Un secreto a voces.
Porque basta repasar su lista de mansiones o echar un vistazo a sus mareantes cuentas corrientes, para darse cuenta.
La política española ha sido testigo de numerosas puertas giratorias, pero pocas tan convulsas como la que involucra a José Luis Rodríguez Zapatero, una aerolínea poco conocida, Plus Ultra, y una red internacional de blanqueo relacionada con el régimen de Nicolás Maduro.
Lo que comenzó como un controvertido rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia ha evolucionado hacia una investigación por corrupción transnacional, salpicado por el oro venezolano, desvío de recursos públicos y encuentros furtivos en lujosos chalets.
Hasta ahora, la Justicia no ha imputado al expresidente.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado enfatizan -de momento- que no hay evidencias que lo vinculen directamente con ningún delito.
Sin embargo, el cerco político, policial y mediático se vuelve más estrecho: la UDEF, la UCO, Anticorrupción y diversos juzgados investigan el rastro del dinero y el papel de su círculo cercano.
La oposición presenta este caso como el eslabón perdido entre el chavismo y lo que han denominado la “corrupción sanchista”.
En este contexto, el PP llamará a declarar a Zapatero en el Senado para conocer su versión sobre el polémico rescate de la aerolínea con nexos chavistas.
El rescate incomprensible: de aerolínea insignificante a foco judicial
El origen es conocido, aunque los pormenores adquieren ahora otro matiz. En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un rescate de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra, una compañía cuya cuota en el mercado español apenas alcanza el 0,03 %, según denuncia del PP.
Desde un primer momento, partidos como PP y Vox cuestionaron la real importancia económica de la compañía para justificar dicho rescate, así como sus conexiones con empresarios venezolanos afines al chavismo y la posible utilización del dinero público como fachada para blanquear capitales irregulares.
En una fase inicial del caso, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid llegó a suspender un segundo tramo del rescate (34 millones de euros), aunque posteriormente lo desbloqueó al no encontrar indicios delictivos en la concesión. Este criterio fue respaldado por Fiscalía y Abogacía del Estado. Desde la óptica del Gobierno, todo quedaba administrativamente aclarado; sin embargo, para los investigadores sobre blanqueo apenas comenzaba.
La “lista secreta” de imputados: dominicanos, chavistas y testaferros
La juez Esperanza Collazos, encargada del Juzgado nº 15, abrió una pieza separada bajo secreto donde investiga a una decena de personas por organización criminal, apropiación indebida y blanqueo en relación al rescate de Plus Ultra.
En esa lista de imputados figuran varios perfiles clave:
- Tres residentes en República Dominicana, vinculados a sociedades pantalla y estructuras financieras allí.
- Dos empresarios cercanos al régimen chavista, identificados como Kristhian Alegre Walter y Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, conectados con flujos de capital venezolano.
- Los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arburu, considerados ejes en un entramado societario destinado a canalizar fondos.
- Un abogado junto a su asistente, implicados en la creación de empresas pantalla.
- La cúpula directiva de Plus Ultra: su presidente Julio Martínez Sola y el CEO Roberto Roselli, ya detenidos.
- El empresario Julio Martínez Martínez, cercano a Zapatero, pieza clave en el nexo entre Caracas y Madrid.
Según las pesquisas, su modus operandi consistiría en simular insolvencia y préstamos para encubrir operaciones de blanqueo relacionadas con fondos malversados en programas sociales venezolanos (los C.L.A.P.), contrabando de oro del Banco Central y otros negocios oscuros que incluyen relojes lujosos en mercados internacionales.
De Caracas a La Romana: mansiones, sedes lujosas y un flujo constante de oro
Los informes elaborados por Anticorrupción han vinculado a Plus Ultra con una red mafiosa dedicada al blanqueo que operaba con oro venezolano y ayudas sociales malversadas. Utilizaban tanto el rescate español como inversiones inmobiliarias exclusivas.
En esta trama se destacan varios elementos:
- Lujosos inmuebles y mansiones situadas en lugares como La Romana, República Dominicana.
- Sedes exclusivas ubicadas en barrios como Los Jerónimos, Madrid; donde se concentraba parte de las actividades comerciales.
- Transferencias trianguladas a través de países como Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Suiza, naciones que han solicitado colaboración a las autoridades españolas tras detectar movimientos sospechosos.
