Los del PSOE en general y Sánchez y Begoña en particular no le dicen la verdad ni al médico.
La esposa del presidente del Gobierno Frankenstein, se encuentra en el centro de una tormenta judicial tras confirmarse que habría falseado información ante el magistrado Juan Carlos Peinado respecto a los pagos que recibió por sus clases y su labor como directora del máster vinculado a la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En las actuaciones judiciales se detalla que Gómez negó tener ingresos por su trabajo al frente de la cátedra, una afirmación que ha resultado ser falsa gracias a documentos que demuestran pagos correspondientes a un total de 22 horas de docencia. Además, hay que recordar que Begoña Gómez no tiene ninguna titulación ni estudios que le permitan impartir clase a unos ‘alumnos’ que para poder matricularse en su chiringuito tenían que ser licenciados.
Este desliz se suma a otra declaración engañosa anterior: el 10 de septiembre, durante su declaración como imputada por malversación de fondos públicos, afirmó que su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, sólo le había ayudado «muy esporádicamente» y «excepcionalmente» con algunos correos electrónicos.
Sin embargo, el acta oficial del interrogatorio muestra que Gómez minimizó considerablemente la implicación real de esta funcionaria pública en sus asuntos privados.
Apenas seis días después, el exvicerrector Juan Carlos Doadrio presentó al juzgado 121 correos electrónicos intercambiados entre 2021 y 2024, más de treinta de los cuales provenían directamente de la cuenta personal de Álvarez.
Esta documentación proporcionada por Doadrio desmantela por completo la versión ofrecida por Gómez ante el juez. Las comunicaciones evidencian que Cristina Álvarez no se limitó a hacer colaboraciones puntuales; participó activamente en gestiones clave del máster: envío de adendas, redacción de borradores, corrección de erratas e incluso comentarios sobre las aportaciones económicas que debían ingresar las empresas patrocinadoras. En uno de esos correos, la asesora se puso en contacto directamente con la empresa Reale para asegurar su continuidad como patrocinador del programa.
El trabajo realizado por Álvarez fue sistemático y continuado, no ocasional como intentó hacer creer Begoña. Esta funcionaria, cuyo salario proviene del bolsillo de todos los españoles, dedicó una parte considerable de su jornada laboral en La Moncloa a atender cuestiones privadas relacionadas con la cátedra y el máster. Se enviaron al menos 17 correos sobre gestiones privadas durante días y horarios laborales. Lo que inicialmente parecía un favor ocasional entre personas con «relación de confianza» resultó ser un uso irregular de recursos públicos para fines particulares.
Juan Carlos Doadrio, quien trabajó directamente con Begoña Gómez en la creación y desarrollo del máster, ya había advertido en su declaración como testigo a principios de año sobre más de cien correos electrónicos intercambiados con ella y su asesora. El vicerrector confirmó entonces la participación activa de Álvarez, algo que ha sido corroborado plenamente por la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes lograron demostrar que esta funcionaria estuvo trabajando constantemente en los asuntos relacionados con la esposa del presidente del Gobierno.
La Universidad Complutense se vuelve contra su antigua codirectora
En un giro inesperado del caso, la Universidad Complutense de Madrid ha decidido personarse como perjudicada en el procedimiento judicial contra Begoña Gómez. El abogado de la institución académica presentó un escrito formal solicitando al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid su participación en el proceso «para ejercer acción civil para reparar el daño presuntamente causado a la administración universitaria».
Esta decisión fue tomada por el rector Joaquín Goyache, quien curiosamente estuvo imputado en esta misma causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó archivar las diligencias en su contra el pasado mayo. Ahora, Goyache ha dado luz verde para que la universidad lleve a cabo acciones civiles contra quien fue codirectora de la cátedra extraordinaria durante cuatro cursos académicos entre 2020 y 2024.
El cambio en postura por parte de la Complutense se produjo tras señalar expresamente el juez Juan Carlos Peinado que se debe considerar a la universidad como perjudicada en este caso donde se investiga un delito relacionado con apropiación indebida sobre un software desarrollado para dicha cátedra. Este programa informático fue financiado con 265.000 euros aportados por empresas privadas como Indra, Google y Telefónica durante dos años; su destino era que Gómez lo cediera gratuitamente a la institución universitaria.
Sin embargo, según revela la investigación judicial, Begoña Gómez inscribió tanto el logo ‘TSC Transformación Social Competitiva’ como el software bajo su propio nombre, sin tener capacidad técnica o académica para ello y sin ser personal fijo del centro universitario. Una empresa confirmó ante el juez que Gómez era titular del sitio web donde se ofrecía el software desarrollado dentro del ámbito académico. El abogado defensor argumenta que los hechos investigados «podrían haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses» del centro académico.
La universidad ha solicitado ser informada sobre todas las actuaciones para evaluar «la práctica diligente necesaria para llevar al mejor éxito posible» y cuantificar adecuadamente los daños sufridos». Esta petición implica que la Complutense busca calcular cuánto dinero perdió debido a esa apropiación del software que debería haber permanecido bajo su control.
