En las calles de Ceuta, el uniforme de camuflaje ha dejado de ser un símbolo de poder.
El modelo presentado por el denominado Ejército flower power de Margarita Robles, que organiza patrullas de cuatro soldados en las que solo uno porta un fusil, mientras los demás apenas llevan porras, ha provocado una gran inquietud, según lo documentado por OKDIARIO en su reportaje sobre la ciudad autónoma. Este tipo de despliegue militar, concebido para disuadir, no para combatir, ha quedado en evidencia después de los disturbios recientes relacionados con inmigrantes ilegales y los ataques a vehículos militares en la zona de Benzú.
Teóricamente, se trata de un dispositivo de “apoyo” y “contención”, pero en la práctica se asemeja más a una versión económica de la seguridad fronteriza. Las patrullas, con un solo fusil por cada cuatro integrantes, la prohibición de utilizar fuego real salvo en situaciones extremas y la directriz de priorizar el diálogo y de “no usar la fuerza” han sido confirmadas por diversos testimonios y crónicas sobre la situación en Ceuta. El resultado es claro: soldados que retroceden ante una lluvia de piedras, patrullas que se retiran al no poder responder, y unidades que, si necesitan armamento real, tienen que regresar a la base para equiparse.
Un despliegue diseñado para contener… sin capacidad real de respuesta
El despliegue actual en Ceuta se produce a raíz de la mayor entrada ilegal de inmigrantes en la historia reciente de la ciudad, con episodios de asaltos masivos a la frontera y una tensión constante que ha requerido mantener a miles de militares movilizados. La Comandancia General de Ceuta ha anulado permisos y licencias “hasta nuevo aviso” para asegurar la disponibilidad total de las tropas ante nuevos intentos de cruce masivo.
Sin embargo, la realidad sobre el terreno presenta características peculiares:
- Patrullas de cuatro efectivos con un solo fusil de asalto operativo por grupo, y tres soldados equipados solamente con defensas extensibles o porras.
- Órdenes de “no usar la fuerza” y priorizar el contacto con inmigrantes que intentan acceder o que se desplazan por la ciudad, en ocasiones con armamento limitado o incluso cargadores vacíos.
- Uso del Ejército como “elemento disuasorio”, sin reconocimiento como agente de la autoridad y, por ende, sin poder de detención ni capacidad de actuación policial.
En un reciente incidente, un vehículo con cuatro miembros del Grupo de Regulares nº 54 fue rodeado y apedreado por un grupo de entre 30 y 40 inmigrantes ilegales, resultando en cuatro militares heridos y un coche destrozado. La orden tácita era no enfrentarse, sino replegarse; y la detención de los agresores recayó nuevamente en la Policía y la Guardia Civil, los únicos cuerpos autorizados para detener y gestionar situaciones en la zona.
Malestar en los cuarteles y presión sobre Robles
El modelo de despliegue en Ceuta ha suscitado no solo críticas desde la oposición, que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra Margarita Robles de “atar de pies y manos” a los militares y negarle el reconocimiento como agentes de autoridad. También ha generado protestas entre asociaciones profesionales y altos mandos.
- La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado que los militares se encuentran “desarmados” y “sin medios de protección adecuados” en un contexto de “riesgo extremo”, exigiendo una revisión urgente de los protocolos y los recursos de despliegue.
- La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha señalado la existencia de “indefensión operativa y jurídica”, acusando al Ministerio de Defensa de carecer de previsión ante hechos que “pudieron y debieron evitarse”.
- Altos mandos mencionados en diversas crónicas han descrito como “humillante” la situación de soldados desarmados actuando como “porteros de discoteca” en medio de disturbios y posibles emboscadas.
El meollo de la crítica radica en las reglas de enfrentamiento (ROE). Expertos militares advierten que, sin un marco normativo claro que autorice el uso de la fuerza de manera proporcionada para proteger a las tropas, la legítima defensa queda en manos del soldado individual, quien posteriormente se enfrenta a un posible juicio. En Ceuta, el Gobierno adopta un enfoque extremadamente restrictivo, más centrado en evitar imágenes de violencia que en salvaguardar la seguridad de las unidades desplegadas, tal y como subrayan estas voces.
Desde la oposición, el Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Parlamento para que los militares en Ceuta sean reconocidos como agentes de la autoridad en misiones de vigilancia y protección, tal como permite la Ley de Seguridad Nacional y la normativa de Defensa. Este reconocimiento no solo fortalecería su capacidad jurídica de actuación, sino que también implicaría aceptar que las situaciones en la ciudad presentan niveles de violencia y riesgo más altos de los que el Gobierno está dispuesto a admitir públicamente.
Una frontera en tensión y un ejército en modo “decorativo”
La paradoja es evidente: mientras el Centro Nacional de Inteligencia alerta sobre el potencial de nuevos asaltos masivos en la frontera de Ceuta, el Ministerio de Defensa opta por desplegar soldados sin munición en sus cargadores, patrullas con un fusil por grupo y órdenes de “invitar a marcharse” o acompañar a los inmigrantes hacia la frontera sin actuar con contundencia. Las unidades realizan patrullas constantes por toda la ciudad, pero su capacidad operativa es notablemente limitada.
En este contexto, la ciudadanía ceutí experimenta una sensación de abandono y miedo ante la posibilidad de que la próxima noche de piedras concluyan en un desenlace más violento. Se registran enfrentamientos entre vecinos y grupos de inmigrantes, se elevan las quejas por la falta de un control efectivo, y crece un descontento político y social que pone de manifiesto la impresión de una improvisación constante. En lugar de ser el último baluarte de seguridad, el despliegue militar ha ido convirtiéndose en un símbolo de la incomodidad del Gobierno ante el uso de la fuerza: se quiere que los soldados sean visibles, pero no que actúen.
