Este martes, 22 de abril de 2025, el escenario diplomático latinoamericano ha sido sacudido por el último cruce entre Nicolás Maduro y Nayib Bukele. La propuesta de intercambio de prisioneros —252 venezolanos deportados a El Salvador por igual número de «presos políticos» detenidos en Venezuela— ha destapado no solo viejas heridas entre ambos mandatarios, sino también la compleja realidad migratoria y política que atraviesa la región.
La oferta pública de Bukele, transmitida a través de la red social X, se presentó como un acuerdo «humanitario». El presidente salvadoreño argumentó que todos los venezolanos bajo custodia en El Salvador fueron detenidos como parte de operativos contra bandas criminales, como el Tren de Aragua, tras ser deportados desde Estados Unidos. En palabras del propio Bukele: “Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene”.
La reacción del mandatario venezolano no se hizo esperar. Maduro calificó la propuesta como «completamente ilegítima, ilegal y abusiva», rechazando rotundamente cualquier posibilidad de acuerdo y acusando a Bukele de intentar aprovecharse políticamente del drama migratorio. Además, Maduro insistió en que en Venezuela no existen presos políticos, sino personas condenadas por delitos comunes.
Contexto reciente y antecedentes
Las relaciones entre Venezuela y El Salvador ya venían marcadas por tensiones políticas. La administración salvadoreña se ha alineado con las políticas estadounidenses en materia migratoria, aceptando en poco más de un mes a casi 300 deportados, la mayoría venezolanos, enviados desde Estados Unidos tras operativos contra el crimen organizado. Estas cifras han generado preocupación tanto en organismos humanitarios como en gobiernos vecinos.
En paralelo, organizaciones internacionales siguen denunciando la existencia de cientos —si no miles— de opositores detenidos en Venezuela bajo cargos considerados arbitrarios o fabricados. El gobierno chavista sostiene lo contrario: para Caracas, se trata exclusivamente de delincuentes comunes procesados conforme a la ley.
Por su parte, Bukele subrayó que El Salvador “no tiene presos políticos”, diferenciando su situación interna del régimen venezolano. El mensaje iba dirigido tanto a Maduro como a la opinión pública internacional, buscando enfatizar un contraste entre los modelos políticos salvadoreño y venezolano.
Estrategias cruzadas y percepciones internacionales
El trasfondo del intercambio propuesto es más complejo que una simple negociación bilateral:
- Para Bukele, la oferta sirve para mostrar firmeza ante el crimen organizado internacional mientras refuerza su imagen ante Washington.
- Para Maduro, aceptar semejante trato supondría reconocer indirectamente la existencia de presos políticos en Venezuela, algo que rechaza categóricamente.
La respuesta venezolana ha ido más allá del simple rechazo. En declaraciones recientes, Maduro ha utilizado términos duros para referirse a Bukele, intensificando aún más la disputa diplomática. Esta escalada verbal también responde al creciente escrutinio internacional sobre derechos humanos en Venezuela.
Algunos gobiernos latinoamericanos han reaccionado con cautela. Desde Argentina, por ejemplo, se ha calificado la idea como “interesante”, aunque no fue consultada previamente y las relaciones bilaterales con Caracas siguen rotas desde agosto pasado.
¿Qué puede ocurrir ahora?
El canje planteado parece inviable en el corto plazo. Sin embargo, deja varias cuestiones abiertas:
- Visibiliza ante la comunidad internacional el drama de los migrantes venezolanos atrapados entre fronteras.
- Refuerza el debate sobre el uso político del encarcelamiento tanto dentro como fuera de Venezuela.
- Suma presión sobre Caracas respecto al trato a disidentes y opositores.
Mientras tanto, las familias tanto de los migrantes deportados como las de los opositores encarcelados ven cómo sus destinos se convierten en moneda política. Es probable que ambos gobiernos utilicen este episodio para reforzar sus discursos internos: Bukele para exhibir resultados contra el crimen transnacional; Maduro para denunciar injerencias extranjeras y negar cualquier tipo de persecución política.
Un pulso que trasciende fronteras
Este último enfrentamiento evidencia cómo las crisis migratoria y política latinoamericanas están cada vez más interconectadas. La instrumentalización mediática y diplomática del caso revela hasta qué punto los derechos humanos pueden quedar supeditados al juego geopolítico regional.
A día de hoy, ni Caracas ni San Salvador parecen dispuestos a ceder terreno. El diálogo formal sigue bloqueado y las posturas se endurecen ante la presión internacional. La situación recuerda que las soluciones humanitarias reales siguen pendientes mientras los líderes emplean retórica dura para defender sus agendas nacionales.
El pulso entre Maduro y Bukele añade una nueva capa al laberinto latinoamericano: una donde migración, derechos humanos y poder político se entrelazan sin visos claros de resolución inmediata.
