En pleno verano político, Isabel Pardo de Vera vuelve a ocupar titulares tras salir a la luz nuevos detalles sobre la polémica contratación de Jésica Rodríguez, íntimamente relacionada con José Luis Ábalos, exministro socialista de Transportes.
Según ha trascendido en las últimas horas, Pardo de Vera habría advertido personalmente a Ábalos sobre el “grave daño reputacional” que suponía incorporar a Rodríguez a empresas públicas como Ineco y ADIF. La advertencia cayó en saco roto: el fichaje se materializó igualmente, sumando un nuevo capítulo al ya complejo caso Koldo, el gran quebradero de cabeza actual para el PSOE y su imagen ante la opinión pública.
Las ramificaciones del asunto afectan a varios niveles de la administración, desde los despachos ministeriales hasta las empresas públicas dependientes de Transportes. Una historia en la que convergen presuntas presiones políticas, irregularidades administrativas y una gestión cuanto menos opaca de los recursos públicos.
De Lugo a Madrid: el itinerario político de Pardo de Vera
Gallega discreta donde las haya, Isabel Pardo de Vera pasó de ser una gestora respetada al epicentro del huracán mediático por su supuesta colaboración en la contratación irregular. Según la investigación de la Guardia Civil y fuentes judiciales, Pardo de Vera habría facilitado el acceso laboral de Rodríguez por indicación directa del entorno más próximo a Ábalos—en especial, por presiones de su entonces asesor, Koldo García. La propia expresidenta de ADIF reconoció ante la Audiencia Nacional haber trasladado el currículum de Rodríguez, aunque se desvinculó formalmente del proceso final y aseguró que solo expresó su preocupación por las formas empleadas por Koldo.
Aun así, los investigadores han puesto el foco sobre los procedimientos empleados y los posibles delitos cometidos: tráfico de influencias, prevaricación e incluso pertenencia a organización criminal. La Fiscalía Anticorrupción respalda que se impute a Pardo de Vera, considerando acreditados indicios relevantes para abrir causa formal. No se trata solo del fichaje en sí; según los informes policiales, las prácticas poco ortodoxas habrían sido recurrentes en contrataciones y adjudicaciones durante esa etapa al frente tanto de ADIF como del Ministerio.
El papel del PSOE: entre la contención y el desconcierto
El PSOE asiste atónito al desarrollo del caso. La dirección socialista ha optado por un perfil bajo mientras arrecian las críticas desde la oposición y se multiplican las exigencias para depurar responsabilidades. El partido teme una erosión adicional en un contexto marcado por otras investigaciones judiciales y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
No es para menos: la trama destapada con el caso Koldo salpica directamente a varios altos cargos socialistas y pone bajo sospecha los mecanismos internos para controlar los “enchufes” y adjudicaciones millonarias durante la pandemia. El nombre de Jésica Rodríguez, convertida en símbolo involuntario del amiguismo político, resuena ahora como sinónimo de prácticas opacas y falta de transparencia.
ADIF e Ineco: epicentros del «fichaje» polémico
Las empresas públicas no han salido indemnes. ADIF, bajo la presidencia de Pardo de Vera, se vio implicada no solo por el caso Rodríguez sino también por otras investigaciones sobre licitaciones sospechosas. En paralelo, Ineco aparece como otra pieza clave: es allí donde finalmente recaló Jésica Rodríguez, con un proceso contractual que hoy está bajo lupa judicial.
El director general destituido recientemente en ADIF y otros altos cargos próximos a la expresidenta han sido señalados también como responsables o facilitadores directos o indirectos no solo en este episodio sino en otros supuestos amaños para beneficiar a empresas concretas durante los años dorados del ministerio Ábalos.
Cronología rápida para no perderse
- Marzo 2023: primeras denuncias internas sobre contratos irregulares en ADIF e Ineco.
- Mayo 2025: citación judicial a Pardo de Vera por posible contratación irregular.
- 21 julio 2025: declaración ante la Audiencia Nacional; medidas cautelares impuestas (retirada pasaporte).
- Julio 2025: nuevos hallazgos policiales vinculan documentos hallados en casa de Pardo de Vera con adjudicaciones opacas durante la pandemia.
- Actualmente: Fiscalía solicita formalmente imputación; oposición pide explicaciones públicas inmediatas.
Entre advertencias y silencios: ¿quién sabía qué?
Uno de los aspectos más llamativos es que existen pruebas documentales—incluidos mensajes y correos internos—que demuestran que Isabel Pardo de Vera alertó por escrito al entonces ministro Ábalos sobre el riesgo reputacional que suponía dar entrada laboral a Jésica Rodríguez. Un aviso que recuerda aquel chiste clásico sobre el elefante en la habitación: todos lo ven, pero nadie se atreve a mencionarlo abiertamente.
Mientras tanto, otros altos cargos implicados han optado por el silencio o han negado conocer personalmente tanto a Rodríguez como al resto del entramado. Las versiones difieren según quién declare ante el juez, pero lo cierto es que la madeja judicial sigue creciendo.
La historia sigue abierta y promete nuevos episodios cargados tanto de tensión política como—por qué no decirlo—de ese surrealismo tan nuestro que convierte cada escándalo público en una tragicomedia nacional.
