Clemente Polo

Claridad democrática

Claridad democrática
Clemente Polo. Catedrático de la UAB.

Cataluña vive unos días tumultuarios con el gobierno de la Generalitat declarado en rebeldía y el Parlament de Cataluña cerrado por incomparecencia de los 72 diputados que aprobaron la «ley del referéndum de autodeterminación» y la «ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república» los días 6 y 7 de septiembre, dos normas que fueron anuladas pocas horas después por el Tribunal Constitucional. Desde entonces, los golpistas andan muy ocupados haciendo campaña a favor del referéndum del 1 de octubre intentando desesperadamente tergiversar la realidad para confundir a los ciudadanos.

En su delirio, Puigdemont ha acusado al Gobierno de España de traspasar todas las líneas rojas y ha calificado al Estado español de vergüenza democrática. Hace unos días, el diario El País tuvo que salir al paso de semejantes dislates y publicó un editorial titulado «Las mentiras de Puigdemont», en el que desmontaba, una a una, la sarta de falsedades que el presidente de los secesionistas encadenó en una alocución televisada al ‘pueblo’ de Cataluña. Ante tanta confusión, me ha parecido pertinente aclarar algunos conceptos a pocas horas de que se consume (y se consuma) el desaforado golpe que están asestando a la democracia española.

¿Quién ha declarado el estado de excepción en Cataluña?
El gobierno de la Generalitat y los diputados secesionistas de Junts pel Sí (ERC+CDC) y CUP pretenden realizar el próximo 1 de octubre un referéndum de autodeterminación contrario al ordenamiento constitucional de España y al Estatut de Cataluña. El golpe de estado arrancó el 6 de septiembre cuando los 72 diputados de esos dos grupos parlamentarios, violentando el reglamento de la Cámara, aprobaron en unas horas la llamada ‘ley del referéndum de autodeterminación’ mientras la mayoría de diputados constitucionalistas abandonaba el hemiciclo. Incumpliendo flagrantemente la Constitución e invadiendo competencias de otras instituciones del Estado, el Artículo 3.2 de «esta Ley establece un régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Prevalece jerárquicamente sobre todas las normas con las que pueda entrar en conflicto, en tanto que regula un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña». (Subrayados míos.)

Está claro que por mucho que Puigdemont acuse al Gobierno de España de cruzar imaginarias líneas rojas y pretenda deslegitimar al Estado calificándolo de vergüenza democrática, la realidad es que quienes han cruzado todas las líneas admisibles y se han convertido en una vergüenza democrática para la UE son Puigdemont y Junqueras, y el resto de consejeros del gobierno de la Generalitat y diputados que aprobaron una ley contraria al ordenamiento constitucional, una norma que cercena el ejercicio de derechos individuales y colectivos amparados por la Constitución de 1978 y el Estatut de Cataluña.

¿Quién defiende y quién ataca la democracia constitucional en Cataluña y en España?
La democracia en España la defienden aquellas instituciones y ciudadanos que aceptamos cumplir las reglas democráticamente aprobadas en los órganos competentes, así reconocidos en el ordenamiento constitucional y, en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el Estatut. Todas las actuaciones del Gobierno de España, Las Cortes, los Tribunales de Justicia y los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ajustadas escrupulosamente en tiempo y forma a las normas del Estado social y democrático de Derecho que es España, pretenden únicamente asegurar el libre ejercicio de nuestros derechos constitucionales y obligar a los poderes públicos en Cataluña a cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Por el contrario, las actuaciones del Gobierno de la Generalitat y los 72 diputados que lo sostienen en el Parlament de Cataluña, juntamente con las acciones tumultuarias y hasta violentas promovidas por la Assemblea Nacional de Cataluña, Omnium Cultural y la AMI, pretenden socavar nuestros derechos y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.

Basta con leer algunos artículos del propio Estaut de Cataluña para darse cuenta del disparate político y jurídico en que está incurriendo el gobierno de la Generalitat. El artículo 2.4 establece que «los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con lo que establecen este Estatuto y la Constitución«. El artículo 4.1 reconoce que «las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cuál la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y por el de multilateralidad». Por último, el articulo 4.2 establece que «Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión Europea su espacio político y geográfico de e incorpora los valores los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de ellos referencia«. (Subrayados míos.)

Resulta evidente que al aprobar el Parlament de Cataluña la «ley del referéndum de autodeterminación» que establece un régimen excepcional que prevalece sobre cualquier otra norma, el Gobierno de la Generalitat y los 72 diputados que la respaldaron en el Parlament han faltado a su obligación de comportarse con lealtad institucional y se han atribuido funciones que no les otorga ni el Estatut ni la Constitución. Además, todos ellos han incumplido su compromiso de respetar el espacio político y geográfico de referencia que, como el Estatut de Cataluña reconoce, lo conforman el Estado español y la Unión Europea.

¿Están legitimados Puigdemont, sus consejeros y los diputados secesionistas para seguir al frente del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña?

Al sobrepasar sus funciones constitucionales y estatutarias, el gobierno de la Generalitat y los 72 diputados que apoyaron las ‘leyes’ de desconexión han perdido la fuente de su legitimidad y se han convertido en usurpadores de los cargos que desempeñaban; o, si ustedes lo prefieren, han pasado de gobernantes y diputados legítimos a meros okupas. Como han manifestado notables juristas en los últimos días, los ciudadanos no tenemos obligación de cumplir las normas aprobadas en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre. Más incluso, Lapuerta, catedrático de Filosofía del Derecho de la UAM, justificaba que «ante un Gobierno o un Parlamento catalán desconectado… si unos cuantos miles de ciudadanos dejaran, por ejemplo, de pagar sus impuestos a un Gobierno como ese, esa no sería una conducta tan injusta e ilegal como pagarlos para sostenerlo y perpetuar su arbitrariedad». Esperemos que los ciudadanos no tengamos que llegar tan lejos para desalojar a los okupas de las Consejerías y el Parlament.

Los demócratas valoramos sobremanera la conquista histórica que supuso poner fin a la maldición de las dos Españas en 1978, y consideramos inaceptable que Puigdemont y sus consejeros, y Forcadell los diputados golpistas sigan desempeñando sus funciones, cobrando por ello sueldos astronómicos, y disfrutando de prebendas como el uso de coches oficiales para asistir a mítines por toda Cataluña para promover el ilegal referéndum. Por ello, los demócratas exigimos al Gobierno de España, a Las Cortes, a los Tribunales de Justicia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no permitan más ataques a la democracia, y sienten a los responsables ante los Tribunales de Justicia. La democracia nunca se ha consolidado negociando con sus enemigos declarados: Puigdemont, Junqueras y Forcadell han demostrado reiteradamente que lo son.

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
Universidad Autónoma de Barcelona
clementepolo.wordpress.com

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