García Hidalgo y su subalterno fueron discretamente informados de las escuchas y eso les ha hecho ser muy cautos en el uso de sus teléfonos móviles
Mariano Rajoy sabe que el chivatazo del Bar Faisán tiene al borde del ataque nervios al Gobierno Zapatero y está apretando las tuercas.
Para evitar que se archive el caso y quede sin esclarecer judicialmente quién dió la orden desde el Ministerio del Interior o la dirección del PSOE de alertar a Joseba Elosúa, uno de los jefes de la red de extorsión de ETA, de que la Policía se aprestaba a detenerle. el PP se ha personado en la causa como acusación particular.
El chivatazo, ejecutado por un policía nacional y siguiendo órdenes superiores, ocurrío el 4 de mayio de 2006 y desde entonces, los socialistas han estado frenando la investación y echando tierra sobre el asunto.
El último episodio de esa vergonzosa táctica ha sido la petición de archivo de la causa, realizada por la Fiscalía, con el peregrino argumento de que no ha sido posible conocer al autor o autores de la felonía.
El asunto está ahora en manos del juez Garzón, quien tiene que optar por darle carpetazo o continuar una investigación insatisfactoria e inconclusa.
Esta acreditado que el chivatazo se produjo y que partió del ámbito policial. Y del propio sumario se deducen dos hipótesis incriminatorias.
La primera es que el jefe de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo, ordenó a un subordinado -el jefe superior del País Vasco- que avisara a Elosúa de la operación policial.
Ambos mandos policiales fueron investigados y sus teléfonos pinchados durante más de dos años, a pesar de lo cual la Fiscalía asegura que no se ha podido probar su participación en el delito.
Fuentes de los Servicios de Seguridad consultadas por Periodista Digital afirman que García Hidalgo y su subalterno fueron discretamente informados de las escuchas y que eso les ha hecho ser muy cautos en el uso de sus teléfonos.
Es significtativo que los porpios sindicatos policiales y de forma destacada el SUO exiijan que la investigación la realice la Guardia Civil, para evitar que continúen los «compadreos».
La segunda hipótesis, a la que también se llega a partir de los datos que figuran en el sumario, es que el autor del chivatazo fuera el propio responsable encargado de la investigación, que fue asimismo el jefe de la operación policial contra la red de extorsión de ETA.
El informe fiscal sembraba dudas acerca de la actuación de Carlos Germán.
Hay que recordar que el juez Garzón apartó de la investigación a la Guardia Civil y la puso en manos del citado inspector jefe que hace unos días difundió una declaración en la que criticaba con dureza a la Fiscalía y solicitaba que la investigación no sea archivada.
Con todos estos datos encima de la mesa, parece bastante claro que ni el juez ni la Fiscalía han hecho bien su trabajo, mientras un sector de la Policía se dedicaba a encubrir el infame comportamiento de los autores y cómplices de la filtración.
La posibilidad de que este gravísimo delito pueda quedar impune debido a esta mezcla de indolencia e indecencia ha escandalizado a la opinión pública, que demanda una solución satisfactoria por respeto al Estado de Derecho.
En este contexto, el PP ha decidido personarse en la causa ejerciendo la acción popular para que se siga investigando.
Mariano Rajoy lo dice de forma muy clara:
«Los españoles tienen derecho a saber la verdad y el PP no va a aceptar un carpetazo, estén por el medio Garzón y el Gobierno, o el Gobierno y Garzón».
«Nos personamos en la causa en defensa de la dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de todas las víctimas del terrorismo».
Aunque se expone a que su petición sea rechazada -algunos juristas entienden que la acción popular sólo puede ejercerse a través de una querella, que en una causa ya iniciada como la del chivatazo no tiene cabida- el PP está cumpliendo con su obligación al tratar de impedir que un delito tan grave quede impune.
