Demostraría que el Gobierno está dispuesto a tomar aquellas medidas que conduzcan a la estabilidad financiera y a la recuperación de la economía, sin detenerse ante consideraciones políticas
Más información
El asedio de los mercados a España no deja margen para prueba y error.
Hay que bajar el colosal agujero del déficit desde el 8,5% heredado en 2011 al 5,3% prometido a Bruselas para fin de año y el Gobierno se ha desfondado advirtiendo a las comunidades autónomas de que no hay lugar para la compasión: si no hacen su parte en la titánica tarea, serán intervenidas.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera da, inicialmente, un plazo de seis meses antes de que esa opción se materialice a la fuerza.
Sin embargo, deja también abierta la opción de buscar un tutelaje pactado en la gestión.
Y eso es lo que podría estar a punto de pasar en la Comunidad Valenciana y en la Balear, aseguran fuentes solventes.
Las dramáticas cuentas de la Generalitat Valenciana obligaron ya al Estado a salir en su rescate a principios de año, con un aval del Tesoro para que evitase el impago de 123 millones de euros con el Deutsche Bank.
Con los ingresos fáciles del boom inmobiliario se endeudó de forma temeraria en colosales proyectos -la Ciudad de las Ciencias o la F-1, son algunos de los más singulares- que esquilmaron sus finanzas y ponen hoy en peligro el pago de nóminas, facturas y deuda.
Situación límite que ha obligado a la Generalitat presidida por Alberto Fabra a proyectar la extensión de la gestión privada en la sanidad o encarecer la matrícula universitaria para amarrar el objetivo del déficit del 1,5% del PIB.
A su vez, el Gobierno de Baleares ha presentado varios planes para economizar 850 millones, muy focalizados en disolver duplicidades administrativas.
Para precipitar la gestión asistida, la fórmula más rápida es que la solicite el propio Gobierno regional. En Baleares y Valencia, ambos son del PP.
«En el caso de que se produjese y si es en una comunidad autónoma gobernada por el PP, sería un muy buen precedente porque permitiría intervenir otras gobernadas por partidos nacionalistas o el socialista, sin que el PP pudiese ser acusado de parcialidad o de animadversión política», reflexiona Aleix Vidal-Quadras, vicepresidente del Parlamento Europeo.
En ámbitos financieros ya se habla de la intervención posterior en Andalucía o Cataluña, que también arrastran abultadas deudas.
Sin embargo, un alto responsable del PP que reclama anonimato considera «absurdo» que un ejecutivo regional lo solicite, salvo que quiera trasladar al electorado su negativa a aplicar impopulares medidas de ajuste para evitar el coste político de su autoría:
«Es muy improbable -reflexiona- una intervención a corto plazo. Me parece un poco fuerte que una comunidad diga: yo no puedo más, tiro la toalla. ¿Si creen que pueden hacerlo los interventores de Madrid, por qué no van a poder ellos sin perder soberanía?».
«No han gestionado la insostenibilidad del incremento brutal de ingresos que recibían por IVA gracias al sector inmobiliario», explica el jefe del departamento de investigación del IEB, Lorenzo Dávila.
Al estallar la burbuja inmobiliaria, sus arcas dejaron de recaudar los ingentes ingresos fiscales ligados al ladrillo, difíciles de compensar hoy con una industria turística también dañada.
¿Y qué puede hacer el Estado si toma su gestión? ¿La intervención reduciría el sacrificio para la región? Según Dávila, es difícil, salvo que haya un trasvase de recursos de los presupuestos generales.
«Una intervención siempre tiene que ser a cambio de algo. De una ayuda por parte del Estado para que tenga liquidez suficiente, que es el problema que tienen las autonomías», entiende José Ramón Pin, profesor del IESE.
La intervención fiscalizaría la gestión para asegurarse que se afronten los pagos asumidos y no se embarquen en nuevos compromisos que impidan equilibrar las cuentas.
«Tienen que asegurarse de que los pagos que se van a hacer sean correctos para que la región pueda recuperar en el futuro la autonomía financiera», explica Pin.
No obstante, el profesor del IESE es escéptico sobre la posibilidad de que se materialice por los riesgos para España.
«Si se generalizase, habría que establecer un mecanismo de emisión de deuda. Acarrearía una alarma financiera y un aumento de la prima de riesgo, con la posibilidad de que la intervención no fuera solamente de las comunidades sino también del Estado. Hay que tener mucho cuidado de que no se produzca un efecto dominó».
Vidal-Quadras es de otra opinión:
«Sería muy bien valorada por el mercado. Demostraría que el Gobierno está dispuesto a tomar aquellas medidas que conduzcan a la estabilidad financiera y a la recuperación de la economía, sin detenerse ante consideraciones políticas».
CLAVES Y PROTOCOLO DE LA INTERVENCIÓN
El examen de las cuentas de las regiones arranca hoy. Finaliza el plazo para que las comunidades autónomas presenten al Gobierno planes de saneamiento «creíbles y ejecutables» que les permitan reducir el déficit al 1,5% del PIB este año. Si no convencen o se incumplen, se activará el protocolo definido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que, en casos extremos, aboca a su intervención en seis meses.
- ¿Qué supone la intervención? La fiscalización de la gestión sin separar de sus cargos al Gobierno regional. Se crearía una comisión de expertos al estilo de la troika con la que Bruselas controla a los países rescatados como Grecia, que actuaría bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Su función será la de auditar la situación económica-presupuestaria de la autonomía y podrá exigir la aplicación de medidas a la región.
- ¿Cuándo se sabrá si sus planes son viables? El Gobierno dispone de un par de semanas para analizarlos y detallará si los aprueba o qué región debe tomar nuevas medidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para mediados de mes. Si no los presentasen o no convencen, dará 15 días a la autonomía para que adopte un acuerdo de no disponibilidad de créditos por un importe que garantice el cumplimiento del déficit.
- Toca diseñar un nuevo plan. Para asegurarse de que la autonomía aprobará nuevas y efectivas medidas, se le exigirá depositar en el Banco de España un importe equivalente al 0,2% de su PIB. Rescatará los fondos cuando aplique las medidas que aseguren bajar el déficit al 1,5%. Si al cabo de seis meses no ha aprobado las medidas necesarias, perderá los fondos -se le multará con su retirada- y llegará la intervención.
- ¿Habrá que esperar medio año para actuar sobre Administraciones incumplidoras? No necesariamente. Si una autonomía manifiesta su incapacidad o imposibilidad para atender a sus obligaciones financieras, podrá solicitarlo de forma voluntaria y la tutela sobre su gestión será casi inmediata. En caso de rebeldía de la Administración, la ley facilita una vía de intervención temprana. Si la Administración es un ayuntamiento, correría incluso el riesgo de ser disuelta la corporación municipal.
- ¿Hay riesgo real de que se active este protocolo? Las autonomías habían enviado ya sus planes en marzo con las expectativas de déficit y crecimiento dibujadas por el Gobierno del PSOE. La revisión presupuestaria las obligó a rehacerlos y acomodarlos a unas expectativas de recaudación acordes con la recesión prevista para este año. Varios planes fueron devueltos por «inconsistentes», al incluir ingresos que no están previstos, explicó en su día el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. También reconoció la existencia de dificultades financieras en varias autonomías.
