LA delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se mostró este 22 de septiembre de 2018 partidaria de indultar a los golpistas si estos son condenados (El Gobierno Sánchez ya pide que queden impunes y en libertad los golpistas catalanes).
La gravedad de las declaraciones de la representante en Cataluña del Ejecutivo socialista pone de manifiesto el irresponsable comportamiento del gabinete y da pistas fiables de lo que podían ser los planes de Sánchez para «arreglar» la crisis abierta por los independentistas a cuenta de la unidad de España, que se alza como la agresión más grave al Estado de Derecho desde el 23-F ( El xenófobo Torra le mea encima y Pedro Sánchez insiste en que sólo llueve).
Para rematar el despropósito y en consonancia con la línea pastueña y consentidora del Gobierno para con los secesionistas, Cunillera criticó los correos personales intercambiados entre jueces en los que vierten opiniones sobre el movimiento secesionista, siempre desde el ámbito privado y como ciudadanos libres que son (Teresa Cunillera, delegada del Gobierno Sánchez en Cataluña, partidaria del indulto a los golpistas presos).
Para qué juzgar, pues, a los golpistas si el Gobierno ya mastica la conveniencia de medidas de gracia (Estas son las palabras que TVE ha censurado a Casado cuando criticaba el indulto a los golpistas propuesto por Cunillera).
¿Qué mejor mensaje para que los actuales dirigentes independentistas vuelvan a intentar otra asonada como la culminada por el prófugo Puigdemont y el resto de los procesados en la causa?
Claro que qué se puede esperar de Cunillera si la propia vicepresidenta Carmen Calvo consideró irrelevantes las amenazas de Torra cuando este confesó en público que piensan «atacar al Estado».
Si Sánchez sigue en La Moncloa para cuando se sustancie el proceso abierto en el Tribunal Supremo, los españoles han de saber que puede abrirse una fase de impunidad posjudicial para todo aquel que intente la destrucción de la unidad de España que consagra la Constitución.
Cundirá entonces el ejemplo porque el Gobierno socialista trasladará el mensaje de que dar un golpe en España sale barato y que el Estado y la democracia pueden rendirse ante los golpistas.
