El delito de los que nos engañan no está en el engaño, sino en que ya no nos dejan soñar que no nos engañarán nunca. Víctor Ruiz Iriarte
«O esta clase política es barrida, o España no tiene solución», ha dicho el historiador Pío Moa, refiriéndose a la actual situación política española.
En estos días, a diario nos llegan noticias de que los nacionalistas catalanes piden desaforadamente la libertad para los que ellos llaman presos políticos, cuando en realidad son políticos presos. Políticos que están presos, por haber conculcado la Ley. Y eso, los que tan ciegamente se manifiestan en defensa de los que en definitiva, presuntamente no son más que unos delincuentes, se niegan a reconocerlo, porque están subordinados ciegamente a una idea, lo que demuestra una profunda ignorancia que impide llegar a comprender, que el fanatismo toma los ensueños por la realidad.
Otros están ligados a estos movimientos por motivos espurios, sin importarles las consecuencias negativas que de sus acciones se puedan derivar para la sociedad.
Profundizando en el tema, no podemos ignorar que el nacionalismo catalán, desde sus orígenes, no fue más que una tapadera que ocultaba los inconfesables intereses que en la trastienda de esa falsa idea del opresor exterior, escondía la oligarquía catalana. Se les promete libertad y se les somete a sumisión y servidumbre. El que no participe de la concepción nacionalista impartida desde el poder, se le proscribe. Se habla de paz y se practica el odio a todo el que no participe del pensamiento único, de donde emerge la idea de los buenos y los malos, la división y el enfrentamiento. Piden diálogo para llegar al entendimiento y practican la imposición. Hablan de democracia e imponen su propia dictadura. Se presentan como víctimas cuando la justicia les aplica la ley, mientras ellos violan sus propias leyes. Se apropian de lo que no les pertenece, como los archivos de Salamanca o las 44 obras de arte del monasterio de Sijena, mientras dicen que España les roba.
Precisamente, si en algún lugar de España se coartan las libertades, se persiguen las ideas y prácticas democráticas, se empaña el cristal de la transparencia y se expolia a los españoles, empezando por los propios catalanes, ese lugar es Cataluña.
Se les prometió una independencia que habría de proporcionarles la arcadia feliz y han recibido el infierno del silencio impuesto en la sociedad y hasta la intimidad de las familias, el de la huida de miles de empresas, el del rechazo internacional y la recelo de los inversores.
En resumidas cuentas: multiplicación del paro y aparición de la pobreza en el horizonte.
En estas últimas semanas, con frecuencia he escuchado preguntar: ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación?
Se puede ser responsable de unos hechos, por acción o por omisión. Indiscutiblemente, los directamente causantes de la desastrosa situación que hoy se vive en Cataluña, son los nacionalistas separatistas, que son los que con su forma de proceder, la han promovido.
Pero ¿Dónde estaba el Estado cuando al amparo del poder imperaba libremente la práctica del 3% impuesta por los nacionalistas?
¿Dónde estaba el Estado cuando las autoridades catalanas vulneraban la Ley imponiendo la inmersión lingüística?
¿Dónde estaba el Estado cuando el Gobierno catalán gastaba millones de euros en sus «oficinas comerciales» en el extranjero, cuya misión real era difundir su proyecto secesionista a escala internacional?
¿Dónde estaba el Estado y los tribunales de Justicia, cuando las autoridades catalanas se negaban a cumplir las sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Supremo o el Constitucional?
En esos y otros muchos casos, el Estado, ni sabía ni contestaba. No es de extrañar por tanto, que si el Estado, durante casi cuatro décadas no ha comparecido en Cataluña, su espacio lo ocupara el separatismo, que ante la pasividad del primero, llegó a creerse impune.
Eso sí, el Estado se hacía presente cuando había que avalar la deuda catalana que al segundo semestre de este año alcanzaba ya la cifra de 76.727 millones de euros, más la que tiene contraída con la Administración General del Estado, que según el Banco de España, asciende a 52.499 millones de euros.
Sin estas transferencias efectuadas por el Ministerio de Hacienda, los servicios esenciales de Cataluña, se habrían colapsado.
La situación financiera de Cataluña es tan catastrófica, que le impide acceder directamente a los mercados de financiación porque los inversores la consideran insolvente, y por tanto, no confían en su capacidad para afrontar los pagos. De hecho, las tres principales agencias de rating, Moody´s, S&P y Fitch, han situado su deuda en el nivel del conocido Bono basura. De no haber sido por los fondos proporcionados por el Estado, se hubieran tenido que paralizar los servicios esenciales de la Comunidad.
¡Ah! Pero España les roba.
Y es que cuando el fanatismo ha corrompido el sentir de una sociedad, hasta el extremo de que esta sea capaz de utilizar en una huelga política a sus propios hijos como escudos humanos, la enfermedad es casi incurable.
Por cierto, cuidémonos mucho de propinar un cachete por una falta cometida, a ninguno de nuestros hijos, porque la Justicia podría retirarnos su custodia, impedir acercarnos a ellos e incluso condenarnos a ingresar en prisión.
Sin embargo, esa misma Justicia que por la corrección de la insubordinación de un hijo, con tanto rigor condena a unos padres, ante delitos de incalculable mayor gravedad, como es la sedición, rebeldía y malversación, declarando unilateralmente la independencia, acepta que quien ha protagonizado esos hechos, manifieste que fue una acción meramente simbólica, pero que acepta la legalidad constitucional. Y el juez, existiendo el antecedente de Puigdemont y los cuatro ex consejeros que le acompañan, se fía de la palabra de la encausada y considera que no hay riesgo de fuga, por lo que solo le impone una fianza de 150.000 Euros, que tardó tan solo unas horas en depositar.
Me pregunto yo, si al tomar el magistrado dicha decisión, habrá considerado que esa «simbólica» declaración unilateral de independencia, que con advertencia de ilegalidad de los letrados del parlamento catalán, la imputada permitió que se tramitara, debatiera, votara y proclamara, ha producido en todo el país una alarma social sin precedentes y unos daños económicos para Cataluña y para España, incalculables.
Si tras toda esta cadena de desatinos sin sentido, el Gobierno aplica un 155 de guante blanco, permitiendo que se hagan huelgas políticas con la pasividad de los mozos de escuadra mandados ahora por el ministro del interior, la inaceptable campaña TV3 y Cataluña Radio, de permanente propaganda en contra del Gobierno de la Nación y a favor de los golpistas y la causa separatista, y negando el adoctrinamiento en las escuelas -en mi opinión, proceder auténticamente canallesco-, esa es la señal más palpable de que los partidos llamados constitucionalistas, en absoluto tienen la intención de solucionar el problema, y de que solo pretenden asegurar las condiciones en las que se puedan celebrar una elecciones.
Una vez celebradas las mismas, que tampoco observo el menor interés en ganarlas por parte del bloque constitucional, dejar que vuelvan a gobernar los mismos que gobernaban anteriormente y consensuar una reforma constitucional con la que Cataluña «se encuentre cómoda», consagre los privilegios a los que aspira y acentúe las desigualdades entre los distintos territorios de España, estableciendo definitivamente españoles de primera y de segunda.
Hace 39 años que se construyó la tramoya de este artificio, en el que los autores moverían los hilos y los españoles comenzaríamos a ser las marionetas de una farsa grotesca destinados a representar en el podrido escenario de la política.