Los UMDVERDES, se organizan para pedir ante los órganos soberanos una comisión de la verdad.
España presume —con razón— de ser una democracia consolidada. Pero toda democracia madura tiene una obligación ineludible: afrontar sus sombras. Y una de esas sombras, todavía silenciada, es la represión ejercida contra guardias civiles que, en plena consolidación constitucional, se atrevieron a ejercer derechos fundamentales reconocidos por la propia Constitución.
Esta semana ha quedado registrada en el Congreso de los Diputados una petición formal dirigida a la Comisión de Peticiones, solicitando la apertura de una Comisión de la Verdad sobre la denominada Operación Columna y la no ejecución de sentencias firmes dictadas tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
No se trata de un gesto simbólico ni de una reivindicación nostálgica. Se trata de verdad, justicia y reparación.
Guardias civiles constitucionalistas tratados como enemigos
Durante los años ochenta y noventa, un grupo de guardias civiles ejerció pacíficamente derechos constitucionales, especialmente el derecho de asociación profesional, con el objetivo de modernizar la institución y alinearla con los valores democráticos que la Constitución de 1978 consagraba.
La respuesta del Estado fue, en demasiados casos, represiva y desproporcionada: expulsiones, detenciones arbitrarias, internamientos psiquiátricos sin autorización facultativa, y la utilización de diagnósticos tan infamantes como falsos —la llamada “epidemia constitucional”— para neutralizar a quienes pensaban diferente dentro del uniforme.
Estas prácticas no solo vulneraron derechos fundamentales, sino que contravinieron frontalmente el Estado de Derecho.
Sentencias ganadas… pero no ejecutadas
Los hechos fueron analizados y juzgados.
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia RA 871/90, reconoció el derecho de asociación profesional.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia 69966/01, condenó a España por detención ilegal.
Pero aquí aparece el escándalo mayor: las sentencias firmes no han sido plenamente ejecutadas. Ni reparación patrimonial, ni reparación moral, ni reconocimiento institucional. Solo el silencio administrativo como política de Estado.
A día de hoy, la mayoría de las víctimas continúan esperando justicia.
¿Qué se solicita ahora?
La petición presentada ante el Congreso es clara y legítima:
- La creación de una Comisión de la Verdad en el seno del Parlamento.
- El acceso pleno a archivos militares, judiciales y administrativos.
- La recopilación de testimonios de víctimas, familiares y testigos.
- La evaluación médica y psicológica de los internamientos forzosos.
- Un informe final con recomendaciones de reparación integral, garantías de no repetición y reconocimiento público.
- La inclusión de esta memoria democrática mediante la declaración de un “Día de los Derechos en Uniforme”.
- Y, finalmente, la reparación patrimonial e institucional a cada afectado y a sus familias.
No hay ánimo de revancha. Lo dice expresamente el escrito: los UMDVERDES no fueron traidores, fueron constitucionalistas.
Democracia también es memoria incómoda
Resulta paradójico que, mientras se impulsan políticas de memoria democrática para otros periodos históricos, se ignore deliberadamente a quienes defendieron la democracia desde dentro de los cuarteles, pagando por ello cárcel, estigmatización y ruina personal.
Una democracia que no repara a quienes fueron perseguidos por defenderla es una democracia incompleta.
La Comisión de la Verdad solicitada no es una amenaza para las instituciones. Es, precisamente, una oportunidad de dignificarlas. Porque reconocer errores no debilita al Estado: lo fortalece.
Ha llegado la hora de que el Estado se mire al espejo, no para castigarse, sino para reconciliarse con su propia legalidad.
Y esta vez, la historia no debería volver a escribirse en silencio.
