¡Maldita hemeroteca!
Silvia Intxaurrondo está que no vive desde la media mañana del 24 de febrero de 2026.
La presentadora de ‘La Hora de La 1‘ (TVE) tuvo que tragarse su encendida defensa de Mónica Oltra a la que, una vez más, la vuelven a requerir para sentarse en el banquillo de los acusados por haber encubierto los abusos sexuales de su exmarido hacia una menor tutelada.
Durante meses, especialmente en los momentos más duros de la instrucción, la presentadora de ‘La Hora de La 1’ Silvia Intxaurrondo se convirtió en una de las voces más visibles en la defensa cerrada de Mónica Oltra.
En varias ocasiones calificó el caso como un claro ejemplo de lawfare (guerra judicial) orquestado por la derecha para destruir a una política progresista y feminista. Llegó a cuestionar la motivación de las acusaciones populares y a presentar a Oltra como víctima de una persecución política implacable.
“Cuando pensamos en que una denuncia de ese tipo busca dañar la reputación, a mí me viene a la cabeza el caso de Mónica Oltra. Es decir, se la llevaron por delante, la denuncia quedó en nada pero claro, han apeado a un rival político”. 🎼🎻 https://t.co/heOEnS7xZN pic.twitter.com/apJWnceOyx
— Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) February 24, 2026
Ahora, con la Audiencia Provincial de Valencia —un órgano colegiado y no un juez instructor aislado— ordenando explícitamente el juicio oral, esas defensas públicas quedan seriamente cuestionadas.
La presentadora, que en más de una ocasión utilizó su plataforma en TVE para desacreditar la causa, tendrá que enfrentarse a la realidad judicial: Oltra se sentará en el banquillo y tendrá que responder ante un tribunal por unos hechos que la propia Audiencia considera que no pueden descartarse como delictivos.
El caso se remonta a los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Oltra, el educador Luis Ramírez Icardi, sobre una menor tutelada por la Generalitat. El hombre ya fue condenado en sentencia firme a cinco años de prisión por abuso sexual continuado a menor de 16 años. Lo que ahora se juzgará es la presunta gestión política y administrativa que hizo el equipo de Oltra para, supuestamente, minimizar, retrasar o encubrir la investigación interna y la denuncia.
