MADRID, 29 (OTR/PRESS)
Que un juez representativo, el que fuera decano de Madrid, don José Luis González Armengol, diga públicamente que para el estamento judicial el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz-Gallardón, está «muerto, no nos vale para hablar», sin que ningún otro magistrado rectifique estas palabras, es un tremendo síntoma de muchas cosas. Entre otras, claro, del estado de nuestra Justicia. Entiendo que Gallardón ha cometido un desliz injustificable, por decir lo menos, con su unilateral decisión, no consultada con los estamentos interesados, de subir de manera desproporcionada las tasas judiciales.
Eso es una cosa. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contra la que los togados han convocado, en principio, una huelga, es otra. El lenguaje del señor juez que encabeza la Comisión Interasociativa, muy, muy otra cosa.
Me parece inadmisible, y mira que he criticado veces la errática política de Ruiz-Gallardón al frente del Ministerio, el lenguaje empleado por Su Señoría. Ni el ministro está muerto para el diálogo ni puede estarlo. Que los jueces se alcen en tales armas dialécticas contra el Ministerio, al que le convocan una huelga, es alarmante en un estado de derecho; teníamos pocos problemas y llega el estamento judicial, con algunas actuaciones cuestionables en su debe, sobre todo en Cataluña, a incrementarlos.
Espero, querido lector, que no me entienda usted mal. Desde el comienzo dije que el fiscal que casi nunca ejerció Alberto Ruiz-Gallardón, que fue un pródigo alcalde de Madrid, encajaba mal en el Ministerio de justicia, nada menos. Desde que llegó, hace diez meses, al viejo caserón de la calle San Bernardo, nos ha sorprendido con algunas ocurrencias. La de la Ley de Tasas Judiciales es una de ellas.
Estuve este jueves moderando una mesa en la que figuraban un veterano abogado y dos exfiscales generales del Estado y todos se pronunciaron contra la unilateralidad de hacer crecer de manera inapropiada las tasas para evitar la proliferación de pleitos: es como si se sube el litro de gasolina a cuarenta euros para evitar accidentes de tráfico: una ocurrencia, lo dicho. Pero el señor Ruiz-Gallardón merece todos los respetos, en lo personal y como miembro de un Gobierno que puede estar errando en algunas -o en bastantes- cosas, pero al que en ningún caso puede darse por «muerto» como interlocutor. La sociedad civil, y como parte de la misma puede considerarse acaso al estamento judicial, los integrantes de las instituciones y de colectivos profesionales tienen, precisamente, que intentar fomentar el diálogo con un Ejecutivo que, cierto es, consulta poco a los interesados antes de legislar, pero que sigue vivo, y que así siga, porque, de lo contrario, estaríamos apañados.
