La situación electoral en Venezuela vuelve a poner de manifiesto la profunda crisis institucional y de credibilidad que vive el país.
La reciente declaración del presidente chileno, Gabriel Boric, no hace más que confirmar lo que muchos ya sospechaban: la sombra de un fraude electoral se cierne sobre los comicios presidenciales del 28 de julio.
Boric fue claro al señalar que Chile no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, una posición que, aunque valiente, no sorprende, dado el historial de irregularidades en las elecciones venezolanas.
La falta de transparencia y las maniobras del régimen de Maduro para perpetuarse en el poder son ya un patrón conocido. La ausencia de las actas de votación y la decisión de llevar el caso al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en lugar de permitir una auditoría independiente, son indicios claros de un proceso viciado. La comunidad internacional, y en especial América Latina, no pueden seguir mirando hacia otro lado.
Es preocupante que, a pesar de las graves denuncias, algunos líderes de la región mantengan una postura ambigua o conciliadora. Es el caso del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien intenta balancear la exigencia de transparencia con la preservación de canales de diálogo con Maduro. Sin embargo, ¿es posible dialogar con un régimen que no respeta las reglas básicas de la democracia? La historia reciente de Venezuela sugiere que no.
El ejemplo de Chile debe ser seguido por otros países.
Boric ha señalado que su país solo reconocerá resultados avalados por organismos internacionales independientes, un estándar mínimo en cualquier democracia que se precie.
La falta de independencia de las instituciones venezolanas es evidente, y reconocer resultados bajo estas condiciones sería un error que perpetuaría la crisis.
No es la primera vez que Maduro recurre a estrategias cuestionables para invalidar procesos electorales. En 2015, desconoció la victoria de la oposición en las elecciones legislativas, lo que llevó a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente paralela, diseñada para consolidar su poder. Ahora, la historia parece repetirse, pero con un agravante: la crisis humanitaria y la represión política en Venezuela han alcanzado niveles inaceptables.
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la persecución de líderes opositores no pueden ser ignoradas. La represión de las manifestaciones y las acusaciones penales infundadas son estrategias típicas de un régimen desesperado por mantener el control. Es imperativo que la comunidad internacional adopte una postura firme y coherente ante esta situación.
La respuesta del canciller venezolano, Yvan Gil, acusando a Boric de estar «a la derecha de Milei» y de encabezar un «gobierno pinochetista y golpista», no es más que una muestra de la desesperación del régimen por desacreditar a quienes cuestionan sus acciones. Estas declaraciones no deben desviar la atención de lo verdaderamente importante: la necesidad de transparencia, respeto a la democracia y protección de los derechos humanos en Venezuela.
En resumen, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de exigir un proceso electoral limpio y justo en Venezuela. Reconocer un resultado basado en evidentes irregularidades sería legitimar un régimen que ha demostrado una y otra vez su desprecio por la voluntad popular y los principios democráticos. La declaración de Chile es un paso en la dirección correcta, pero es necesario que otros países se sumen a esta postura para presionar por un cambio real en Venezuela.
