La paz en Moncloa -y en La Mareta- ha saltado por los aires por la adjudicación por parte del Ministerio del Interior de un contrato de 12,3 millones de euros a Huawei para la gestión y almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales, datos sensibles que afectan a la seguridad del Estado.
Ya en junio de 2023 la Comisión Europea dejó negro sobre blanco, con un tamaño de letra perfectamente legible, que Huawei y ZTE presentan «riesgos sustancialmente más altos» que el resto de proveedores de 5G y dejó una recomendación inequívoca: «Aplicar restricciones o excluir» a la empresa china.
En el argot de la diplomacia comunitaria, eso equivale a apretar el botón de alarma.
El Partido Popular (PP) ha aprovechado la ocasión para lanzar duras acusaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que la decisión está motivada por los “vínculos” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con la República Popular China y, por extensión, con la multinacional tecnológica asiática.
Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha ofrecido cuatro datos que dejan mal parado al gurú político del marido de Begoña. “La primera vez que el Gobierno contrató con Huawei fue en 2004, gobernando Zapatero”, recordando además que el actual jefe de seguridad de Huawei en España, Segundo Martínez, fue responsable de seguridad en La Moncloa durante los gobiernos socialistas de Zapatero.
Otro detalle que no se le escapa a la popular es que la empresa de las hijas de Zapatero contrató en 2021 con la empresa china.
Finalmente, recuerda que la empresa que lleva los asuntos públicos de Huawei en Espala es la firma de Pepiño Blanco.
Para Ezcurra, no se trata sólo de amiguismos: “es una cuestión de seguridad nacional”.
No es una broma o u detalla menor: La Academia General del Aire en San Javier (Murcia), la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) y los edificios de la Unidad Militar de Emergencia (UME), entre otras instalaciones militares, están vigilados por cámaras de las empresas chinas Hikvision y Dahua.
La tecnología de estas dos compañías chinas, vinculadas al Gobierno de Pekín, que ha sido vetada desde hace años en Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido, está presente en instalaciones militares, ministerios, controla la red ferroviaria e incluso los accesos a la Moncloa.
Una relación con historia
La historia de los contratos entre la administración española y Huawei arranca, según el relato popular, en los primeros años del mandato de Zapatero, cuando la empresa china comenzó a tejer una red de contactos en la administración pública. El PP insiste en que el “zapaterismo” ha servido de pasarela para que la compañía lograse una posición privilegiada en España, a pesar de las advertencias de la Unión Europea y Estados Unidos sobre los riesgos de espionaje inherentes a la tecnología de Huawei. No es la primera vez que el expresidente aparece señalado por sus supuestas conexiones con el gigante asiático: en 2021, la empresa de las hijas de Zapatero firmó contratos con Huawei, coincidiendo con la contratación de Víctor de Aldama como asesor externo de la tecnológica, a razón de 12.000 euros mensuales.
Para añadir más leña al fuego, el propio Segundo Martínez, ahora jefe de seguridad de Huawei en España, desempeñó ese mismo cargo en La Moncloa bajo Zapatero, alimentando las sospechas de “puertas giratorias” que tanto indignan a la opinión pública española.
El contrato bajo la lupa internacional
El acuerdo no solo ha generado un terremoto político interno; también ha provocado un notable malestar en Washington, que ha trasladado su preocupación al Gobierno español por considerar a Huawei una potencial amenaza para la seguridad occidental. En Estados Unidos y buena parte de la Unión Europea, la compañía está vetada en infraestructuras críticas debido a la sospecha —no confirmada, pero tampoco desmentida con rotundidad— de que colabora con los servicios de inteligencia chinos, como exige una ley del gigante asiático aprobada en 2017.
Las alarmas saltaron a ambos lados del Atlántico cuando se supo que Huawei gestionará las escuchas de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros organismos públicos. El temor radica en que, bajo la legislación china, cualquier empresa de ese país debe facilitar a las autoridades la información que requieran, incluso si se encuentra almacenada fuera de sus fronteras.
