En diciembre de 1976, cuando la palabra democracia aún era una promesa incierta, un grupo de policías y guardias civiles decidió hacer algo que hoy parece elemental: manifestarse para reclamar derechos laborales básicos, entre ellos la inclusión en la Seguridad Social como el resto de trabajadores españoles. No pedían privilegios. Pedían igualdad.

La respuesta fue cárcel.

Aquel episodio, silenciado durante décadas, constituye una de las páginas más incómodas de nuestra transición. Funcionarios públicos que exigían derechos sociales fueron perseguidos y encarcelados. Medio siglo después, el Estado que ayudaron a democratizar no les ha rendido el homenaje debido.

Pero la historia no terminó ahí.

En los años 80 y 90, ya en plena democracia formal, surgió dentro de la Guardia Civil un movimiento de conciencia constitucional: los conocidos como “UMD Verdes”. Inspirados en el espíritu democrático que había transformado a las Fuerzas Armadas tras la experiencia de la Unión Militar Democrática, estos guardias civiles reclamaban algo tan sencillo como el derecho de asociación profesional, reconocido por la Constitución.

Entre ellos, el cabo Rosa, condenado por un tribunal militar a diez años de prisión por sedición tras solicitar por conducto reglamentario la creación de una asociación profesional en la Guardia Civil. Una petición que no sólo era legítima, sino constitucional.

La historia judicial posterior resulta demoledora para el Estado español. El Tribunal Constitucional, en su sentencia RA 871, reconoció la vulneración de derechos fundamentales. Posteriormente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia 69966/01, volvió a condenar a España por la violación del derecho de asociación y por detenciones ilegales en un número que asusta a cualquiera que los analice.

Sentencias firmes. Claras. Contundentes. Y, sin embargo, nunca plenamente ejecutadas.

Otros compañeros, como Piñeiro, Linde (D.E.P.), Morata y muchos otros, también sufrieron prisión. Algunos fueron incluso ingresados en centros psiquiátricos sin mandamiento judicial ni cobertura médica adecuada. Sus esposas —valientes y adelantadas a su tiempo— salieron a la calle para exigir libertad y derechos. Ellas también forman parte de esta memoria silenciada.

Lo más grave no es solo la represión pasada. Lo más grave es el incumplimiento posterior.

Cuando un Estado democrático no ejecuta sentencias firmes de su propio Tribunal Constitucional ni del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el problema deja de ser histórico y se convierte en estructural. El Estado de Derecho no puede ser selectivo. La justicia no puede depender de la conveniencia política del momento.

La llamada “Operación Columna”, denunciada por muchos de estos afectados, merece una investigación independiente. Por eso, un grupo de policías y guardias civiles —sin siglas ni adscripción política, en activo y jubilados— ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición nº 97.507 para que se conceda un espacio institucional donde rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que pagaron con su libertad la defensa de derechos fundamentales.

Han solicitado también la apertura de una Comisión de la Verdad que investigue las operaciones ilegales cometidas contra estos funcionarios.

El lugar propuesto no es casual: el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular. Allí donde reside la representación del pueblo español debería reconocerse que hubo servidores públicos que defendieron la democracia incluso antes de que esta estuviera plenamente consolidada. Y que otros la defendieron frente al terrorismo y el golpismo en los años más duros.

Hemos echado en falta el homenaje del Gobierno y del Ministerio del Interior a quienes, hace 50 años, se manifestaron por derechos básicos. Y a quienes después sostuvieron el Estado frente a las amenazas más graves.

La respuesta del Congreso a esta petición no será un simple trámite administrativo. Será una prueba de la fortaleza real de nuestro Estado de Derecho.

Porque la democracia no se mide solo por elecciones periódicas, sino por su capacidad de reconocer errores, ejecutar sentencias y reparar a quienes fueron injustamente castigados por defender los derechos que hoy todos disfrutamos.

Sin memoria no hay justicia. Sin justicia no hay democracia plena.