La cuestión no es menor. La mera mención a la prohibición de un partido político resuena en los cimientos del sistema democrático español. Pero, ¿de dónde surge este renovado empeño y qué opciones reales existen para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios lleven esta propuesta hasta el mismísimo Boletín Oficial del Estado?
La chispa saltó esta semana cuando Alberto Ibáñez, diputado de Compromís integrado en el grupo parlamentario Sumar, propuso abiertamente «la ilegalización del fascismo de Vox», aludiendo al artículo 10 de la Ley de Partidos. Según Ibáñez, la estrategia comunicativa del partido liderado por Santiago Abascal encajaría en los supuestos que permiten la disolución de formaciones políticas: actividades graves y reiteradas contra los principios democráticos o que busquen destruir el régimen de libertades.
No es casualidad que este debate resurja tras los incidentes recientes en Torre Pacheco (Murcia) y otras localidades donde la inmigración irregular está en el centro del discurso político. Vox ha endurecido sus propuestas sobre expulsiones y restricciones a regularizaciones masivas, mientras denuncia la «dejadez» del Gobierno frente a lo que califica como inseguridad ciudadana creciente. Por su parte, Sumar y otros aliados del Ejecutivo niegan cualquier vínculo entre migración ilegal y delincuencia e insisten en que atribuirlo responde a estrategias “coordinadas” para fomentar el caos social.
La polémica se amplifica aún más porque Vox atraviesa uno de sus mejores momentos electorales: algunas encuestas sitúan a favor de deportaciones masivas hasta al 70% del electorado español. En este caldo de cultivo, cualquier movimiento para apartar a Vox del tablero sería interpretado por sus seguidores —y no pocos votantes desencantados— como una maniobra antidemocrática.
Este renovado empuje de la izquierda responde al deseo de frenar el auge del partido verde y al mismo tiempo, generar una distracción más para tapar la corrupción nauseabunda del Gobierno, partido y círculo íntimo de Sánchez.
Polarizar aún más a una sociedad ya tensionada es una de las principales estrategias de Moncloa. Achacar a Vox el problema de Torre Pacheco y abrir la puerta a una posible ilegalización de los de Abascal, busca precisamente eso.
¿Qué dice la Ley de Partidos?
¿Podría llegar a BOE una medida así? Legalmente es improbable sin un consenso judicial abrumador y pruebas fehacientes. Políticamente, supondría abrir una caja de Pandora: polarizar aún más a una sociedad ya tensionada y ofrecer a Vox una narrativa victimista casi imbatible.
La Ley Orgánica 6/2002, conocida como Ley de Partidos Políticos, prevé en su artículo 10 la disolución judicial de aquellas formaciones que «de forma reiterada y grave» vulneren los principios democráticos o persigan eliminar el sistema democrático. No obstante, su aplicación ha sido históricamente restrictiva —el caso más conocido es el de Batasuna— y requeriría una acumulación probatoria sólida y un procedimiento judicial garantista.
Por mucho que se agite este fantasma desde sectores progresistas, voces autorizadas recuerdan que «con la ley actual es difícil» llevar a término semejante proceso. Incluso analistas afines a posiciones críticas con Vox reconocen que en Europa existen partidos aún más radicales —véase Alternativa por Alemania— y no se ha optado por su ilegalización.
Este y otros temas de actualidad son tratados por Alfonso Rojo en el ’24×7′ de este jueves, 17 de julio, junto al portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster.
