Francisco Muro de Iscar – Malos tiempos para los que menos tienen.


MADRID, 7 (OTR/PRESS)

Esto de la crisis es malo para todos, porque hay que recortar de todos los sitios, pero no se nota de la misma manera. Hay 23 ejecutivos españoles que ganan más de tres millones de euros al año. Tal vez hayan perdido mucho dinero en Bolsa y hayan tenido que rebajar sus salarios y sus bonus millonarios, pero tienen «para vivir». Hasta la baronesa Thyssen tiene que vender un cuadro para afrontar sus problemas de liquidez porque tendrá muchos cuadros más y no sé cuántos palacios, pero cada uno de ellos se come muchos miles de euros al año. Hay deportistas a los que habría que darles un largo máster para explicarles lo que es la crisis. Y muchas personas de sueldos altos o razonables no han notado apenas la crisis. Ajustan sus gastos, eso sí, y hasta ahorran. Un puñado importante.

Al otro lado, hay cinco millones y medio de parados, muchos inmigrantes sin futuro que ni siquiera pueden regresar a sus países, muchos pensionistas al borde de la pobreza o muchas viudas que ya no saben cómo hacer las cuentas para llegar a mediados de mes. En otros temas muy sensibles también se está atacando a los que menos tienen. El Ministerio de Justicia pretende establecer unas tasas para ir a juicio que pueden hacer que la Justicia sea solo accesible para los pobres con derecho a justicia gratuita y para los ricos que se la pueden pagar. Pero la inmensa mayoría de la clase media-baja, cada vez más numerosa, no podrá pagar 300, 500 ó 800 euros para ejercer sus derechos porque no tienen garantía de cobrar lo que les deben ni pueden esperar años a que llegue el fallo.

En la Comunidad de Madrid puede ser peor porque quieren limitar el uso de la Justicia Gratuita a los que tienen derecho legal y a sus abogados, obligados a atender a una persona antes de poder demostrar si cumplen o no los requisitos que dan derecho a un abogado de oficio. Si los cumplen, cobrarán. Si no los cumplen, trabajarán gratis porque la Comunidad no les pagará. Es fantástico que una administración que dispone de todos los datos de los ciudadanos penalice a los abogados por no aportarlos.

En Andalucía los que han perdido la libertad pero no sus demás derechos también van servidos. Los internos de las prisiones andaluzas se han quedado sin el Servicio de Orientación Jurídica que desde los distintos Colegios de Abogados se venía prestando porque la Junta lo ha suprimido y el Ministerio del Interior no firma al parecer una addenda al convenio que podría devolver la situación a lo razonable. La mayoría de los presos carece de recursos y esta decisión les abandona no a su suerte sino a su desgracia. ¿Cuánto cuesta mantenerlo, 500.000 euros frente a los 32.000 del presupuesto de la Junta? ¿Cuánto vale que un preso no abandone la cárcel cuando le toca, pueda recurrir una sentencia, hacer valer sus derechos, perder los pocos que tiene? ¿Y a quién le importa?

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