El Congreso estadounidense ha pedido a la directora nacional de inteligencia que revise la política de intercambio de información con Madrid para evitar posibles filtraciones al Partido Comunista Chino. Mientras tanto, Bruselas observa el asunto con creciente inquietud, en un contexto en el que las relaciones entre la UE y China atraviesan momentos de tensión.
¿Qué le debe Zapatero, Sánchez y el PSOE a China? pic.twitter.com/2haqpKX9n8
— Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) August 5, 2025
El Gobierno se defiende: “Demagogia” y garantías
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha salido al paso de las críticas defendiendo que todas las comunicaciones y la ciberseguridad en España están “totalmente garantizadas y a los más altos estándares europeos”. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de “demagogia” las acusaciones de la oposición y ha insistido en que España no tiene que atender “advertencias de terceros”, en clara referencia a Estados Unidos y la UE.
Desde el Ministerio del Interior se asegura que la adjudicación cumple con el Esquema Nacional de Seguridad y que los sistemas de almacenamiento de Huawei no suponen “ningún riesgo para la seguridad”, ya que toda la información almacenada “pertenece al cliente y está a su exclusiva disposición”. Huawei, por su parte, mantiene que sus productos cumplen estrictamente con la normativa española y europea, y que el hardware contratado —OceanStor Dorado— “no tiene acceso a los datos del cliente”.
Las aristas del caso: ciberseguridad, puertas giratorias y lobbies
A la controversia política se suman las advertencias de expertos en ciberseguridad, que consideran “irresponsable desoír a Bruselas” y señalan que la gestión de datos sensibles por parte de una empresa bajo la órbita del régimen chino plantea riesgos inasumibles para la seguridad nacional. En palabras de un experto consultado por medios nacionales, “no hay ninguna garantía de que la información almacenada no pueda ser objeto de vigilancia o acceso por parte de terceros”, lo que pone en entredicho la fiabilidad de los sistemas contratados.
El caso se complica aún más con la aparición de nombres conocidos en el entorno de Huawei en España. La reunión entre la dirección de la tecnológica y el ministro Miquel Iceta tras la contratación de Aldama como asesor externo —y la mención del ‘marido’ de Iceta en las notas de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes— ha alimentado la teoría de que el gigante chino maneja hábilmente el arte del lobby y el networking en las altas esferas españolas.
Reacciones políticas y parlamentarias
El PP ha anunciado una batería de preguntas parlamentarias y exige la comparecencia de los ministros de Defensa, Interior, Justicia y Exteriores para dar explicaciones por el contrato y los supuestos vínculos con el “zapaterismo”. Mientras tanto, el Gobierno trata de cerrar filas y proyectar una imagen de normalidad y cumplimiento normativo. En la trastienda, el debate sobre la soberanía tecnológica, la dependencia de proveedores extranjeros y la protección de datos sensibles sigue abierto y más candente que nunca.
Curiosidades y datos llamativos
- El contrato con Huawei no es el primero que la multinacional firma en España: en 2021, la empresa de las hijas de Zapatero también rubricó acuerdos con la tecnológica china.
- La empresa china ha sido vetada en infraestructuras críticas en Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, pero en España sigue accediendo a contratos públicos de alto valor estratégico.
- El producto adquirido, OceanStor Dorado, se utiliza para el almacenamiento masivo de datos y es uno de los más avanzados del mercado, aunque su control último siempre ha generado controversia por su origen chino.
- Segundo Martínez, jefe de seguridad de Huawei en España, fue durante años responsable de seguridad en La Moncloa bajo los gobiernos socialistas, lo que alimenta la teoría de las “puertas giratorias”.
- La ley china de 2017 obliga a todas las empresas, incluso fuera de China, a colaborar con sus servicios de inteligencia si así se les requiere, un detalle que no pasa desapercibido en el contexto actual de guerra fría tecnológica.
- El Gobierno insiste en que España cumple con los estándares de ciberseguridad más altos de la Unión Europea y que la información sensible está “blindada” frente a cualquier injerencia externa.
