Hoy, 9 de agosto de 2025, la crisis en Oriente Próximo ha entrado en una fase decisiva. El gabinete de seguridad israelí aprobó esta madrugada el plan del primer ministro Benjamín Netanyahu para extender la ofensiva militar y ocupar la Ciudad de Gaza, núcleo urbano donde aún se concentran fuerzas de Hamás y un millón de civiles palestinos. La decisión, que llega tras semanas de intensos debates internos y presiones externas, marca un punto de inflexión en el conflicto y pone sobre la mesa nuevos interrogantes sobre el futuro político y humanitario del enclave.
La aprobación del plan se produjo tras más de diez horas de reunión, en un contexto de gran división interna tanto en el gobierno como en las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI). El objetivo declarado es claro: «derrotar a Hamás» y garantizar que el movimiento islamista no pueda volver a amenazar a Israel desde Gaza. Sin embargo, la estrategia para el «día después» sigue siendo difusa y genera incertidumbre tanto dentro como fuera del país.
Los cinco principios del plan israelí
Según ha trascendido del comunicado oficial, el plan se asienta en cinco pilares:
- Desarme completo de Hamás.
- Retorno de todos los rehenes, vivos o fallecidos.
- Desmilitarización total de la Franja.
- Control israelí de la seguridad en el territorio.
- Establecimiento de una administración civil alternativa no vinculada ni a Hamás ni a la Autoridad Palestina.
El perímetro de seguridad será clave. Israel pretende mantenerlo hasta transferir el control del enclave a un gobierno civil que garantice que Gaza no volverá a ser una amenaza directa. Netanyahu insiste: “No queremos anexionar ni gobernar Gaza; buscamos asegurar nuestra frontera y entregar la gestión a fuerzas árabes o a una administración aceptable”.
Netanyahu: “Liberaremos Gaza de Hamás, no queremos ocuparla”
Las palabras del primer ministro han sido reiterativas: “No tenemos intención de anexionar Gaza. No queremos gobernarla”. Netanyahu sostiene que la presencia militar será temporal y limitada al tiempo necesario para garantizar los objetivos estratégicos. La idea sería transferir después la administración diaria del enclave a actores árabes o internacionales capaces de asegurar tanto los intereses israelíes como una vida digna para los gazatíes.
Este discurso busca calmar tanto al público internacional como al nacional, especialmente ante las crecientes críticas por el riesgo humanitario y las posibles consecuencias políticas y económicas. Sin embargo, muchos observadores dudan sobre la viabilidad real de encontrar un socio local o regional dispuesto —y capacitado— para tomar las riendas tras una operación militar tan devastadora.
Oposición interna e internacional
Dentro de Israel, la decisión ha generado controversia. Altos mandos militares han advertido del peligro que supone para los rehenes aún retenidos por Hamás y del desgaste adicional que sufrirían las tropas. El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, ha manifestado públicamente sus reservas: “Estamos hablando de vidas humanas; cualquier acción debe tener en cuenta tanto la seguridad nacional como la integridad física de nuestros soldados y ciudadanos”.
Las familias de los rehenes han protestado abiertamente, temiendo que una operación ampliada ponga en peligro a sus seres queridos. El líder opositor Yair Lapid ha calificado el plan como “un desastre que puede conducir a más muertes y al colapso político”, acusando al primer ministro de dejarse llevar por las presiones de ministros ultranacionalistas.
En el ámbito internacional, la reacción tampoco se ha hecho esperar. Naciones Unidas y varias ONG alertan sobre las consecuencias humanitarias catastróficas si continúa la ofensiva sobre zonas densamente pobladas. La comunidad internacional teme que este paso agrave aún más la crisis alimentaria, sanitaria y política en Gaza.
Contexto reciente: negociaciones estancadas y presión social
La escalada militar llega tras el fracaso reciente de las negociaciones para un alto el fuego entre Israel y Hamás. El estancamiento diplomático ha reforzado entre algunos sectores israelíes la idea de que sólo una acción contundente puede garantizar la liberación de los rehenes y evitar nuevos ataques desde Gaza.
Mientras tanto, crece en Israel un movimiento social contrario a seguir ampliando la operación sin garantías claras para los rehenes ni un plan concreto para el día después. Las protestas se suceden ante edificios gubernamentales y bases militares.
Perspectivas futuras: ¿administración civil alternativa?
Una pregunta clave es quién podría asumir realmente el control administrativo tras una retirada militar israelí. Netanyahu menciona “fuerzas árabes” o una “administración civil alternativa”, pero ni Egipto ni otros países árabes han mostrado disposición pública a asumir ese papel en las actuales condiciones. La Autoridad Palestina también queda descartada por el propio gobierno israelí.
El riesgo es evidente: si no se logra establecer rápidamente una autoridad legítima y eficaz, Gaza podría caer en un vacío político aún más peligroso, con repuntes violentos o incluso la aparición de nuevas facciones armadas.
Coste económico y humano
El coste económico previsto es enorme. Analistas estiman que sostener operaciones militares prolongadas y controlar indirectamente un territorio tan hostil requerirá decenas de miles de millones, además del impacto humano directo sobre soldados israelíes y población palestina.
Por su parte, organizaciones humanitarias advierten que cualquier expansión militar sin garantías reales para los civiles solo agravará una situación ya crítica: escasez extrema de agua potable, alimentos, medicamentos y refugio seguro.
El escenario que se dibuja hoy es uno donde todas las opciones son complejas y arriesgadas. Israel busca erradicar a Hamás sin quedarse con Gaza; sin embargo, ninguna solución parece sencilla ni inmediata. La evolución dependerá tanto del desarrollo sobre el terreno como —quizá aún más— del éxito o fracaso al articular una solución política creíble para el futuro del enclave palestino.
