Este domingo, 13 de abril de 2025, el caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado por error a una prisión en El Salvador, continúa generando polémica.
Su situación ha puesto en tela de juicio las prácticas migratorias de Estados Unidos y la política exterior hacia Centroamérica.
Abrego fue deportado el 15 de marzo a pesar de contar con protección legal desde 2019 que impedía su retorno al país centroamericano debido a amenazas de pandillas locales, especialmente del Barrio 18.
Desde entonces, se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT), una prisión conocida por sus duras condiciones y destinada a miembros de pandillas como la MS-13.
La jueza federal Paula Xinis ha exigido al gobierno estadounidense «tomar todas las medidas posibles» para facilitar su regreso.
Sin embargo, hasta ahora, las autoridades han argumentado dificultades logísticas y legales para cumplir con esta orden, lo que ha generado tensiones tanto en los tribunales como en la opinión pública. Las acusaciones del gobierno hacia Abrego, que lo vinculan con la pandilla MS-13, carecen de pruebas claras según sus abogados. Este detalle ha alimentado aún más la controversia sobre su deportación.
El contexto: la lucha contra el MS-13
La Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, es una organización criminal transnacional originada en Los Ángeles durante los años 80. Formada inicialmente por inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil, se ha expandido a nivel global, convirtiéndose en una red delictiva que opera en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Sus actividades abarcan desde tráfico de drogas y armas hasta asesinatos y extorsión. La violencia extrema es uno de sus sellos distintivos, lo que les ha ganado notoriedad internacional.
En países como El Salvador, la MS-13 ha sido objeto de duras políticas represivas bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Desde 2022, miles de presuntos pandilleros han sido encarcelados como parte del régimen de excepción instaurado para combatir a estas organizaciones. Aunque estas medidas han reducido significativamente los índices de homicidios en el país, también han suscitado críticas por violaciones a los derechos humanos, especialmente en cárceles como el CECOT, donde actualmente se encuentra Kilmar Abrego.
Una deportación cuestionada
El caso de Abrego destaca porque pone en evidencia fallos sistémicos en las políticas migratorias estadounidenses. A pesar de contar con un permiso laboral válido y estar integrado legalmente en Estados Unidos como aprendiz de soldador, fue detenido arbitrariamente cerca de su hogar en Maryland mientras cuidaba a su hijo autista. Según su defensa, su deportación estuvo basada en una declaración no corroborada que lo vinculaba con la MS-13. Sin embargo, no hay registros judiciales que respalden estas acusaciones.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que deportar a alguien bajo estas condiciones equivale a una sentencia a riesgo grave o incluso muerte. En El Salvador, las cárceles como el CECOT albergan principalmente a miembros confirmados o sospechosos de pertenecer a pandillas. Según informes recientes, las condiciones dentro del centro son extremas y se caracterizan por hacinamiento y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Por su parte, la familia de Abrego sigue luchando por su regreso. Su esposa, Jennifer Vásquez Sura, ha calificado esta experiencia como una «montaña rusa emocional» y asegura que no descansará hasta verlo nuevamente en casa junto a sus hijos.
Implicaciones políticas y diplomáticas
El caso también tiene ramificaciones diplomáticas significativas entre Estados Unidos y El Salvador.
Mientras Washington intenta corregir este «grave error administrativo», enfrenta obstáculos debido a la custodia soberana que El Salvador ejerce sobre Abrego. Además, surgen preguntas sobre si acuerdos previos entre ambos países—como los negociados bajo las administraciones Trump y Bukele para deportar pandilleros al CECOT—han facilitado casos como este.
La situación también reaviva el debate sobre cómo abordar eficazmente problemas como el pandillerismo sin criminalizar injustamente a personas inocentes ni violar sus derechos fundamentales. En este sentido, expertos argumentan que etiquetar indiscriminadamente a individuos como miembros de pandillas puede tener efectos contraproducentes al perpetuar ciclos de exclusión social y criminalización.
¿Qué sigue?
A medida que el caso avanza en los tribunales estadounidenses, se espera mayor presión sobre las autoridades para garantizar no solo el regreso seguro de Kilmar Abrego sino también reformas significativas en los procedimientos migratorios para evitar errores similares en el futuro. Asimismo, queda por ver cómo responderá El Salvador ante las solicitudes internacionales para liberar a Abrego o trasladarlo fuera del controvertido CECOT.
Mientras tanto, este caso sirve como un recordatorio contundente del impacto humano detrás de decisiones administrativas erróneas y políticas migratorias fallidas. Al centro del debate están no solo los derechos individuales sino también cuestiones más amplias sobre justicia social y responsabilidad gubernamental frente a poblaciones vulnerables.
