Una sentencia de un juzgado de Badajoz del pasado día 1 absuelve al vigilante del Centro de Menores ‘Marcelo Nessi’ de Badajoz Jorge Hernández, acusado de haber golpeado a uno de los internos el pasado mes de octubre.
Tras darse a conocer el fallo, del Juzgado de Instrucción número 2, cuyo magistrado es Emilio García-Cancho, la Junta de Extremadura ha difundido un comunicado de prensa en el que exige que se «restituya» la imagen del centro, que se había puesto en duda tras la acusación.
En concreto, el fallo señala expresamente que el vigilante queda absuelto «de toda responsabilidad penal derivada de los hechos enjuiciados». Las partes tienen, no obstante, un plazo de cinco días tras la notificación para presentar, si lo consideran, recurso de apelación.
En su nota, la Junta de Extremadura exige que se restituya la imagen de los trabajadores y de la propia institución, «que se vieron afectados por la notoriedad pública que alcanzaron los hechos, a raíz de la difusión de unas imágenes que contenían sólo una parte de la grabación del sistema de video vigilancia del propio centro y que no recogían la secuencia completa de todos lo sucedido».
El Gobierno regional explica que estas circunstancias ocasionaron que «se cuestionara» el funcionamiento del centro y dieron lugar a «acusaciones falsas y difamatorias» sobre la práctica profesional del personal que trabaja en el Marcelo Nessi.
«Sin que se respetara la presunción de inocencia, al considerarse como ciertas en diversos medios de comunicación y por parte de representantes políticos unas imágenes calificadas como de brutal paliza», subraya el Ejecutivo autonómico.
«FUERA DE SI»
La Junta destaca de la propia sentencia que «se basa en las pruebas practicadas, testificales y en la reproducción del video completo». Conviene indicar que en el texto de la resolución judicial, que la Administración regional facilita a los medios, se precisa que el día de los hechos el denunciante «insultaba» y «lanzaba la boca para morder, alterado y muy excitado».
De «la reproducción visual de lo allí acontecido se constata sin género de dudas que el vigilante aquí denunciado utilizó la fuerza actuante, al objeto de reducir al denunciante, dada la agresividad que presentaba, su nerviosismo y su negativa a ser reducido». Además, el propio denunciante, dice la sentencia, al ratificar su declaración reconoció en la vista que aquel día estaba «fuera de sí».
En dicha sentencia, que la Junta de Extremadura adjunta en su nota, se especifica que la actuación del vigilante se produjo «dentro del sentido común, de una praxis normalizada, de un normalizado estándar de conducta». Además, un testigo-perito, que se cita en la sentencia, manifestó que incluso desde un punto de vista médico fue «proporcionada y ajustada a la lex artis» la bofetada que el vigilante propinó al interno, a fin de que éste saliera de su «estado de nerviosismo».
NORMALIDAD DEL CENTRO
En relación «con estos hechos y otros ocurridos con posterioridad», la Junta de Extremadura quiso manifestar que la atención mediática que han suscitado estos acontecimientos «han alterado la normalidad del centro pues los internos también han sido conocedores de ese protagonismo, y ha dado lugar a acusaciones difamatorias sobre la profesionalidad de sus trabajadores; poniendo en tela de juicio la labor educativa y de resocialización que se realiza con los internos».
La Administración regional apela, por ello, a la «responsabilidad» de los representantes políticos que «han utilizado todo el revuelo para poner en duda» frente a la opinión pública la labor que se desempeña en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Marcelo Nessi de Badajoz para que «rectifiquen públicamente sus acusaciones».
A su vez, el Gobierno extremeño invoca la «necesidad del deber de informar con profesionalidad y veracidad».
La Junta recuerda que desde que se produjeron los hechos a finales del mes de octubre de 2009 ha informado en «reiteradas» ocasiones que existe un protocolo de actuación establecido con los juzgados de menores y la Fiscalía para informar de todo lo que ocurre en el interior del centro, «puesto que son los órganos judiciales los que acuerdan las medidas privativas de libertad de los menores y adolescentes que ingresan en el Centro Marcelo Nessi».
El Ejecutivo regional añadió que igualmente, a lo largo de estos meses, se ha solicitado «respeto» hacia los trabajadores del Centro Marcelo Nessi, que «por las propias peculiaridades de la labor que desempeñan y el deber de secreto profesional al que están obligados, se ven imposibilitados a defender públicamente su trabajo ante acusaciones difamatorias sobre su práctica profesional».
