Justicia y milicia / Necesaria, una reforma para las fuerzas armadas.

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de una reforma legal que regule la actividad de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, pero poco se ha dicho sobre la necesidad de una reforma profunda que modernice estructuras anquilosadas del Ejército y de la Amada de México.

Una reforma que obligue a los altos mandos castrenses a transparentar el manejo de su presupuesto, a establecer mecanismos que garanticen el castigo de los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas tanto en acciones de seguridad pública como al interior de los cuarteles, y a rendir cuentas regularmente al Congreso de la Unión sobre las características y compra de armamento.

El sistema de justicia militar, caracterizado por ser una “justicia de mando”, también requiere de una reforma total para que responda realmente a los intereses de las víctimas de delitos cometidos en el ámbito castrense y en el que no hay confianza de los soldados subordinados de denunciar delitos de los altos mandos, porque no creen en la imparcialidad del sistema.

Y no les falta razón.
El secretario de la Defensa Nacional en turno nombra al procurador militar, a jueces y magistrados del fuero de guerra, a los defensores públicos que asisten a los soldados que no pueden pagar un defensor particular.

Casos como los del general Ricardo Martínez Perea –quien purga condena en el penal de las Islas Marías, sentenciado en un Consejo de Guerra por los dichos de un testigo de oídas- ejemplifican la llamada “justicia de mando”, ya que a pesar de las endebles pruebas en su contra, fue sentenciado semanas después de que había sido condecorado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García precisamente por sus logros en el combate al narcotráfico en la frontera con Estados Unidos.

México es prácticamente el único país en el mundo que en lugar de contar con un ministerio de Defensa tiene dos Secretarías de Estado, las cuales en no pocas ocasiones han tenido enfrentamientos entre sus altos mandos, porque duplican sus funciones o “invaden” las atribuciones del otro.

Los celos y desconfianza que aún existen entre militares y marinos han bloqueado ésta reforma, que colocaría a nuestras fuerzas armadas en sintonía con la forma en que están organizados los principales ejércitos del mundo.

De entrada se crearía un Estado Mayor Conjunto, en que participen en igualdad de circunstancias representantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

Un comandante, de cualquiera de las tres armas, sería el encargado del Estado Mayor Conjunto durante dos años, y después pasaría la estafeta sucesivamente a comandantes de las otras dos armas.

Con ello, la Fuerza Aérea Mexicana ocuparía por fin el lugar que merece, sería independiente y dejaría de estar subordinada (presupuestal y administrativamente) del Ejército.

De acuerdo con especialistas nacionales y extranjeros, una condición para contar con unas fuerzas armadas capaces de garantizar la soberanía nacional, y en caso extremo, la seguridad interior, es que las tres armas actúen coordinadamente y con el mismo grado de responsabilidades.

Una vez reestructuradas las fuerzas armadas en un sola Secretaría, se abriría la puerta para la designación de un ministro de la Defensa civil, que se encargue de las cuestiones administrativas y del manejo político de la institución. Dejando a los soldados de tierra, aire y mar la parte operativa.

Un ministro de la Defensa civil serviría incluso como “pararrayos” para que él se haga cargo de las comparecencias, encuentros y diálogos con el congreso y representantes de los sectores sociales. Dejando así a los militares y marinos a que se dediquen a sus labores, sin la molestia que les causa interactuar con civiles, sobre todo, con quienes son críticos a la labor de los soldados y marinos fuera de los cuarteles.

Los mandos castrenses saben que es urgente reestructurar a las fuerzas armadas y rediseñarlas después de más de 100 años de existencia. Sin embargo, saben que cambios de ese calado, necesariamente afectarán estructuras y privilegios que se han enquistado en las fuerzas armadas en los últimos años.

La Suprema Corte lejos de los reflectores
En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha atraído la atención por la resolución de asuntos controvertidos. Pero cada vez son más comunes los asuntos que llegan al máximo tribunal que tienen que ver con la equidad de género, protección a los derechos humanos y en los que se busca el interés superior del niño.

En días pasados, la primera sala conoció un amparo en contra del articulo 373 del Código Civil del Estado de Veracruz, que establece que se pierde la patria potestad “cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal…”.

De entrada el razonamiento del artículo pareciera lógico e irrefutable, sin embargo, el ministro José Ramón Cossío Díaz se pronunció por la inconstitucionalidad de la norma, por los términos “absolutos” del artículo referido e hizo un llamado a los legisladores a revisar este tipo de leyes en los que está en juego el bienestar de los menores.

En este asunto, una mujer que ejerce la prostitución demandó la patria potestad de su hijo, la cual le fue negada por el juez de la causa con la aplicación a rajatabla de la ley la primera sala de la Corte validó la decisión.

Cossío se quedó solo y exhortó a los legisladores a aprobar leyes más flexibles, más humanas, más cercanas a la gente. Pero los ministros tienen la responsabilidad de enseñar con el ejemplo. Información de Jesús Aranda, Publicado: 07/06/2013 11:59. Jesús Aranda, reportero del periódico La Jornada, [email protected], http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/06/07/115952414-justicia-y-milicia-necesaria-una-reforma-para-las-fuerzas-armadas