Amnistía Internacional denunció hoy que la represión contra los disidentes continúa en Irán un año después de la reelección de Mahmud Ahmadineyad como presidente de este país, tras la cual se desencadenó una oleada de protestas que llevó a la cárcel a decenas de manifestantes.
Cuando quedan tres días para el primer aniversario de la reelección de Ahmadineyad, ganador en las elecciones presidenciales del 12 de junio de 2009, Amnistía documenta, en su informe «Desde la protesta a la prisión. Irán: Un año después de la elección, un aumento de las medidas represivas contra la disidencia, que mantienen en prisión a periodistas, estudiantes, activistas políticos y de derechos humanos y líderes religiosos.
Además, abogados, académicos, ex presos políticos y miembros de las minorías étnicas y religiosas iraníes se han visto afectados por la expansión de la oleada represiva, que ha desembocado en casos generalizados de tortura y otros malos tratos, junto con ejecuciones por motivos políticos.
El informe recoge que centenares de personas siguen detenidas por su participación en las protestas de junio del año pasado por expresar opiniones discrepantes, y el encarcelamiento de ciudadanos se ha convertido en algo cotidiano dentro de un «sistema de puerta giratoria» de arrestos y detenciones en expansión.
El secretario general provisional de Amnistía Internacional, Claudio Cordone, afirmó que «el Gobierno iraní está decidido a silenciar todas las voces disidentes, al mismo tiempo que trata de evitar todo examen riguroso por la comunidad internacional de las violaciones relacionadas con los disturbios ocurridos tras las elecciones».
Cordone criticó la «absurda postura» del Gobierno iraní de que no se había cometido «prácticamente ninguna violación» en el país cuando presentó su informe al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y exhortó al Ejecutivo de Ahmadineyad a que permita que expertos de Naciones Unidas visiten Irán.
Instó a las autoridades iraníes a que erradiquen «esta campaña de miedo que tiene como objetivo aplastar hasta la más leve oposición al Gobierno».
«Las autoridades iraníes culpan a todos salvo a ellas mismas de los disturbios, pero no están mostrando ningún respeto hacia sus propias leyes, que prohíben la tortura y otros malos tratos de todos los detenidos», apostilló.
El informe recoge casos de personas detenidas pertenecientes a minorías étnicas y otros que permanecen incluso meses en régimen de incomunicación, lo que propicia la tortura.
