MADRID, 18 (OTR/PRESS)
Diríase que el Gobierno quiere darle la razón al señor Almunia, y de una manera, además, superlativa: a juzgar por cómo está manejando la nacionalización de Bankia, sería ésta la entidad destinada a desaparecer, por muy «sistémica» que sea. De otro modo, no se entendería el daño inmenso que las antiguas cajas coaligadas bajo ese nombre brutalmente bancario están haciendo a los españoles, en su salud, en sus derechos civiles y en sus patrimonios. Porque las víctimas de Bankia no son solo, aun siendo muchísimos, sus once millones de clientes, sino, por extensión, también el resto, afectados todos por el sindiós de una nacionalización torpe, improvisada, oscura y loca que ha provocado el caos en todo el sistema financiero español.
Las víctimas de Bankia, esto es, del Gobierno, son incontables: desde los desahuciados de sus hogares por no poder afrontar las hipotecas que les concedieron, que les indujeron a solicitar en tantos casos, a los accionistas de lo que resultó un banco ful, de pega, que falseó sus cuentas para hacerse con los ahorros decentes de las personas decentes. Entre unos y otros, los centenares de miles de estafados por las llamadas Participaciones Preferentes, cuyo error no fue otro que creer en la solvencia de su caja de ahorros de toda la vida, en los mecanismos de control de la banca y en la honestidad de tantos empleados, esos comerciales, captadores y directores de sucursal que concedieron, renegando de su dignidad personal y profesional, en engañar a la gente ofreciéndoles un producto de ahorro imposible, tóxico, absurdo, ilegal, para llevarse unos euros de comisión y conservar el puesto de trabajo que ahora, lo más probable, es que tantos de ellos pierdan.
Las personas cuyo dinero mantiene Bankia retenido empiezan a sufrir ictus, insomnios, embolias, infartos y crisis de ansiedad, pero no porque pertenezcan al género de los jugadores de Bolsa que se devoran con los albures del parqué, sino porque asisten al despojo de lo que les pertenece, los ahorros de toda una vida de fatigas, trabajo, esfuerzo e ilusión, y nadie, ninguna institución del Estado, les socorre. La injustificable dilación en el canje prometido de esas Preferentes, que de no llevarse a cabo en términos de equidad colapsaría los juzgados de toda España, parece ser el último acto disparatado del gobierno en ésta historia de expolio y liquidación de los patrimonios y los derechos de tantos cientos de miles de españoles.
