Cada día ocurren episodios más tristes en esta España nuestra. Sin embargo, el más lamentable de todos se ha dado en Cataluña, cuando los representantes de la Generalitat han dejado claro que no piensan obedecer una sentencia judicial que obliga a reconocer el español como lengua vehicular, junto al catalán, en sus aulas. ¡Hasta dónde hemos llegado!
Una administración pública que forma parte esencial de la estructura del Estado se niega a cumplir la ley. Uno piensa que la autoridad oficial es la garante del buen funcionamiento de la sociedad, que para eso la han elegido los ciudadanos. Pero no, vemos como no. Vemos cómo unos representantes públicos, que ostentan la soberanía ciudadana, incumplen con las normas más básicas dictadas por el elemento fundamental en que se articula cualquier comunidad humana perteneciente a una civilización moderna y decente: la Justicia.
Si fuera ciudadano catalán me negaría a pagar impuestos a unos declarados e irresponsables insumisos. Sería insumiso de los insumisos, y con toda la lógica del mundo. ¿Quién me va a reclamar que cumpla la ley? ¿El cantamañanas que se pasa la misma por la entrepierna?
Con la que está cayendo, sencillamente, da asco una parte muy amplia de la clase política española. Y en esa clase política nauseabunda-nacional, por supuesto, están incluidos los politicastros que no se sienten españoles pero que reciben su sueldo y su condición por ser parte de la administración pública española.
¿Y qué hacen los representantes de la más alta autoridad política, que es, salvo que lo diga Alemania, el Gobierno? ¿Qué hacen gente como Chacón, Jáuregui o Caamaño? ¡Apoyar a los insumisos! ¡Y son ministros del Gobierno de España! ¡Pues que se vayan al cuerno los cómplices de los insumisos! Ante una crisis que está desgarrando al país, su falta de respeto por lo más mínimo hace imposible la confianza en que nos vayan a sacar del pozo.
¡¿Hasta cuándo debemos seguir aguantando este vodevil?!
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA
