Panda de mamarrachos.
La llegada de Ada Colau junto a otros 20 miembros de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Barajas ha desatado una intensa controversia política en España.
El Gobierno Sánchez ha decidido asumir con dinero público los gastos del viaje de regreso desde Israel, después de que los activistas fueran deportados, entre los que se encuentran la exalcaldesa de Barcelona y varios representantes de partidos izquierdistas.
Según el Ejecutivo, esta medida tiene como objetivo “agilizar” el retorno de los ciudadanos españoles que estaban bajo la custodia israelí.
La escena en Barajas fue todo menos tranquila.
A pie de pista, un equipo sanitario enviado por la ministra de Sanidad, Mónica García, aguardaba para evaluar posibles secuelas físicas o psicológicas que pudieran haber sufrido los deportados.
La ministra, presente en el recibimiento, defendió las acciones del Gobierno al afirmar que los activistas “han sido detenidos ilegalmente” y agradeció el respaldo social recibido en España.
El coste público y las reacciones políticas
- Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha confirmado que el pago por los vuelos responde a la necesidad de acelerar el regreso de los activistas y evitar retrasos burocráticos, algo que suele ocurrir en situaciones similares.
- Se estima que el coste total asciende a unos 8.000 euros, una cifra que ha generado críticas tanto desde la oposición como entre ciertos sectores de la opinión pública, quienes cuestionan el uso del dinero del contribuyente para facilitar el regreso de quienes participaron en una acción política polémica a nivel internacional.
En contraste, otros países europeos han dejado a sus ciudadanos la responsabilidad económica para su retorno, lo que ha intensificado la polémica en España. El Gobierno sostiene que su prioridad es “proteger a sus nacionales” y evitar prolongar situaciones riesgosas, especialmente tras las denuncias sobre supuestos malos tratos por parte del personal israelí.
Denuncias sobre malos tratos y protestas al llegar
Los relatos ofrecidos por los activistas a su llegada a España han avivado aún más el debate. Han denunciado haber sido “atados, golpeados y privados de agua y comida” durante su detención en Israel. Ada Colau no dudó en calificar a Israel como un “Estado fascista” y narró cómo a uno de sus compañeros le “quitaron el ventolín”, un medicamento vital para controlar el asma. La exalcaldesa también describió las condiciones carcelarias como “denigrantes”, con celdas incómodas y mensajes amenazantes escritos en las paredes.
Por su parte, la ministra Mónica García explicó que la asistencia médica en el aeropuerto tenía como finalidad verificar la salud de los deportados; sin embargo, dicha evaluación fue voluntaria y limitada a quienes decidieron solicitarla.
Acusaciones cruzadas y tensiones durante el regreso
La controversia va más allá del ámbito institucional. Al llegar al aeropuerto Barajas, decenas de simpatizantes recibieron al grupo con pancartas y cánticos en apoyo a Palestina. Entre los activistas y en redes sociales, algunos han lanzado insultos directos hacia la comunidad judía. Una pasajera conocida en las redes como “Barbie Gaza” protagonizó un vídeo donde profería graves insultos contra los judíos poco después del aterrizaje en Madrid, un hecho que ha suscitado duras críticas desde múltiples sectores políticos y sociales.
- El ministro de Cultura y Deportes, Ernest Urtasun, caracterizó la protesta y resistencia mostrada por los activistas como una “lección de dignidad”, incluso después del incidente donde se ultrajó la bandera española durante una manifestación.
- También se reportaron incidentes en Israel, incluyendo la detención de una española acusada de morder a una médica local que intentaba brindarle asistencia; este suceso ha sumado tensión al relato sobre la deportación.
Detalles del operativo y antecedentes recientes
La Global Sumud Flotilla zarpó desde Barcelona a finales de agosto con la intención declarada de entregar ayuda humanitaria a Gaza y visibilizar el bloqueo israelí. Sin embargo, las autoridades israelíes interrumpieron las embarcaciones alegando que no transportaban ayuda material efectiva y señalando un claro componente político detrás del acto.
Durante su retención, varios activistas españoles —entre ellos políticos y miembros de ONGs— denunciaron condiciones “inhumanas” dentro del sistema penitenciario israelí. Algunos iniciaron huelgas de hambre para protestar contra lo que consideran un “genocidio” en Gaza e instaron a un alto al fuego inmediato.
La gestión realizada por el Gobierno español ha estado acompañada tanto por críticas como por gestos solidarios. Mientras que tanto la ministra de Sanidad como el Ministerio de Exteriores han defendido tanto la repatriación como la asistencia brindada a los activistas, voces disidentes dentro del ámbito político cuestionan tanto el gasto público como el respaldo institucional hacia lo que consideran una acción “provocadora” con “alto riesgo diplomático”.
Gustos, exigencias y contradicciones
Algunos medios han resaltado las críticas provenientes de los activistas sobre las “sillas duras” disponibles en las celdas israelíes; esto ha dado pie a comentarios sobre sus “gustos burgueses” mientras se debate sobre la coherencia detrás su protesta. Estas contradicciones han complicado aún más el relato público e intensificado la polarización en redes sociales así como debates políticos.
El futuro inmediato para los 28 españoles aún retenidos en Israel permanece incierto. Desde el Gobierno afirman estar trabajando para lograr su repatriación rápida mientras continúan las miradas mediáticas enfocadas en cómo se gestionará este episodio. La tensión entre acción humanitaria y confrontación política sigue marcando un nuevo capítulo en las relaciones exteriores españolas frente al conflicto en Oriente Medio.
