseas verlo sentado en el banco azul» refiriéndose a Marlaska; mientras que la portavoz popular, Ester Muñoz, cuestionó dónde queda la responsabilidad del ministro.
Marlaska no ha dudado en responder con firmeza ante las acusaciones de encubrimiento. «Digan ustedes fuera de este hemiciclo que yo conocía los hechos y no actué y entonces nos veremos en otras instancias», advirtió. El ministro también comparó esta situación con casos dentro de la oposición; recordando cómo el PP mantiene en sus puestos al alcalde de Móstoles acusado de acoso sexual hacia una concejala y otros cargos públicos con situaciones similares. Además, Marlaska aseguró que dimitirá «si se demuestra que la víctima se sintió desprotegida o considera que este ministro le falló».
Presuntas recompensas al asesor
Un aspecto que añade más gravedad a esta historia es que González habría premiado a San Juan con una medalla tras supuestamente intentar silenciar a la víctima. Este detalle refuerza las sospechas sobre una estructura protectora y cómplice dentro del alto mando policial. El sindicato mayoritario JUPOL ha exigido urgentemente el cese inmediato de González y también demanda la dimisión del propio Marlaska, argumentando que debe «asumir su responsabilidad por haber nombrado y mantenido en el cargo al DAO».
La investigación judicial sigue avanzando mientras tanto; así las cosas, la Policía Nacional enfrenta uno de sus mayores escándalos institucionales en años recientes. Su credibilidad está seriamente comprometida y resulta vital restaurar la confianza en un cuerpo cuya misión es garantizar nuestra seguridad.