El patrón es evidente para los expertos en delitos económicos: capitales ilícitos provenientes de Venezuela que viajan en distintas etapas; se integran con negocios aparentemente legítimos –aviación, inmobiliarias– para finalmente regresar blanqueados a manos de las élites generadoras.
El papel del chavismo: desde los C.L.A.P. hasta vuelos “estratégicos”
La conexión con el régimen madurista no solo tiene implicaciones políticas sino también financieras. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que parte significativa de los fondos malversados proviene de:
- Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (C.L.A.P.), instaurados en 2016 para distribuir alimentos subvencionados a familias vulnerables.
- La venta irregular del oro gestionado por el Banco Central venezolano a intermediarios extranjeros.
- Operaciones comerciales opacas relacionadas con relojes y artículos lujosos.
Las investigaciones sugieren que esos recursos cruzaron el Atlántico bajo la fachada empresarial proporcionada por Plus Ultra, dedicada principalmente a vuelos intercontinentales con un marcado componente latinoamericano. Además, se involucraron operaciones paralelas en aviación privada, carga y charters controladas por empresas asociadas a los investigados.
En este contexto, el rescate español se transforma para los investigadores en un verdadero “turbo” financiero que permitió consolidar un circuito blanqueador bajo la coartada perfecta: salvar una empresa “estratégica” golpeada por las consecuencias económicas derivadas del virus.
‘Julito’, el conseguidor: un imperio valorado en 20 millones y la sombra sobre Aravaca
Dentro de esta estructura compleja destaca especialmente el nombre del empresario Julio Martínez Martínez, conocido coloquialmente como “Julito”.
Las indagaciones policiales describen sus actividades tanto en Venezuela como dentro del sector aeronáutico y de la intermediación; sus conexiones comerciales directas con la familia Zapatero; y el hecho de que su sociedad, denominada Análisis Relevante SL, figure entre los clientes de la agencia publicitaria familiar llamada Whathefav SL.
Tiene el control de más de una docena de empresas que van desde la aviación hasta el sector inmobiliario; sus activos están valorados en alrededor de 20 millones de euros. Su base operativa está ubicada en una nave industrial en Alicante, desde donde gestiona gran parte del negocio logístico.
Detenido por la UDEF en el marco del caso Plus Ultra, se le atribuye una participación activa en operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales procedente del contrabando aurífero, así como de ayudas sociales malversadas. Según informes policiales recientes, habría intentado eliminar correos electrónicos e información contenida en sus dispositivos móviles días antes de ser arrestado; esto refuerza la idea de su conciencia respecto al alcance real de la investigación.
Reuniones secretas, teléfonos prepago y Aravaca
El aspecto más político detrás del escándalo revela la existencia de una estrecha relación personal entre Zapatero y “Julito” Martínez. Según informaciones divulgadas por distintos medios, los investigadores han situado al expresidente como una figura clave dentro de un sistema basado en reuniones discretas, así como en comunicaciones protegidas.
En este sentido, destacan hasta cinco reuniones que habrían tenido lugar en la antigua residencia zapaterista situada en Aravaca (Madrid), donde se habrían tomado decisiones sobre transferencias financieras vinculadas a Plus Ultra hacia Venezuela.
El ahora famoso encuentro entre Zapatero y Martínez, desvelado por El Debate, ocurrió tan solo 72 horas antes de que este último fuera detenido; un hecho confirmado por fuentes policiales.
Se ha detectado un esquema comunicacional basado principalmente en teléfonos prepago; varios dispositivos sin conexión directa a redes convencionales fueron utilizados tanto por Martínez como, presuntamente, facilitados al propio Zapatero para evitar ser rastreados.
La investigación policial posiciona a Martínez como una especie de “persona interpuesta”, actuando de forma continuada entre la dirección ejecutiva de Plus Ultra y el entorno inmediato del exmandatario. Esto le coloca bajo sospecha como presunto testaferro político-financiero dentro de toda esta trama.
Zapatero ha negado categóricamente haber intervenido o mediado durante dicho rescate, así como haber utilizado teléfonos prepago para contactar con nadie; su círculo asegura que no realizó gestión alguna ante miembros gubernamentales para favorecer intereses relacionados con dicha aerolínea. Por ahora no pesa sobre él imputación judicial alguna, aunque aumenta tanto la presión mediática como la parlamentaria.
