Tras el archivo de la querella contra el Delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por su supuesto desconocimiento del riesgo sanitario de las manifestaciones feministas del 8 de marzo, tal y como dictaba el auto de la juez que lo investigaba, la líder de Movimiento por España, Pilar Gutiérrez, conocida mediáticamente como ‘la mujer más franquista de España’, ha presentado ante el Tribunal Supremo una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de ministros implicados en la gestión de la crisis sanitaria por entender que ellos “sí tenían conocimiento de la gravedad de la pandemia”.
La denuncia afecta al propio Sánchez, a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias o a los ministros de Sanidad, Salvador Illa e Igualdad, Irene Montero, entre otros. De hecho, el texto de demanda hace especial hincapié a que se hubiesen “permitido igualmente otras manifestaciones y eventos multitudinarios la semana anterior al 8 de marzo sin advertir a los convocantes de su peligrosidad”.
Según los denunciantes ante el Supremo, “para más escarnio, ese riesgo sí fue advertido al personal de los ministerios la primera semana de marzo”, situación que demostraría que sí había conocimiento de la gravedad de la Covid-19.
Los argumentos presentados ante el Tribunal Supremo de la entidad presidida por Gutiérrez son contundentes: “Todo ello hace sospechar una posible intencionalidad en la propagación masiva del virus, como hemos expuesto en nuestra denuncia, más allá de la supuesta negligencia gubernamental, teniendo en cuenta además las posteriores confiscaciones de material sanitario y su desabastecimiento en centros sanitarios y geriátricos, amén de la adquisición reincidente de material defectuoso y sin advertir de ello a los sanitarios”.
Según han explicado fuentes de Movimiento por España a Periodista Digital, “una vez más ponemos en manos de la Justicia la supervivencia del Estado de Derecho y de la salud de los españoles, confiando en su responsabilidad e integridad”.
Fuentes judiciales han asegurado a PD que el Alto Tribunal ha admitido a trámite la denuncia que conlleva penas de hasta 12 años de cárcel por delitos como el de la negligencia profesional con resultado de muerte, homicidios imprudentes o prevaricación administrativa.
