La querella presentada contra José Ángel González Jiménez, el mayor alto cargo uniformado de la Policía Nacional y mano derecha de Marlaska, acusado, entre otros delitos, de agresión sexual, obliga a ser cautos, pero lo que parece evidente es que los hechos tuvieron que ser conocidos por el ministro del Interior de Sánchez habida cuenta de que la denuncia de la víctima, una funcionaria a las órdenes del alto mando policial, se presentó en enero y los hechos se remontan a hace más de un año.
El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal González, presentó su dimisión como máximo mando uniformado del Cuerpo después de que un juzgado de Madrid le citara como investigado por agresión sexual a una subordinada.
El DAO, hombre de confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado su renuncia al departamento tras la admisión a trámite de la querella presentada por una agente que trabajaba bajo sus órdenes.
La causa está en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, cuyo titular, el juez David Yehiel Maman, ha acordado interrogar a González en calidad de querellado y ha citado también a la presunta víctima para que declare el próximo 17 de marzo a las 10.30 horas en Plaza de Castilla.
En su auto, el magistrado sostiene que los hechos relatados “hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales”, y ordena practicar las diligencias esenciales para esclarecer lo ocurrido.
Los 4 delitos del DAO de Marlaska: agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. https://t.co/Xf27W0b99H
— Eduardo Inda (@eduardoinda) February 17, 2026
Según la querella, la agente —de la escala ejecutiva— mantenía «una relación de afectividad» con el DAO, marcada desde el inicio por «una asimetría de poder institucional manifiesta» debido a la elevada posición de González en la cadena de mando.
La relación habría finalizado por decisión unilateral de la mujer, pero el mando policial no habría aceptado la ruptura y habría iniciado «una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado» que, según el escrito, culminó en los «gravísimos hechos» ahora denunciados.
Alguien debería preguntarse con qué criterios elige este Gobierno a sus altos cargos, porque este no es un caso aislado. ¿De qué pasta moral están hechos estos depravados del PSOE?
El episodio central se sitúa el 23 de abril de 2025, cuando la agente se encontraba de servicio en la Comisaría de Coslada y habría recibido «múltiples llamadas telefónicas» del DAO requiriendo su presencia inmediata.
Ante su negativa inicial por motivos laborales, González se habría prevalido de su autoridad y le habría ordenado abandonar el puesto utilizando un vehículo policial camuflado para acudir a un restaurante donde él comía con otro comisario, y posteriormente trasladarle hasta una vivienda oficial del Ministerio del Interior.
Admitida a trámite una denuncia contra el director adjunto de la Policía por presunta agresión sexual.
🗣️ "¿Qué más puede ocurrir?", se pregunta Alberto Núñez Feijóo.#Canal24Horas
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Ya en el piso, el querellado habría servido dos cervezas e iniciado «de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual», que la agente rechazó «de forma verbal, expresa, rotunda y continuada», según la denuncia. Pese a las negativas, el DAO habría desplegado «una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental», obligando a la mujer a masturbarle mientras tocaba sus partes íntimas, aprovechando su aislamiento, su superioridad física y su condición de superior jerárquico.
Tras conseguir zafarse y abandonar el domicilio, la agente habría devuelto el coche camuflado a la comisaría y se fue a su casa, donde sufrió una crisis de ansiedad severa, que derivó posteriormente en una baja psicológica y la retirada de su arma reglamentaria. A partir de ese momento, según el relato, González habría iniciado «una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica» destinada a minimizar la gravedad de los hechos, culpabilizar a la víctima, disuadirla de denunciar y ofrecerle compensaciones laborales «como precio del silencio».
La querella atribuye al exjefe operativo los delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad, al haberse cometido presuntamente en el marco del servicio y utilizando recursos oficiales. El escrito sostiene que la «subordinación institucional» de la agente fue «sistemáticamente instrumentalizada» por el DAO para imponer una dinámica de control, dominación y sumisión psicológica, pese a que la mujer manifestó en múltiples ocasiones su voluntad inequívoca de poner fin a la relación.
La policía asegura haber aportado al juzgado pruebas de las presiones posteriores, entre ellas un audio en el que un asesor del DAO le habría ofrecido un destino o puesto a cambio de que no presentara denuncia, así como mensajes de González con «tono intimidatorio» enviados tras la presunta agresión. El abogado de la agente ha entregado además el listado de llamadas y el terminal móvil de su clienta para que se puedan cotejar las comunicaciones, y sostiene que se trata de hechos «muy graves» sustentados con «prueba objetiva».
González llevaba casi ocho años como director adjunto operativo y era considerado un cargo de máxima confianza de Marlaska, que incluso promovió cambios legales para prolongar su permanencia en el puesto más allá de la edad de jubilación, mediante una modificación introducida en un real decreto de ayudas por la DANA. La admisión a trámite de la querella y su citación como investigado han provocado ahora la caída fulminante del máximo jefe operativo de la Policía Nacional, en un caso que sacude la cúpula del Ministerio del Interior.