La trama de influencias y el fraude en contratos públicos
Las mentiras vertidas por Begoña Gómez no solo abarcan el uso indebido de su asesora o esconder sus retribuciones. La investigación ha destapado una supuesta trama influyente donde utilizó su condición como esposa del presidente para favorecer a su mentor, el empresario Juan Carlos Barrabés, codirector también de la cátedra. Las acusaciones populares presentaron pruebas ante el juez evidenciando cómo Gómez utilizó dicha cátedra como «plataforma» para sus negocios personales y los intereses comerciales de Barrabés.
Según lo señalado por la Intervención General del Estado (IGAE), perteneciente al Ministerio de Hacienda, las adjudicaciones otorgadas a las empresas vinculadas a Barrabés desde Red.es estaban plagadas de irregularidades. Las cartas firmadas por Begoña Gómez no estaban contempladas dentro los criterios evaluativos establecidos en los pliegos licitatorios; sin embargo, acabaron siendo consideradas subjetivamente para mejorar así las valoraciones finales realizadas sobre las Uniones Técnicas Empresariales (UTE) del empresario aragonés. Este proceder es calificado por dicho organismo fiscalizador como «fraude».
Mientras las propuestas presentadas por Barrabés recibían puntuaciones favorables gracias a estas cartas, sus competidores veían cómo sus ofertas eran descalificadas. Todo esto sucedía mientras Gómez y Barrabés mantenían reuniones dentro de La Moncloa para impulsar iniciativas relacionadas con su cátedra universitaria. La ayuda irregular proporcionada por ella al crecimiento financiero del empresario fue correspondida con respaldo hacia él en relación con dicha cátedra académica.
Peticiones de archivo y careos
El pasado lunes tuvo lugar una vista judicial clave donde se informó a los tres investigados—Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés—que si este caso avanza hasta juicio será evaluado por un jurado popular compuesto por ciudadanos comunes y no solo magistrados profesionales. Durante esa misma comparecencia, las defensas solicitaron archivar toda investigación dirigida por el juez Peinado sobre delitos relacionados con tráfico influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida e intrusismo.
La Fiscalía, también apoyando esta petición archivadora considera insuficientes las pruebas existentes para mantener acusaciones vinculadas al tráfico influencias. No obstante, las acusaciones populares han adoptado una postura opuesta: demandaron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo principal dentro este proceso judicial e instaron además a realizar un careo entre Joaquín Goyache y Juan Carlos Doadrio.
El objetivo detrás este careo es confrontar ambas versiones dadas sobre creación y funcionamiento real e impacto efectivo desempeñado Begoña Gómez dentro toda esta operación. Las acusaciones denuncian que existen contradicciones significativas entre lo declarado por ambos personajes universitarios que sólo pueden resolverse mediante un enfrentamiento directo ante juez.
El modus operandi: borrado de metadatos y reuniones en La Moncloa
Uno de los aspectos más preocupantes surgidos durante la investigación es el borrado de los metadatos de la documentación del caso y que son claves porque aportan información sobre cuándo fueron creados dichos documentos y por quién, entre otra información. Este método habría sido utilizado para dificultar el rastreo de fechas, autores o modificaciones o posteriores ediciones de esos documentos. La UCO está analizando estos documentos desde una perspectiva forense para determinar si existió manipulación deliberada de la información digital.
Paralelamente han salido múltiples reuniones celebradas dentro La Moncloa entre Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés para coordinar estrategias sobre la cátedra. Estos encuentros ocurrieron en dependencias oficiales del Gobierno y refuerzan la tesis acusatoria por el uso de posición privilegiada para favorecer sus intereses particulares. Las citas tuvieron lugar mientras Barrabés competía por adjudicarse contratos millonarios con la administración pública, lo que sustenta el delito de tráfico influencias.
El caso sigue avanzando bajo la dirección del juez Peinado y la instrucción investiga hasta ocho delitos diferentes en dos piezas separadas: la principal está centrada en presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo profesional y apropiación indebida; mientras la pieza separada aborda la malversación fondos públicos por contratar con dinero público a una asistente dedicada a tareas privadas. Ambas ramas del proceso podrían ser juzgadas por un jurado popular, una decisión que añade mayor trascendencia mediática social al escándalo.
La defensa de Begoña Gómez liderada exministro Interior Antonio Camacho, ha criticado duramente lo que califica «investigación universal» sobre la vida de su representada y acusa al juez de emplear métodos propios de la Inquisición, nada menos. Sin embargo, están aflorando pruebas documentales —correos electrónicos, informes del IGAE, testimonios, cargos universitarios y análisis de la Guardia Civil— dibujan un cuadro muy diferente al de una persecución injustificada.
La pregunta flotante en todo tema es si Begoña Gómez deberá responder penalmente no sólo de los 5 delitos por los que va a ser juzgada, sino también por el de falso testimonio ante un juez. Si se confirma que mintió deliberadamente en la declaración de septiembre respecto a retribuciones recibidas, el papel de su asesora, la situación procesal de la mujer del presidente se agravaría notablemente. Por ahora, el juez Peinado continúa recopilando pruebas y testimonios mientras la Universidad Complutense prepara reclamar indemnización por los daños que ha sufrido.
